Violento comienzo de año en Cauca

Desde que comenzó a hablarse del proceso de paz con las Farc, muchos analistas coincidieron al asegurar que una de las regiones más difíciles para el posconflicto es el suroeste del país y en especial el departamento de Cauca.Básicamente los argumentos para sustentar esa afirmación giraban en torno al hecho de que esa región históricamente ha sido cuna de diversos grupos revolucionarios y como tal allí se sintió con más intensidad la guerra; sumado a la presencia de cultivos ilícitos, la minería ilegal y la disputa territorial entre comunidades étnicas.Puede leer: Las seis amenazas a la paz en el CaucaDicho en otras palabras, Cauca sería el laboratorio del posconflicto, donde el gobierno pondría a prueba su estrategia para pacificar a una de las regiones más golpeadas por la guerra.A juzgar por lo que viene sucediendo en materia de orden público, todo indicaría que en efecto esa región del país padece serias amenazas. Basta con citar algunos hechos violentos ocurridos en los primeros 22 días del año y que dejan el saldo de once personas muertas y seis heridas.Esas víctimas fatales fueron producto de una masacre durante un enfrentamiento entre el ELN y bandas criminales en Bolívar; una incursión armada en pleno parque principal del corregimiento El Plateado en Argelia; un ataque con granada y disparos de fusil a un vehículo civil en Buenos Aires y una acción sicarial contra un presunto exguerrillero en Santander de Quilichao.La más reciente sucedió este martes 22 de enero cuando las autoridades reportaron que en una vía rural que une a los municipios de Buenos Aires (Cauca) y Jamundí (Valle), un campero que transitaba con cuatro ocupantes, fue atacado con una granada y disparos.En ese acto violento murieron Fares Carabalí Carbonero y Diego Fernando Castillo; además resultaron heridos otros dos hombres. Una de las víctimas fatales (Fares Carabalí) era hermano del alcalde de Buenos Aires y gerente de la Cooperativa Multiactiva Unión Minero de Buenos Aires, Coomultimineros.Por ahora las autoridades manejan como hipótesis que pudo tratarse de un doble crimen producto de una extorsión, ya que horas antes del atentado el señor Carabalí retiró una gruesa suma de dinero que no se halló en el lugar de los hechos.Al respecto, el general William Salamanca, comandante de la Regional IV de la Policía, explicó en medios radiales que no se descartan otras hipótesis que tengan como línea de investigación su actividad minera y la presencia de grupos armados ilegales en la zona.De hecho, una fuente cercana a la familia del alcalde de Buenos Aires, le confirmó a SEMANA que en efecto el dirigente minero había recibido amenazas de muerte y era víctima de una extorsión. Añadió, que nunca solicitó protección a las autoridades porque contaba con su propio esquema de seguridad.No obstante, añadió que dentro del círculo más cercano de la familia Carabalí temen que el crimen sea una retaliación por cuenta de la investigación por lavado de activos que adelanta la Fiscalía contra una reconocida comercializadora de oro que tenía negocios con Coomultimineros.Un día antes de ese atentado criminal contra el dirigente minero, en Santander de Quilichao dos sicarios asesinaron a Cristian Guejia, más conocido con el alias de ‘Cristian Camilo‘.Precisamente ese homicidio motivó el pronunciamiento del grupo político Farc, quienes aseguraron que la víctima era un excombatiente y en la actualidad se dedicaba a labores políticas en el norte del Cauca.Sin embargo, el propio general Salamanca desmintió esa condición de excombatiente de Guejia y precisó que al consultar con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, llegaron a la conclusión que no hacía parte de las amnistiados de esa guerrilla.Todo ello sucede cuando las autoridades de ese departamento apenas terminaban un consejo extraordinario de seguridad que convocaron de urgencia en el municipio de Argelia, donde un comando armado de once hombres desató una balacera en pleno parque de un corregimiento.Ocurrió el pasado domingo en El Plateado, donde se celebraban los carnavales del caserío. A ese lugar llegó el escuadrón que disparó en varias oportunidades contra un grupo de personas, causando la muerte a dos y heridas a otras cuatro.En contexto: Dos incursiones armadas, diez muertos y muchas dudas Fuentes de inteligencia policial explicaron que el atentado iba dirigido contra un narcotraficante local conocido con el alias de El Pastuso y que sus escoltas respondieron al ataque, lo que desencadenó una balacera.Y el pasado 5 de enero los caucanos fueron sorprendidos con la primera masacre del año y cuyo saldo fatal fue de ocho muertos. Ocurrió en dos caseríos de Bolívar, donde se presentaron enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y bandas criminales al servicio del narcotráfico; sin embargo, entre las víctimas se encuentra un campesino que regresaba del jornal hacia su casa. En ese combate murió alias Bin Laden, al parecer un curtido integrante del ELN que era considerado el verdugo de la zona, responsable de extorsiones y homicidios.Más allá de esos hechos de violencia, preocupa que no se trata de acciones criminales inesperadas, sino que por el contrario son problemas que ya venían manifestando síntomas.Así lo demuestran las cifras. Por ejemplo, el año pasado en ese departamento fueron asesinados 32 lideres sociales y antes de culminar 2017 el propio Defensor del Pueblo, Carlos Negret, denunció desde Popayán que el sistema de Alertas de la entidad se disparó en 23 de los 42 municipios del departamento.Sumado a ello, el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, reveló que en ese departamento se cultiva el 9 por ciento de toda la coca sembrada en el país; es decir 12.500 hectáreas en 23 municipios, con incidencia en 5.000 familias.Para rematar, el oro se convirtió en otro factor de violencia, ya que pese a que dicha actividad se desarrolla en 38 de los 42 municipios, solo en cinco de ellos la explotación se hace de manera legal.Ante semejante panorama suenan sensatas las advertencias que hace Norman Granja, Defensor Regional del Pueblo, al asegurar que en el Cauca “siguen intactos los factores de riesgo que amenazan la seguridad y tranquilidad: cultivos ilícitos, minería y disputa territorial”.