En una acción articulada entre la Fiscalía y la Dijin de la Policía se logró ocupar con fines de extinción de dominio más de 39 bienes que estaban a nombre de familiares de los cabecillas de la organización delincuencial Robledo, que tendría injerencia en las comunas 7 y 13 de Medellín,

De acuerdo con Lina Patricia Donado, directora especializada de extinción de derecho de dominio de la Fiscalía, en la acción se logró incautar cinco inmuebles rurales, ocho urbanos, 17 vehículos particulares, dos sociedades y siete establecimiento de comercio ubicados en los municipios de San Jerónimo, Santo Domingo, Sabaneta, Santuario y en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia.

Los bienes, de acuerdo con Donado, están avaluados en más de 200.000 millones de pesos provenientes de extorsiones, desplazamientos forzados, secuestros, homicidios múltiples y otros delitos.

“En cuanto a los establecimientos de comercio, llama especial atención uno de ellos usado para monopolizar la venta de cilindros de gas propano en varios municipios de Antioquia, lo que estaría afectando la economía de los usuarios finales”, explicó.

De hecho, hay indicios de que se habrían establecido supuestas presiones o alianzas estratégicas con distribuidoras del producto para manipular el costo del gas para afectar a la sociedad civil.

De acuerdo con Donado. la dirección especializada de extinción del derecho de dominio impuso medidas cautelares sobre el poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de todos los bienes del grupo delincuencial, los cuales quedaron en manos de la sociedad de activos especiales para su administración.

Además, la Fiscalía informó que el material incautado permitió establecer que las propiedades estarían a nombre de John Fredy Pabón González, alias Toño, quien sería el máximo cabecilla del grupo de Delincuencia organizado GDO Robledo y Germán Augusto Ramírez, alias Mancho, supuesto jefe financiero de la organización ilegales.

Bienes de Pedro Ojeras

La Fiscalía General de la Nación anunció que a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 770 bienes que pertenecerían al extraditado Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas y varios de sus familiares más cercanos.

De acuerdo con la Fiscalía, las propiedades están representadas en 163 inmuebles, 12 vehículos, dos títulos mineros, cinco sociedades, 565 bovinos y 23 equinos, cuyo valor superaría el billón de pesos.

“Las labores investigativas evidenciaron que los bienes identificados habrían sido adquiridos por el clan Rincón con dineros producto del procesamiento de clorhidrato de cocaína en laboratorios clandestinos en Boyacá y su envío a Estados Unidos y Europa entre 2002 y 2015″, señaló la Fiscalía.

Es de recordar que alias Pedro Orejas fue capturado en 2017, en cumplimiento de un requerimiento de una corte del Distrito Sur de la Florida. La extradición se hizo efectiva en agosto de 2018 y, recientemente, fue condenado a 19 años y medio de prisión por cargos relacionados con narcotráfico.

“La Fiscalía y la Dijin de la Policía Nacional ocuparon las propiedades en diligencias realizadas de manera articulada en Chiquinquirá, Moniquirá, Simijaca, San Miguel de Sema, Otanche, San Pablo de Borbur, Maripi y Pauna (Boyacá); Paratebueno, Medina y Ricaurte (Cundinamarca); y Bogotá”, agregó el ente acusador.

Por último se indicó que los bienes intervenido quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

Por otra parte, La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que administra bienes en proceso de extinción de dominio, subastó este miércoles primero de septiembre la Sociedad de Comercialización Internacional Recyclables S. A. S. - (C. I. Recyclables), compañía de la costa Atlántica del sector de aprovechamiento de materiales reciclables, por $11.000 millones.

“La subasta al alza de C. I. Recyclables se realizó el día de hoy dirigida por Esfinanzas S. A., el estructurador del proceso de comercialización. SAE y el estructurador realizaron la verificación sustanciosa de los antecedentes y capacidad financiera de los interesados en el proceso, el cual les permitió previo acceso a un cuarto de datos donde se depositó toda la información necesaria para que pudieran adelantar un ejercicio de debida diligencia previo y necesario para la presentación de ofertas”, informó la SAE.

La entidad explicó que en la subasta contó con diez interesados, los cuales siguieron los pasos para el ingreso al cuarto de datos y cuatro de ellos acreditaron los documentos, “así como las garantías de seriedad de oferta necesarias para participar en la subasta”. En lo que se refiere al valor del precio mínimo de venta, la SAE explicó que fue determinado partiendo del resultado de “una valoración realizada por la banca de inversión contratada por la Sociedad de Activos Especiales S. A. S. y aprobado en el Comité Técnico interno de la entidad”.

La SAE destacó que los recursos generados por la comercialización de esta empresa “serán reinvertidos en la lucha contra el crimen organizado, el fortalecimiento de la justicia y la inversión social en Colombia, de acuerdo con lo que dicta la ley”.