Cuando el país daba por superado todo lo que significó el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano, las declaraciones de William Rodríguez Abadía -heredero el capo del cartel de Cali Miguel Rodríguez Orejuela- encendieron de nuevo la polémica y generaron un nuevo señalamiento sobre el expresidente. Durante siete horas -según consta en un video revelado por La FM- contó a la Fiscalía y de paso rememoró para los colombianos los escandalosos hechos que suponen la manipulación de las elecciones presidenciales de 1994 por parte de la mafia. En el caso de Samper, las cosas se saldaron cuando la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes lo investigó y absolvió. Pero allí apunta precisamente la explosiva afirmación de Rodríguez Abadía, pues -según él- no sólo se habría pagado para llevar a Samper a la Casa de Nariño, sino también por su absolución. Acusó, así mismo, al exministro Horacio Serpa de que conocía de primera mano todos estos movimientos. Ante los señalamientos, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, solicitó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, “juicio político, apertura proceso penal por financiación de absolución y reapertura al proceso penal por presencia dineros del narcotráfico en su (sic) campaña presidencial contra el presidente Ernesto Samper Pizano”, en documento que conoció en su integridad Semana.com. Allí, pide que se reabra la investigación al expresidente Samper, “por la comisión de posibles hechos punibles” en el financiamiento de su campaña y que se indague penalmente a los legisladores que entonces integraban de la Comisión de Acusación y a los 111 representantes “que le absolvieron”. Solicita la demanda, además, que “abra y tramite juicio político por indignidad” contra el expresidente, a quien acusa de hacerse elegir “mediante la financiación con dineros de procedencia ilícita a su campaña presidencial, y la manipulación del proceso de responsabilidad penal adelantado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara y de la plenaria de esta última en su contra”. Pablo Bustos es el mismo que organizó la serenata de 'despedida' de la magistrada de la Corte Suprema Ruth Marina Díaz tras su escandaloso viaje en un crucero del Caribe. En la época del 8000, rondó sin tregua al entonces parlamentario Heyne Mogollón, famoso por ser el representante investigador de Samper en el polémico proceso que culminó en absolución. De aquella lucha todavía guarda algunos recuerdos: imágenes talladas en madera de mogollas y elefantes. Estos últimos son una referencia al exmandatario que, según dijo, fue el único que no vio como el cartel de Cali le metía seis millones de dólares -un gigantesco animal- a su campaña. El 8000 La declaración de William Rodríguez revive así el fantasma del Proceso 8000, un hecho judicial que sacudió el país hace casi dos décadas. ¿Cómo compraron al Congreso para que determinara que el expresidente Samper era inocente de nexos con la mafia? “Con efectivo, con prebendas y con poder político”, dice Rodríguez Abadía en el video de su testimonio que entregó en Estados Unidos, en donde se encuentra libre después de haber pagado una condena por narcotráfico. El hijo del capo declaró, además, que el expresidente Samper y su entonces ministro de Gobierno, Horacio Serpa, sí sabían del ingreso de la mafia a la campaña. Según recuerda, en total le dieron a la campaña 10 millones de dólares. Este hecho trascendió y empezó un juicio político en el Congreso que debía determinar si se hizo con o sin el conocimiento del expresidente Samper y de su círculo más íntimo. El entonces fiscal, Alfonso Valdivieso, abrió paralelamente un proceso con el número 8.000. Todos los congresistas que fueron investigados fueron hallados culpables, pero Valdivieso se presentó ante la Comisión de Acusaciones con los expedientes para que fueran ellos, como corresponde legalmente, quienes determinaran la responsabilidad del jefe del Estado. Entonces, según la declaración, al cartel de Cali le tocó volver a sacar dinero ya no para comprar la campaña que permitiera la elección presidencial, sino para ahora que se archivara el caso en el Congreso. “Empezamos con la Comisión de Acusaciones. Con Jairo Chavarriaga y Heine Mogollón”. Relató que a los representantes les dieron un millón de dólares en efectivo para se inclinaran a favor de la absolución. Se refirió también a los dos parlamentarios encargados de dirigir la investigación en esta célula legislativa para determinar si el exjefe de Estado sabía de la penetración de dineros de la mafia a su campaña. “Fue a mis espaldas”, dijo en todo momento Samper Pizano.