Por medio de una carta, la senadora Victoria Sandino Simanca Herrera, y el congresista Israel Zúñiga Iriarte, quien tenía el alias de Benkos Biohó, y hoy en día pertenecen al partido Comunes, dijeron que la extinta guerrilla de las FARC fue una organización rebelde y no un “aparato criminal”.
“Las FARC-EP fueron una organización rebelde, lo que la llevó a ser contraparte de un Acuerdo Especial con el Estado colombiano y otros sujetos de derecho internacional. No fue un aparato criminal. Una organización de este tipo no podría haber alcanzado jamás este reconocimiento formal”, se indicó en la misiva.
Por tanto, los senadores indicaron que las calificaciones y categorías jurídicas empleadas frente a los hechos del conflicto atribuidos deben, según ellos, corresponder con esta realidad, reconociendo el delito político y su más amplia conexidad, como está dispuesto –aclaran– en el acuerdo final y en el Acto Legislativo 01 de 2017.
“De igual forma, el marco de referencia del DIH, DIDH y el derecho penal internacional que el Acuerdo de Paz dio el mandato a la JEP, incluye la aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. El Acuerdo de Paz de Colombia y su modelo de justicia especial son un referente tanto a nivel internacional como para la conquista de la paz completa en nuestro país. Un retroceso en el reconocimiento del carácter del conflicto armado, del derecho a la rebelión, el delito político o la aplicación de los estándares jurídicos internacionales, sería un mal antecedente en las necesarias garantías de no repetición y la búsqueda de salidas incruentas a otras confrontaciones armadas en el país y el mundo”, se agregó.
Al inicio de la carta recalcaron que la construcción de una paz estable y duradera contemplada en el acuerdo de La Habana solo puede partir de la comprensión de la realidad del conflicto social armado que ha sufrido Colombia durante muchos años y que “las causalidades sociales de la confrontación y el carácter político de las fuerzas en contienda fueron hechos reconocidos por las partes firmantes, sirviendo de marco para la construcción de la agenda de conversaciones y de los contenidos mismos de lo firmado”.
Además, resaltaron que el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, era un aporte invaluable en este sentido, que no puede seguir siendo, según ellos, desconocido.
“El levantamiento en armas de las diferentes guerrillas –así como nuestra vinculación a las filas de las antiguas FARC-EP– corresponde a una decisión política contemplada dentro del derecho a la rebelión consagrado en el Preámbulo Declaración Universal de los DD. HH. de la ONU (1948) y enmarcada en la categoría del delito político. Por lo tanto, nuestro actuar fue dirigido siempre a construir soluciones sociales que permitieran ejercer nuestro derecho revolucionario al servicio de la comunidades. No pretendemos desconocer hechos que en el marco del conflicto generaron repudio por parte de la población, pero sí que se reconozca la naturaleza propia de la insurgencia de la armada de las FARC-EP, del conflicto colombiano y el espíritu del Acuerdo de Paz”, afirmaron los congresistas del partido Comunes.
A su vez, afirmaron que la guerra nunca fue la primera opción de las FARC y que se vieron obligados a ser parte de ella por la supuesta ausencia de reformas sociales y garantías democráticas que, en parte, quedaron en el Acuerdo de Paz firmado con el expresidente Juan Manuel Santos, pero que “siguen sin materializarse en medio del desinterés cómplice del actual Gobierno”.
“Lamentamos el dolor sufrido por todo el pueblo colombiano durante esta larga confrontación. Estamos plenamente comprometidos con el reconocimiento y reparación integral de las víctimas y todas las personas afectadas en el contexto del conflicto armado”, aseveraron.
Por último, hicieron un llamado a la II Misión de la ONU, a los firmantes del Acuerdo de Paz, a los países garantes Cuba y Noruega, “a los notables internacionales del Acuerdo Final, José Mújica y Felipe González, a que aunemos esfuerzos para que los desarrollos del SIVJRNR correspondan al espíritu de lo firmado y contribuyan efectivamente al resarcimiento de los daños causados por la guerra a nuestro pueblo.