Durante una teleconferencia que hizo con algunos empleados de la Registraduría de Cundinamarca, el funcionario público John Jairo Hernández aseguró que para mantener su cargo en la institución había que cumplir unos requisitos, entre ellos, tener amistades políticas.

“Saben que vamos hasta el 31 de marzo, pero puede haber una prórroga dependiendo de cuatro factores. El primero, el desempeño laboral; el segundo, cuánto lo necesite la entidad; el tercero, su amistad o conexión política, y el cuarto y el más importante, el dinero [...] porque puede ser muy bueno, que me trajo el senador tal”, y ahí se corta el video del director de talento humano que se ha viralizado en redes sociales y no ha caído bien entre la opinión pública.

Al filtrarse el video comenzaron a llegar notificaciones a medios de comunicación por parte de la Registraduría y al parecer Hernández será suspendido de su cargo, mientras investigan la situación presentada y así tomar las medidas necesarias a futuro.

A esta nueva polémica que envuelve al ente encargado del conteo de votos en las próximas elecciones legislativas y presidenciales, se le suma otra y es la denuncia de la procuradora Margarita Cabello, quien como presidenta de la Comisión Nacional de Control Electoral advirtió sobre la inscripción inusitada de cédulas en algunos municipios de los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Guainía, Nariño, Santander y Vichada.

La jefe del Ministerio Público alertó sobre la situación y precisó que son las autoridades electorales las encargadas de verificar las circunstancias que se presentan en cada una de las localidades, así como de garantizar el cumplimiento del artículo 316 de la Constitución, relacionado con la actualización de la residencia electoral de los votantes.

“Si bien esta norma no tendría plena aplicación en el proceso electoral actual, en cuanto se trata de inscripciones para las elecciones al Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República, las inscripciones realizadas para estos comicios podrían incidir sobre las votaciones de autoridades y corporaciones locales a realizarse en el año 2023″, advirtió la procuradora.

En este caso puntual, la Unidad de Vigilancia de Control Electoral evidenció un incremento en la inscripción de cédulas por encima del 100 % en siete municipios diferentes a las capitales de departamento y a los que integran las áreas metropolitanas, a saber: Nariño (Nariño) con 317 %; Cumaribo (Vichada) con 266 %; Toribío y Jambaló (Cauca) con 186 y 154 %, respectivamente; Barrancominas (Guainía) con 160 %; Puerto Nariño (Amazonas) con 117 % y Arenal (Bolívar) con 106 %.

Igualmente, otros siete municipios presentaron un aumento por encima del 50 % en relación con las elecciones de autoridades locales del año 2019. Se trata de: La Tola (Nariño), Simití (Bolívar), Briceño (Antioquia), Cumbal (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Concepción (Santander) y Páez–Belalcázar (Cauca).

La Procuraduría también encontró que en 1.038 municipios la inscripción de cédulas fue menor a la presentada para la contienda electoral de 2019. La jefe del Ministerio Público reiteró que la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su función preventiva y de intervención, continuará ejerciendo un minucioso seguimiento al desarrollo de las diferentes actividades y etapas propias de los procesos electorales de 2022, buscando garantizar la transparencia y la democracia en el país.