En la legislatura pasada generó gran revuelo un proyecto que proponía regular el porte de armas por parte de los ciudadanos en medio de la inseguridad que se vive en varias ciudades del país. El proyecto no logró prosperar, pero sus autores volverán a insistir en el tema.

La senadora María Fernanda Cabal y el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, radicaron nuevamente el proyecto el pasado 23 de julio en el Congreso.

En esencia se busca establecer los lineamientos para que las personas que lo deseen puedan portar armas de fuego para su legítima defensa, con algunas excepciones y condiciones que deberán cumplir. Por ejemplo, el proyecto propone que, de aprobarse el porte, quienes no mantengan los lineamientos podrán acarrear multas.

Se proponen sanciones de hasta tres salarios mínimos y la pérdida del permiso a quienes usen las armas en estado de alicoramiento o quienes las porten en un sitio diferente al autorizado. También se establecen sanciones para quienes disparen en un lugar público sin una debida justificación, o quien use un arma sin habérsele otorgado el permiso correspondiente.

El principal argumento de los congresistas del Centro Democrático es la legítima defensa. Consideran que, en medio de la inseguridad que se presenta en las principales ciudades del país, los ciudadanos deberían tener la posibilidad de defenderse con las mismas condiciones que son atacados.

Los congresistas argumentan que en el 2015 el expresidente Juan Manuel Santos redujo de forma significativa los permisos gracias a un decreto que puso mayores restricciones. El país pasó de tener 407.421 personas que portaban armas ese año, a 6.827 en 2016. En 2020, un total de 8.100 tenían permiso para el porte.

A pesar de los argumentos de los congresistas, la propuesta no deja de generar polémica y se sabe que su discusión no será fácil. El Gobierno Duque se opuso a la idea.

Múltiples estudios señalan que no es la solución más idónea. Por ejemplo, en Estados Unidos se aprobó entre el 2000 y el 2010 una ley llamada Castle Doctrine, que permitió a los ciudadanos armarse. Sin embargo, una investigación reveló que esto, en vez de disminuir los robos y ataques a las personas, generó un aumento del 8 por ciento en el número de asesinatos.

Los congresistas también tienen sus estudios para justificar el proyecto. Por ejemplo, dicen que el Índice de Paz Global establece que los países más seguros son los que tienen regulada la posesión de armas de fuego por parte de sus ciudadanos, como Islandia, Nueva Zelanda o Portugal.

Lo que es un hecho es que la llegada de la discusión al Congreso generará nuevas disputas entre un sector que cree que es la solución para reducir la violencia y los ataques a la ciudadanía. Mientras que otro defiende la tesis de que esto puede generar más confrontaciones.

El proyecto está respaldado por 11 congresistas de la bancada del Centro Democrático.