José Gustavo Arcila Rivera alcanzó a ver llegar a los sicarios que poco después acabaron con su vida. A las 6 de la tarde de este domingo aún no terminaba la jornada de trabajo prevista para ese día y no quería irse sin terminar los pendientes. Cinco minutos antes de esa hora, José los vio desde la empinada parcela: cuatro hombres bajaron de una camioneta 4x4 y tomaron rumbo a su casa. Él siguió trabajando, los perdió de vista hasta que aparecieron a menos de dos pies de distancia y le dispararon.  Los tiros se escucharon en buena parte de la vereda La Cominera del corregimiento El Jagual, Corinto, allí en el norte del Cauca. La noticia viajó con rapidez: "¡Mataron a José Arcila!". José, de 53 años, era el representante del gremio agrario y miembro de la guardia campesina. 

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), a la que pertenecía José, dijo que los hechos violentos contra sus miembros son reiterativos. Y más en este periodo de aislamiento social.  Corinto, junto con Miranda y Caloto, forman el triángulo de la marihuana. En sus montañas se siembra y se produce marihuana tipo ‘creepy‘ de exportación. La columna disidente Dagoberto Ramos controla esta zona desde el año 2015, cuando las Farc dejaron las armas y se concentró en las zonas veredales.  Los disidentes recibieron el apoyo de narcotraficantes particulares para perpetuar el negocio de la droga. Su brazo armado creció rápidamente y la sevicia se multiplicó. Sin ninguna ideología política ni social, el comportamiento de este grupo es parecido al de cualquier banda criminal. 

Desde 2016 hasta la fecha han asesinado a 230 líderes sociales y 59 dirigentes campesinos. José fue el último. A esa ola de violencia se suman los continuos ataques contra las comunidades indígenas. En el norte del Cauca apuntan y disparan contra todo aquel que ejerza un papel de liderazgo o control territorial. No hay dialogos, solo balas por montón.  Veinticuatro horas antes del asesinato de José, en Miranda, muy cerca de Corinto, hombres armados secuestraron al comunero indígena Luis Fabián Ipia Quiguanás en el sector Pan de Azúcar. Tres horas después fue encontrado el cuerpo en la vereda La Unión maltratado y baleado. Dos jóvenes más fueron asesinados y tirados en la carretera en la vereda La Palma, de ese mismo municipio. A las disidencias y grupos narcotraficantes de la zona les resultan incómodas las voces contrarias a su accionar criminal. Un líder social de la zona le contó a SEMANA que hay ciertos temas que están vetados, como la construcción de proyectos productivos, sustitución voluntaria de cultivos y controles de la guardia indígena para evitar que foráneos ingresen a sus territorios. 

"Básicamente por eso ha crecido la matanza contra líderes en esta zona. La gente está cansada de tanta violencia y quiere buscar otros caminos, que solo se logran sacando la droga de los territorios u ocupando a los campesinos en otros proyectos igual de rentables. Pero apenas se enteran desde la montaña que fulanito está sembrando tal producto y le está dando trabajo a la comunidad, vienen y lo matan. Ahí muere todo", dice un líder social que prefiere ocultar su identidad por temor a represalias.  La violencia también toca el sur... Mientras en la zona norte del departamento las autoridades registraban el asesinato de José, en el municipio de Sucre, a William de Jesús Díaz Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quitelo, le disparaban en frente de su pequeña hija y esposa.  Los tres estaban viendo televisión. Tenían la puerta abierta para recibir la brisa de las cinco de la tarde. Dos hombres les dispararon desde un barranco. La idea era matarlos a todos, pero las dos mujeres alcanzaron a tirarse al suelo y William les cayó encima para protegerlas. Las balas entraron a su cuerpo por la espalda.  Aun así, alcanzaron a correr hasta la casa de sus vecinos, quienes los asistieron. William, defensor de derechos humanos y presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Sucre, murió en los brazos de su hija y esposa. En total, este fin de semana violento dejó dos líderes sociales, un comunero indígena y cuatro personas más asesinadas.