En febrero de este año, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión forzosa para liquidar a la EPS Ambuq, después de más de dos años de lucha jurídica, administrativa y técnica. Si bien desde mayo, después de varias ‘trabas’, el Ministerio de Salud trasladó a otras diez EPS a los 763.016 usuarios de dicha entidad, un fallo de un juez tiene en jaque el proceso.
El magistrado ponente Jorge Eliécer Mola, quien integra la Sala Penal del Tribunal Administrativo de Barranquilla, emitió un fallo de tutela el 17 de septiembre pasado, por medio del cual ordena resucitar la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq). Al respecto de este caso, dos magistrados se declararon impedidos, y uno más que hizo salvamento de voto.
De acuerdo con el documento, la Superintendencia Nacional de Salud tiene 48 horas para revocar la decisión tomada con la Resolución 1214, emitida el 8 de febrero de 2021, en la que ordenó la intervención forzosa para adelantar la liquidación de la entidad y para tomar posesión de los bienes y haberes de esta EPS.
Esto significa que todas las acciones, medidas y actuaciones en el sentido del acto administrativo deben reversarse, incluyendo el traslado de los usuarios de Chocó, Atlántico, Bolívar, Sucre, Cesar, Valle, Magdalena, Córdoba y Risaralda, que ahora forman parte de la Nueva EPS, Salud Total, Sanitas, Sura, Famisanar, Compensar, Coosalud, Mutual Ser, Cajacopi Atlántico y AIC EPSI.
Dado que la decisión ya tiene algunos días, el superintendente Fabio Aristizábal Ángel se encuentra en desacato, pues el ente de control pidió aclaraciones sobre el fallo en dos sentidos: cómo devolver el dinero que ya le pagó a las EPS por la prestación del servicio a los usuarios y cómo se reversa un traslado masivo que ya están siendo atendidos y programados en otras entidades.
¿Por qué se ordenó la liquidación?
De acuerdo con los informes de la Superintendencia Nacional de Salud, esta EPS presentaba una de las más altas tasas de mortalidad materna, de mortalidad perinatal, de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición, por infección respiratoria aguda y por enfermedad diarreica aguda.
De hecho, entre 2016 y 2020 la tasa de mortalidad de Ambuq fue superior a la nacional; en el primer semestre de 2020 fue la EPS no indígena con peor desempeño en términos de mortalidad infantil (menores de 1 año).
Asimismo, el ente de control asegura que la EPS incumplía con el porcentaje de esquemas de vacunación en niños menores de un año y tampoco cumplía con los programas de promoción y prevención a mujeres con cáncer de cérvix.
Entre 2019 y 2020, dicha EPS recibió más de 11.600 peticiones, quejas y reclamos por demoras en asignación de citas de medicina especializada y las demoras en entregas de medicamentos. Solo en 2020 recibió 486 tutelas y acumuló 116 notificaciones por desacato.
Incluso, la Superintendencia dio a conocer que, con fecha de corte a diciembre de 2020, la situación financiera de Ambuq era crítica, pues presentaba niveles de endeudamiento y siniestralidad muy altos. Su deuda ascendía a 312 mil millones de pesos, incumplía indicadores de capital mínimo y de patrimonio adecuado y tenía un pasivo de 350 mil millones, tres veces superior al de los activos.