El alcalde de Cartagena William Dau fue vinculado a un nuevo proceso. En esta oportunidad, la Contraloría General le imputó un cargo de responsabilidad fiscal por una cuantía aproximada de 1.074 millones de pesos por, presuntamente, haber avalado unos gastos de representación que no estaban autorizados.
En la imputación, adelantada por la Dirección de Investigaciones No. 3 de la Contraloría Delgada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivos, también fueron vinculados Marta Carvajal y Adolfo Doria, quienes fungieron como directores administrativos de Talento Humano de la Alcaldía de Cartagena. Igualmente, fue vinculado como tercero civilmente responsable a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia.
El contralor delegado, Eduardo Pineda Arrieta, detalló que la apertura de la investigación y la respectiva imputación de cargos se presenta por el “pago de gastos de representación a funcionarios del orden territorial diferentes al alcalde y al gobernador, los cuales no estaban autorizados”.
Tras la imputación, detalló Pineda, se adelantarán las audiencias de descargos y el fallo, es decir, si existió una responsabilidad comprobada en el caso de Dau y sus dos funcionarios. La decisión final puede ser “con responsabilidad o sin responsabilidad, de acuerdo al material probatorio que se recoja”.
Pineda Arrieta indicó que “todas las actuaciones dentro de este proceso estarán enmarcadas dentro del apego estricto al derecho de defensa y contradicción, que se garantizará a todos y cada uno de los vinculados al mismo, como presuntos responsables fiscales”.
Tumban el arresto
A inicios de la presente semana, el nombre del alcalde de Cartagena había ocupado los titulares de los medios de comunicación después que se conociera el auto que ordenaba cinco días de arresto en su contra por incumplir el fallo que le ordenaba la reubicación del Cabildo Indígena Zenú.
El juzgado noveno civil de Cartagena consideró que el mandatario había incurrido en un desacato. Sin embargo, tras presentar una tutela, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó la protección del derecho al debido proceso del mandatario de la capital de Bolívar, dejando así la orden de arresto sin fundamento.
El alto tribunal determinó que la evidencia demuestra que el juzgado incurrió en yerros y omisiones al vincular al alcalde y no a otros funcionarios que tenían una responsabilidad directa en atender el fallo de tutela. Debido a eso, le dio cinco días para que revise el caso y emita un nuevo pronunciamiento.
Igualmente, se consideró que la sanción al mandatario no tuvo en cuenta los argumentos que presentó la administración y las circunstancias particulares, por lo que se concluye que se incurrió en “un desafuero” al no tener en cuenta varios preceptos y conceptos.
Para la Corte, el juzgado incurrió en una “indebida fundamentación del trámite incidental”, la cual llevó a que se omitiera la verdadera responsabilidad subjetiva en el “presunto incumplimiento de la sentencia de tutela en cuestión”.
Por medio de un video, el alcalde de Cartagena celebró la decisión, señalando que se le habían protegido sus derechos fundamentales. Para Dau, el fallo de la jueza novena civil era “totalmente ilógico, descabellado”, puesto que no contaban con los elementos para actuar.
“Necesitábamos tener un avalúo del Agustín Codazzi y que el Concejo de Cartagena empezará a sesionar desde el primero de marzo (...) Ya no voy a la cárcel”, señaló el mandatario al explicar por qué no se había hecho el respectivo traslado de la comunidad indígena.