“Impunidad” es la conclusión de un reciente informe sobre violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado. Y no es cualquier conclusión, pues se refiere solo a 183 casos que la Corte Constitucional ordenó a las autoridades seguir con especial atención hace cinco años. Estos 183 casos son apenas la punta del iceberg de un crimen que se ha cometido masivamente en la guerra en Colombia pero que es, paradójicamente, quizá el más invisible de todos. Por obvias razones, las víctimas de abusos y ataques sexuales temen denunciar; cuando lo hacen, los operadores de Justicia con frecuencia las revictimizan en interrogatorios escabrosos o que ponen en duda las denuncias, y, para colmo, raramente los casos que ingresan al sistema de Justicia llegan a sentencia. La situación es tan grave que, en 2008, la Corte Constitucional emitió el auto 092, en el que reconoció que se trataba de un crimen tan sistemático y generalizado como invisible, y ordenó al Estado tomar medidas para revertir ese estado de cosas. Además, en un apartado reservado –por las características de los crímenes– la Corte ordenó a las autoridades ocuparse con especial atención de 183 casos concretos. Desde entonces, nueve organizaciones de la sociedad conformaron una mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones que la Corte indicó a las autoridades, y acaban de hacer público su quinto informe. Pese a algunos avances, las conclusiones muestran que la situación sigue siendo tan dramática como hace cinco años. Impunidad Para empezar, la impunidad es casi completa. Según la Fiscalía habría 18 sentencias. Para la Procuraduría, solo serían 11. Pero los autores del informe sostienen que ni la una ni la otra están en lo cierto: varias sentencias son sobre homicidio o desplazamiento pero no sobre delitos sexuales, y la Fiscalía incluye sentencias de casos que no están entre los 183 a los que la Corte ordenó dar seguimiento. En consecuencia, según el informe solo se registran cinco sentencias, y apenas tres de ellas se refieren a esos 183 casos. “Ya sea que se trate de 11 sentencias condenatorias –según la información de la Procuraduría–, de 18 –según la información de la Fiscalía– o de cinco –según el análisis hecho por esta Mesa a partir de la base de datos de la Fiscalía, de las cuales solo tres serían del Anexo reservado–, es posible concluir que la situación de impunidad sigue siendo casi total”, dice el informe. Esto significa que apenas en 1,6 por ciento de los casos hay condenas. Una impunidad de más de 98 por ciento. Además, según la Procuraduría, 69 de los 183 casos habrían sido archivados; es decir más de un 30 por ciento. Y se trata de casos objeto de especial seguimiento por parte de la Corte Constitucional. Lo que lleva a preguntarse qué puede estar ocurriendo con miles de casos de mujeres violadas o abusadas en el marco del conflicto armado que no están bajo la lupa de la Corte o la Justicia. Barreras El informe de la Mesa de Seguimiento no se limita a los resultados de las investigaciones y destaca las tres grandes “barreras” que, a juicio de los autores, enfrentan las mujeres y las niñas víctimas de este tipo de crimen de guerra: barreras para acceder a la Justicia, para lograr protección y para conseguir atención de salud. Entre los problemas en la Justicia, el informe resalta que se han promulgado muchas normas en los últimos años para atender estos casos, pero no están articuladas ni son parte de una estrategia clara, ni tampoco tienen metas e indicadores que permitan evaluar su aplicación. Aunque varias instituciones llevan registros de violencia sexual, no hay articulación entre los sistemas de información, y varios de estos son deficientes. La Fiscalía, según el informe, los tiene en tablas Excel, que obligan a hacer consultas manuales. El Consejo Superior de la Judicatura dice que no lleva un registro específico de casos judiciales por estos delitos, mientras la Procuraduría, cuya labor de supervisión también es objeto de crítica, no tiene registros de su labor de vigilancia. Un comité de género que la Fiscalía creó hace cuatro años para dar orientaciones de política se ha reunido, según el informe, solo dos veces, aunque lo debía hacer cada mes. No hay un enfoque que privilegie las víctimas indígenas, afros o menores de edad, que son la mayoría. Los casos están repartidos en varias unidades y fiscalías seccionales y ocurre que un mismo caso está en justicia ordinaria y en la jurisdicción de Justicia y Paz. El informe señala, además, que no existe una ruta clara de atención a las víctimas, lo que dificulta su acceso a la Justicia y, con frecuencia, incluso que puedan contar con un defensor de oficio. Los funcionarios de la Fiscalía encargados de tratar temas de violencia sexual y de género ligados al conflicto recibieron su última capacitación hace casi dos años. Además del miedo, la vergüenza y la estigmatización de la que son objeto estos crímenes y sus víctimas en la sociedad, el informe sostiene que persisten fallas en el sistema de atención que se convierten en “mecanismos disuasores para adelantar los trámites judiciales”. De acuerdo a sus autores, la “escasa actividad investigativa” se centra en la búsqueda de pruebas físicas o testimoniales que se le piden a la víctima. En suma, el informe sostiene que persiste la subvaloración de los crímenes sexuales, y recuerda que Incluso la Procuraduría habla de un “patrón cultural patriarcal” que, según la entidad, “dificulta la judicialización” los casos de violencia sexual. En cuanto a las barreras para que las víctimas logren acceder a la protección del Estado, el informe dice que hay tres programas de protección (uno, creado en 2005 en Justicia y Paz; otro, de 2007, en la Fiscalía, y uno más, de 2011, en el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección), y sostiene que en la mayoría de los casos no existen enfoques de género. Respecto al acceso a la atención en salud, el informe saluda la adopción de un protocolo por parte del ministerio de Salud en marzo pasado, pero reclama que faltan en el mismo medidas específicas para las víctimas de violencia sexual ligada al conflicto armado y señala, por ejemplo, debilidades en la atención sicosocial a las víctimas. El informe recoge también algunos avances, como la interlocución de las instituciones con las organizaciones de la mesa de seguimiento, la adopción del mencionado protocolo por parte del ministerio de Salud y de otras normas. Finalmente, la mesa de seguimiento pide a la Corte declarar que las instituciones del Estado no han cumplido con las recomendaciones que les hizo hace cinco años y convocar a una audiencia pública con participación de las mismas. Solicita ordenar a la Fiscalía que en tres meses presente “un plan de acción integral” para terminar con la impunidad y a otras instituciones, como la Procuraduría, que intervengan de manera sistemática en el seguimiento de los 183 casos. En su auto de 2008, la Corte Constitucional dijo que los relatos de violencia sexual asociada al conflicto conocidos por ella configuraban “un panorama fáctico de violencia, crueldad y barbarie sobre el cual se ha tendido un manto casi total de invisibilidad, silencio e impunidad a nivel oficial y extraoficial”. Todo indica que, cinco años después, no es mucho lo que ha cambiado. La violencia sexual sigue siendo, probablemente, el crimen más impune del conflicto armado colombiano.