El asesinato de Karina García Sierra, candidata liberal a la Alcaldía de Suárez (Cauca), conmocionó al país hace unas semanas. No solo por la sevicia, sino porque su muerte terminó rompiendo con la esperanza de realizar unas elecciones locales sin violencia, tal y como sucedió en 2015. La frustración frente a esa expectativa se selló del todo días después, cuando también murieron asesinados el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo (Antioquia), Orley García, y el conservador Bernardo Betancourt, aspirante a la Alcaldía de Tibú. Ninguna de esas tres muertes entra en la categoría de ‘hecho aislado’, pues tras 300 días transcurridos del calendario electoral, en promedio cada tres días asesinan un líder político, social o comunal. Esos tres ejemplos evidencian una situación dramática. La Misión de Observación Electoral (MOE) le ha hecho seguimiento a los hechos de violencia política desde octubre de 2018, cuando se inició la inscripción de cédulas hasta el pasado 27 de julio, al cerrarse la inscripción de candidaturas. Encontró que en ese lapso hubo 43 precandidatos víctimas de violencia, nueve de ellos asesinados.
Según las cifras oficiales, la violencia política no discrimina por partido. En el estudio recientemente publicado por la Fundación Pares, los políticos opositores ponen el 29 por ciento de las víctimas. Les siguen con el 26 por ciento los líderes de partidos gobiernistas, con el 18 por ciento los miembros de partidos independientes y el 27 por ciento no tienen una identidad partidista clara, pues pertenecen a coaliciones o se presentaron por firmas. Después del 27 de julio, con las campañas en firme, la situación continuó agravándose. Desde entonces, en menos de dos meses, 54 candidatos han sido víctimas de violencia política, 37 a alcaldías, 14 a concejos, dos a gobernaciones y uno a la asamblea. Por si fuera poco, 40 han recibido amenazas, cinco han sufrido atentados y dos han sido secuestrados: un candidato a la Alcaldía de Alto Baudó (Chocó) y otro de Potosí (Nariño). Murieron asesinados cuatro candidatos al concejo y tres candidatos a la alcaldía: en Versalles (Valle del Cauca), Betania (Antioquia), San Jacinto del Cauca (Bolívar) y Suárez (Cauca) de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, de La U y Liberal, respectivamente. En total, al sumar los casos de Karina García, Orley García y Bernardo Betancourt, a mes y medio de las votaciones ya hay más candidatos asesinados que los cinco que hubo en 2015. En ese año, el registrador de entonces, Carlos Ariel Sánchez, reconoció que habían tenido lugar las elecciones locales más pacíficas desde 1985. “Tampoco se puede decir que sean las elecciones más violentas”, asegura Alejandra Barrios, directora de la MOE, “solo que se rompieron las expectativas de avanzar en unas elecciones donde los niveles de violencia disminuyeran”.
Fuente: Observatorio de Violencia Política y Social MOE En el Estado, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre la gravedad del problema. De hecho, el mes pasado la segunda emitió una ‘alerta electoral’ con los municipios en riesgo de sufrir el flagelo de la violencia política. Según la entidad hay 402 municipios en riesgo, de los cuales 176 están en riesgo alto y 78 en riesgo extremo. Los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar tienen el mayor número de municipios en riesgo extremo. Esta ola de violencia llevó al Gobierno a reaccionar a comienzos de la semana pasada. En rueda de prensa sobre el tema, el presidente Iván Duque planteó la urgencia de tomar medidas para hacerle frente a la situación. En concreto, le dio 72 horas a la Unidad Nacional de Protección para quedar “al día” con las solicitudes de escoltas, carros blindados y otros mecanismos de protección hechas por 565 candidatos en el país. Actualmente, según esa entidad, ya 1.140 tienen medidas de protección.
Sin embargo, esa es una medida difícil de cumplir. Pablo Elías González, el propio director de la entidad, dependiente del Ministerio del Interior, había expresado días antes ante el Congreso que tenía muchas limitaciones presupuestales para establecer nuevos esquemas de protección y que la unidad “no tiene más carros blindados”.
la violencia volvió a poner en jaque el proceso electoral y que, en esta campaña, el país no aguanta un muerto más. ¿Qué está pasando? Al igual que sucedía antes de 2015, en la coyuntura actual no hay una sola causa de violencia. En época electoral, antes de ese año, solían aumentar los casos de secuestro, asesinatos y amenazas a candidatos. Y con causas relativamente similares: confrontación entre actores armados por el control político regional, la contratación local y el control de las economías ilegales. ¿Por qué entonces se frustró la esperanza de acabar con la violencia política, la cual se gestó en las elecciones locales y regionales de hace cuatro años? Expertos, académicos y políticos consideran varias razones de distinto tipo. Algunas tienen que ver con la naturaleza de la guerra y el conflicto armado colombiano. Otras, con dinámicas del entorno global y fronterizo. Y un tercer grupo, con la esencia de las reglas de juego informales que han ido afianzándose en la política colombiana. En cuanto a las que tienen que ver con las mutaciones del conflicto, la firma del acuerdo de paz con las Farc, marca la principal diferencia entre 2015 y 2019. Este acuerdo ha sido fundamental para disminuir homicidios y mejorar los indicadores de violencia. Pero paradójicamente y no como consecuencia del mismo, después de suscrito la violencia política se ha reciclado en nuevas confrontaciones.
En 2015 las Farc, entonces todavía un grupo guerrillero, se encontraban concentradas en ‘zonas veredales y campamentarias’ a la espera de la firma del acuerdo de paz. La estructura de mando de esa organización era jerárquica, y no se contemplaba la posibilidad de que grupos disidentes no se montaran al bus del acuerdo o que, después de firmado, no se sometieran a él. Casi al mismo tiempo en que se concentraban las Farc, en 2015, comenzó en Ecuador la fase exploratoria para construir una agenda de diálogo entre el Gobierno colombiano y el ELN, que se concretó un año después. Si bien se trató de otro intento de diálogo fallido con el ELN, mientras hubo perspectivas de negociar, este grupo redujo la intensidad de sus ataques. Esos dos factores incidieron en que, en 2015, la violencia electoral relacionada con el conflicto disminuyera. Pero desde 2017 comenzaron a tomar fuerza otros aspectos que reversaron esa tendencia e hicieron que en 2019 ese flagelo volviera a tomar impulso. El principal de ellos tiene que ver con la disputa entre grupos armados –ELN, EPL, bacrim y neoparamilitares– por el control en los territorios antiguamente dominados por las Farc. Los violentólogos coinciden en afirmar que, como era previsible, el Estado tardó mucho en llegar a los lugares dominados por la guerrilla marxista antes de la firma del acuerdo. Y eso dio lugar a un vacío de poder que otros actores aprovecharon. “En el contexto de ese vacío de poder, puede decirse que, de alguna manera, estamos volviendo a escenarios antiguos del conflicto armado, en los que varios grupos se pelean por las rentas ilegales de territorios como el sur de Córdoba, Catatumbo o el norte del Cauca. Y como consecuencia, ese conflicto repercute en la campaña electoral”, anota la directora de la MOE. Los actores ilegales que se toman esos espacios son de diferente orden pero comparten varias características: se alimentan del narcotráfico, y más que una estructura de mando centralizada, operan federados pero de manera aislada en el ámbito local. Por eso sus efectos se sienten más en las elecciones regionales que en las legislativas. Eso ocurre con las disidencias que no entraron al acuerdo de las Farc, con varios frentes del ELN, con el EPL –que además inició una etapa de expansión– y con las bacrim. Y además con las organizaciones neoparamilitares que, además del narcotráfico, existen para hacerle oposición armada a las acciones de restitución de tierras y de exterminio de excombatientes, entre otras.
Por ahora no parece haber salidas claras para lograr que Colombia vuelva a tener la esperanza de disminuir los indicadores de violencia política. Otros expertos insisten, también, en que el gobierno de Iván Duque dio señales ambiguas frente a ejes centrales del acuerdo, como la justicia transicional. Y dicen que eso llevó a excombatientes de las Farc de rango medio, altamente ideologizados, a desertar y a volver a entrar en las dinámicas de la violencia, incluida la política. “La insistencia en las objeciones a la JEP envió el mensaje de un Gobierno poco comprometido con el acuerdo. Ha habido problemas para manejar una transición que requería un manejo con pinzas”, anota la periodista María Teresa Ronderos, quien durante años ha investigado el tema del ‘reciclaje’ de las violencias. Según la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc están en 123 municipios donde hay un alto riesgo de violencia política, los neoparamilitares están en 114, el EPL en 16, el ELN en 148 y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en 213.
Después de anunciar que el Ejército dio de baja al asesino de Karina García, el presidente Duque dio 72 horas a la UNP para proteger a todos los candidatos que la requieran. A todo lo anterior se suma la complejidad de otros factores que dependen del entorno. Para comenzar, está la realidad de lo que sucede en Venezuela. “La ruptura total de relaciones creó las condiciones para que ese país se volviera un santuario de distintos grupos”, anota el investigador Francisco Gutiérrez. Así quedó en evidencia hace menos de un mes, cuando Iván Márquez, Jesús Santrich y otros que le incumplieron al acuerdo de paz anunciaron su decisión de volver a las armas. En todo el territorio venezolano hay campamentos del ELN, del EPL y de las disidencias de las Farc. Como reveló SEMANA, estos grupos no solo se preparan militarmente, sino que entrenan a las milicias y a los llamados colectivos en tácticas y estrategias de guerra. La libertad de actuación que les permite el régimen de Nicolás Maduro les facilita llenar sus arcas con millones de dólares, provenientes de actividades que van desde el narcotráfico hasta la explotación ilegal de minerales, pasando por el cobro de cuotas por extorsiones y secuestros. Si bien no es clara aún la relación entre los grupos que se encuentran en Venezuela y la violencia política, evidentemente la perspectiva de un ‘refugio seguro’ alimenta la posibilidad de tener redes ilegales en Colombia.
El caldo de cultivo de la violencia política se ve enriquecido por el nuevo aire que ha tomado el narcotráfico. Este negocio, a pesar de la disminución en mil hectáreas cultivadas con coca entre 2017 y 2018, es cada vez más rentable. En 2015 el kilo de coca en regiones productoras se vendía a 1.500 dólares que equivalían a 3.800.000 pesos. Hoy esa misma suma equivale a casi 5 millones de pesos. El mismo aumento en la rentabilidad sucedió con el contrabando y con la minería ilegal. De ahí que cualquier candidato que incorpore en su discurso la lucha contra las mafias resulte hoy más incómodo para estas.
Fuente: Elaboración PARES Finalmente, entre los motivos por los que se rompió la tendencia descendente de la violencia política hay varios de origen político y electoral. El primero de ellos tiene que ver con el alto costo de las campañas a corporaciones públicas. En el caso de concejos y asambleas, la opción del voto preferente ha encarecido la competencia. A eso se suma que financiar legalmente las campañas resulta cada vez más difícil pues, según los políticos, el escándalo de Odebrecht atemorizó a empresarios legales. Muchos de los que antes les daban plata a los políticos, ahora no quieren donar ni una camiseta. Una campaña en Colombia es muy costosa, pero para ciertos políticos profesionales obtener una gobernación o una alcaldía puede resultar altamente rentable. La obsesión por controlar las rentas territoriales y la contratación hace que la violencia se convierta en muchos casos en el mecanismo para llegar a gobernar a manera de negocio. “En estas elecciones se está abriendo un conflicto por el poder local asociado a la necesidad de tener controles territoriales a los mercados ilícitos. Uno de los más rentables es la corrupción local”, señala el académico Alejandro Reyes. Algunos congresistas proponen, por ejemplo, nombrar alcaldes militares en municipios en riesgo. Con él coincide Ariel Ávila, subdirector de Pares, para quien a las razones anteriores hay que sumar que el acuerdo implicó una apertura democrática en la que las antiguas Farc entraron en la escena con su propio partido y la izquierda empoderó sus banderas; “La violencia es hoy una forma de competencia política”. Atizan esta competencia la radicalización, la pérdida de ideologías, las noticias falsas y la estigmatización. Por ahora no parece haber salidas claras para lograr que Colombia vuelva a tener la esperanza de disminuir los indicadores de violencia política, como hace cuatro años. El presidente ha situado parte de la responsabilidad en la Unidad Nacional de Protección y su trabajo conjunto con las Fuerzas Militares. Sin embargo es claro que en Colombia no hay escoltas ni chalecos blindados para tanta gente. En total, hay 117.822 candidatos. El Gobierno aprobó a finales de 2018 el Plan Nacional de Garantías electorales y el 8 de julio presentó el Plan Ágora. Según la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, esta estrategia de alcance nacional busca garantizar transparencia y seguridad en las elecciones a partir de coordinar los partidos, la justicia, la sociedad civil y los organismos de control. “El Gobierno ha activado los mecanismos necesarios para la seguridad de quienes están en actividad política”, aseguró a SEMANA la Ministra. El registrador, Juan Carlos Galindo, adelanta una campaña para combatir la guerra sucia en las redes sociales. En este campo la moderación en el lenguaje de las elites, es crucial ya que, en muchos casos, las agresiones verbales mediáticas se convierten en gasolina para la violencia en los territorios. Inmediatamente después del anuncio de Santrich, Márquez y su banda, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, visitó los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) en donde se encuentran concentrados buena parte de los desmovilizados y los animó a seguir cumpliendo el acuerdo. La semana pasada, el presidente Duque hizo lo mismo. Esas acciones envían un mensaje de compromiso estatal, crucial para que los desmovilizados jugados por la paz sigan en el proceso.
La lucha contra la violencia política requiere alternativas más creativas y estratégicas que populistas o inmediatas. Algunos congresistas proponen, por ejemplo, nombrar alcaldes militares en municipios en riesgo. En otras ocasiones esa salida no ha dado resultados. En contraste, Gobierno, actores políticos y sociedad civil deben seguir buscando estrategias para luchar en el largo plazo contra los motores de esta violencia, el narcotráfico, la corrupción y el alto costo de las campañas. Eso pasa por lograr que el Estado llegue a las regiones antes copadas por las Farc y les quite terreno a disidencias y nuevos actores armados. Y para atajar el problema debe avanzar la eficiencia en la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y de las Zonas de Intervención Integral propuestas por el Gobierno para llevar el Estado a los lugares más violentos. Finalmente, romper las causas de la violencia política también pasa por diseñar una política exterior clara y estratégica frente al entorno fronterizo. Las acciones diplomáticas deben ser cuidadosas y pensadas, para no profundizar los riesgos que ya implican las actuales relaciones con Venezuela. Volver a indicadores de violencia electoral previos a 2015 implica no pocos retos. Cumplirlos requiere esfuerzos de la sociedad civil, de los partidos y de todas las ramas del Estado. Es claro que la violencia volvió a poner en jaque el proceso electoral y que, en esta campaña, el país no aguanta un muerto más. Le puede interesar: