La violencia sexual es una crítica realidad de Colombia. Se sabe que hay víctimas, que en lo últimos años han incrementado las denuncias y que las nuevas normas imponen condenas más severas para quienes agreden. También, que desde instituciones y organizaciones se busca proteger a toda costa. Pero lo cierto es que los casos se siguen reportando.
Según las más recientes declaraciones de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, entre enero y noviembre del año pasado, las comisarías o defensorías reportaron más de 17 mil menores víctimas de delitos sexuales en todo el país.
“En el 2022, el ICBF abrió 17.834 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, 380 semanales en promedio. Una problemática que debe preocuparnos como sociedad y que nos llama a un cambio profundo”, dijo en medio de una audiencia pública en el Congreso.
En ese sentido, Baracaldo aseguró que es necesario reconocer la labor, como entorno protector, de las familias.
“He hecho un llamado sobre la importancia de la familia como el principal núcleo de la sociedad y cuyo papel es fundamental en el cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes del país. Desde el ICBF no bajaremos la guardia y seguiremos trabajando para erradicar cualquier tipo de violencia contra la niñez y la adolescencia”, afirmó la directora.
Estas declaraciones de la directora se dieron en medio de la entrega del primer informe sobre la implementación de la Ley Contra el Castigo Físico, que lideró el representante a la Cámara Julián Peinado.
Allí, la directora Baracaldo aseguró que esta es “una norma que nos da directrices al Estado y a la sociedad sobre la importancia de educar a la niñez bajo principios como el respeto y el amor”.
SEMANA comprobó que los Nukak viven un infierno; la realidad de explotación sexual infantil es apabullante
Cuando empieza a llegar la noche en San José del Guaviare, los niños indígenas aparecen en las calles para satisfacer las aberraciones de algunos adultos. Esa es la sentencia y la impactante tragedia de los pueblos nukak maku y jiw que ocurre en apenas dos cuadras.
Esta zona de tolerancia termina en un delgado malecón, que se convirtió en la guarida de abusos sexuales, prostitución y consumo de estupefacientes.
Todos, hasta las autoridades, saben lo que ocurre con los niños indígenas en Guaviare, pero la indiferencia y el abandono los condenó a la extinción. Lo peor de la civilización contaminó su cultura y las instituciones se lanzaron responsabilidades, en una coyuntura que parece dramáticamente irremediable.
En 2019 se denunció un caso de abuso sexual masivo que dejó como presuntos responsables a miembros del Ejército. La ONU advirtió que los militares secuestraron a una niña nukak y, en fila, fue abusada por al menos seis uniformados. Desde entonces se advirtió, con indignación, que las investigaciones serían priorizadas, pero tres años después no ha pasado nada.
SEMANA llegó al Guaviare y la realidad es perturbadora. Las comunidades nukak maku y jiw, que por naturaleza son nómadas, terminaron desplazadas por la violencia. Llegaron a las zonas urbanas y arrancó su desaparición. Las tribus empezaron a heredar lo peor de la llamada civilización y los niños, sin saberlo, se enterraron en el fango de los vicios, el consumo de drogas, pegante y hasta la gasolina los atrapó.
Las calles de San José del Guaviare se llenaron de niños y el ICBF dijo, después de dos recorridos, que no los encontró. Ahora las investigaciones apuntan a identificar los funcionarios que durante años ignoraron la problemática.