Las autoridades tiene en su poder más de 300 pruebas que comprueban y evidencian la participación de la Policía en el asesinato de los jóvenes Carlos Ibáñez, Jesús David y José Carlos Arévalo, perpetrado el pasado 25 de julio en el corregimiento de Chochó, Sucre.

Entre el material probatorio es clave la confesión de un patrullero, quien confirmó el actuar de la institución. De acuerdo con las declaraciones, registradas en videos, el entonces comandante operativo de la Policía en Sucre, el teniente coronel Benjamín Núñez, fue quien presuntamente les disparó a las víctimas en medio de un trayecto hacia la clínica María Reina en Sincelejo.

El testimonio relata que luego de ser agredidos física y verbalmente, en un cordón de seguridad que se instaló en la intersección de la troncal de oriente (vía Chochó-Sincelejo), los muchachos fueron embarcados en un vehículo con platón, es decir, los que en su parte posterior tiene una zona de carga al descubierto donde sientan a los capturados.

En la camioneta se encontraban el teniente coronel Benjamín Darío Núñez, la subteniente Camila Biriticá Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.

“Cuando íbamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido (Jesús David Díaz). Al momento quedamos atónitos, no sabíamos qué hacer ni qué decir. Él cogió y les dio otros dos tiros a los otros dos que estaban ahí. Y nosotros, sin decir nada en el momento, y callados, con miedo por alguna represalia del mando, de pronto de cualquiera, ya que somos los más nuevos”, relató un uniformado.

La historia clínica de las víctimas registra que Carlos Ibáñez tuvo lesiones en el tórax, que Jesús David recibió impactos de bala en muslo, rodilla y tabique, y que José Carlos, con lesiones en la región occipital, también recibió tiros en el tórax.

Los tres llegaron sin vida a la clínica María Reina en Sincelejo y por más de media hora tuvieron los cadáveres en reserva. “Yo llegué a la clínica y pregunté por mi hermano. El vigilante me dice que no es posible porque está bajo custodia policial”, contó Yésica Paola Sierra, hermana de Jesús.

Incluso, el senador del Pacto Histórico Alex Flórez Hernández reveló imágenes del momento exacto en el que los uniformados entregan a los jóvenes en un centro asistencial.

“Perdonen la crueldad de estas imágenes. Pero son necesarias para que el país conozca la gravedad de los hechos ocurridos en Sucre. De esta manera criminal y mafiosa, los asesinos entregaron a los 3 jóvenes colombianos que fueron masacrados vilmente”, afirmó el senador.

Los jóvenes fueron señalados de haber asesinado al patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, de 25 años, en el municipio de Sampués. Ruiz fue víctima del plan pistola de la organización Clan del Golfo, así como de 38 policías más en todo el país, hecho que fue rechazado tajantemente por el congresista.

Producto del asesinato del patrullero Ruiz “se desplegó un plan candado en el municipio de Sincelejo, corregimiento de Chochó, en el que la Policía cercó el área circundante a los hechos para tratar de contener a los asesinos”, indicó el senador Flórez.

Para ese entonces, la noticia se convirtió en el foco de atención de la opinión pública. SEMANA logró establecer que un alto funcionario de la Policía de Sucre fue el encargado de orientar el informe que inicialmente se dio a conocer. Presuntamente, el plan era reconstruir lo sucedido como si se tratara de un enfrentamiento entre presuntos miembros del Clan del Golfo y las autoridades.

Así las cosas, en ese momento, el comunicado de la institución explicó que integrantes de la Policía adelantaban actividades de control en una panadería cuando fueron abordados por sujetos en motocicleta. De manera inmediata se presenta un cruce de disparos que finalmente cobró la vida del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón y la de los tres jóvenes en mención. “Ante el ataque a los uniformados, hubo una rápida reacción policial que permitió la activación del plan candado, logrando interceptar a los presuntos delincuentes a la altura del sector conocido como La Garita y Chochó”, se lee en el comunicado.

Las declaraciones, que fueron replicadas por el entonces comandante de la Policía departamental, el coronel Carlos Andrés Correa, fueron rechazadas por los familiares de las víctimas y por la comunidad. La población mostró su indignación y se organizaron manifestaciones para exigir justicia.

El 2 de agosto se empezaron a conocer los primeros resultados. Ese día se anunció que fueron suspendidos ocho uniformados: el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Biriticá Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.

Las investigaciones escalaron de nivel y fueron asumidas por las entidades en Bogotá. Dos días después, el jueves 4 de agosto, la Dirección General de la Policía Nacional ordenó el relevo inmediato del coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, hasta ese momento comandante de la seccional Sucre. Todo parece indicar que el alto oficial fue engañado y solo difundió la versión entregada por sus subalternos.