La Procuraduría General cerró la investigación al alcalde de Cartagena, William Daú Chamatt, por la polémica construcción del edificio Aquarela. En el documento, se manifiesta que tras la recolección de pruebas documentales y testimoniales no se encontró evidencia que permitiera vincular al mandatario con las supuestas omisiones a las recomendaciones y advertencias frente a los graves daños al patrimonio.
En el pliego de cargos, la Procuraduría vinculó a un juicio disciplinario al exdirector técnico de Patrimonio y memoria del Ministerio de Cultura, Alberto Escovar Wilson White por, presuntamente, no haber cumplido sus funciones al avalar esta construcción en cercanías al Castillo San Felipe.
En este punto, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Administrativa citó las presuntas irregularidades que permitieron el inicio y desarrollo de la construcción del proyecto inmobiliario Aquarela VIS en Cartagena, así como los incumplimientos de órdenes policivas y judiciales en detrimento de los derechos colectivos de la humanidad, afectando y amenazando el espacio público, la convivencia, seguridad y salubridad.
Para el organismo de control disciplinario, tras la práctica de pruebas documentales y testimoniales, existen méritos suficientes para formular pliego de cargos en contra del mandatario cartagenero por el “presunto incumplimiento de las funciones de vigilancia, control y protección de patrimonio histórico y cultural y bienes de interés cultural, a través de su dirección técnico de patrimonio”.
El archivo de la investigación disciplinaria también cobija a Pedrito Tomás Pereira, en su calidad de alcalde encargado de Cartagena; Gonzalo Jácome Peñaranda, secretario de infraestructura; Guillermo Enrique Ávila Barragán, secretario de planeación: Fernando Antonio Abello Rubiano, jefe de gestión de riesgo de desastres.
Así como Clara María Calderón Muñoz, exsecretaria de infraestructura; Iván Castro Romero, exsecretario de Infraestructura, exjefe de Gestión de Riesgo de Desastres; Édgar Marín Támara, Laura Mendoza Bernett, Jorge Carrillo Padrón, Ronald Llamas Bustos; y Luis Vélez Carrasquilla, gerente encargado del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana -Corvivienda – de Cartagena.
En vilo la demolición
El pasado 31 de marzo, luego de una acción popular del Ministerio de Cultura, el Juzgado 12 Administrativo de Cartagena ordenó, tras varios años de polémica, finalmente la demolición del edificio Aquarela. El proyecto está ubicado apenas a 200 metros del Castillo de San Felipe y por años, desde 2017, se discutió la legitimidad de su construcción en la zona.
De acuerdo con la sentencia del caso interpuesta por el ministerio, se declaró la vulneración a los derechos colectivos al goce del espacio público, y la utilización y defensa de los bienes de uso público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada.
Asimismo, se declararon amenazados los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
El Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) estuvo en la búsqueda de un interventor de consultoría especializada que estableciera cómo se empezaría a ejecutar la demolición de la edificación.
Sin embargo, el año pasado, en el mes de julio, fue adjudicado el contrato de interventoría al Consorcio Interventoría Estudios Técnicos Aquarela y el 3 de agosto fueron enviadas instrucciones a la Fiduprevisora para la elaboración de los contratos, es decir, que faltaba poco para que se comenzara la ejecución de ese contrato.
Cuatro meses después de enviadas las instrucciones, con el objetivo de darle cumplimento a la restitución de espacio público ocupado por el edificio Aquarela, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Ministerio de Cultura como entidades que conforman el convenio tripartito, firmaron el acta de inicio para la consultoría que estaría encargada de adelantar la recuperación.
Marcela Cuéllar, encargada del Ministerio de Cultura en este espacio, manifestó su agrado por la firma del acta y ratificó que estas acciones son fundamentales para salvaguardar el patrimonio del país.
“Es muy importante lo que pasó hoy porque podemos mostrar a la Unesco, junto a muchas otras acciones, que en Colombia sí estamos trabajando por la conservación de nuestro patrimonio material e inmaterial”, dijo.
Cabe recordar que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, manifestó hace al menos dos meses que: “se trata de ver cómo se tiene que restituir el espacio público, que por orden policiva se debe hacer; la demolición tendrá que ser objeto de esta consultoría. Serán tres meses para revisar cómo se devolverá este espacio público y espero que antes de que se acabe mi mandato haya noticias sobre Aquarela”.
La recuperación del espacio público se ordenó por medio de una sentencia policiva emitida por la Inspectora de Policía Urbana No. 2 de Torices en el año 2018.