¿Y ahora qué?

Cuando el presidente Álvaro Uribe extraditó a los 15 jefes paramilitares se jugó los restos. Lanzó a la mesa el único as con el que contaba y dio así una demostración del inmenso poder del Estado, pero también, y paradójicamente, de su fragilidad.La extradición se había convertido en el tema más problemático de todos. Desde el primer día en que los paramilitares se sentaron a negociar con el gobierno, hace ya cinco años y medio, los comandantes de las AUC hicieron todo lo que pudieron para quitarse esa espada de Damocles. Ese tire y afloje terminó en el congelador gracias a la promesa del presidente Uribe de que si los paramilitares se portaban bien, no los extraditaba.Ahora que el primer mandatario decidió entregar a la justicia de Estados Unidos a ocho de los 33 comandantes que estuvieron en la mesa de Ralito (incluido Macaco; los otros siete extraditados son mandos medios), es claro que se la jugó toda. Si consideraba que habían incumplido la Ley de Justicia y Paz, el castigo lógico era que les retiraran los beneficios y sus casos los asumiera la justicia ordinaria. Pero Uribe prefirió saltarse ese paso y -para librarse de una vez por todas del peligro para la seguridad pública que representaban estos hombres- rompió lo que era un acuerdo implícito entre las partes.Con la extradición demostró que el Estado tenía armas poderosas contra el 'cartel de La Picota' (ver artículo anterior), pero dejó claro que no confía en que las autoridades colombianas (las carcelarias, de justicia y policía) puedan lidiar con ellos. Quedó claro que el Estado colombiano todavía es incapaz de controlar tras las rejas las poderosas mafias del crimen organizado. Tanto, que prefirió poner en riesgo uno de los proyectos de mayor envergadura para la paz de su gobierno.SEMANA hace una radiografía con datos significativos sobre lo que puede pasar con las tres promesas de la Ley de Justicia y Paz: la verdad, la justicia y la reparación.Verdad: ¿también extraditada?Con respecto a la verdad, los pronósticos no son los mejores. Hay un dato revelador: Salvatore Mancuso no ha mencionado ni siquiera una tercera parte de sus crímenes. Y eso es aun más significativo si se tiene en cuenta que es el comandante que mayor disposición ha mostrado en confesar los crímenes. "Estábamos enunciando -ni siquiera confesando- y apenas habíamos hablado de 889 crímenes del Bloque Catatumbo, un bloque que cometió, creemos, 11.000 homicidios. Y Mancuso fue jefe también del bloque Norte y del bloque Córdoba", puntualizan sus abogados.Lo mismo ocurre con Diego Fernando Murillo, 'Berna'. A pesar de su hermetismo -característico de la mafia, en donde es mejor ser asesino que sapo-, apenas había empezado a entregar algunos datos de sus crímenes con el bloque Héroes de Tolová. Tan solo 11. Y él tiene que responder también por el Cacique Nutibara y el Héroes de Granada.¿Qué va a pasar ahora con ellos en Estados Unidos? Si en Colombia era difícil que confesaran y se caminaba a paso de tortuga -no sólo muchos de los paramilitares iban entregando la verdad a cuentagotas a su conveniencia, sino que también se hacía difícil que se reunieran con sus lugartenientes para recoger la información-, es difícil abrigar esperanzas de que las confesiones se aceleren. Es más, a pesar del interés que puedan tener los capos de seguir confesando, es posible que la verdad se frene, por lo menos en lo que resta de este año.Son varias las razones. La Fiscalía aún no tiene claro cómo va a trabajar. Se ha dicho que podría ser vía teleconferencia (en Estados Unidos una cámara graba al fiscal colombiano y al comandante paramilitar, y una pantalla transmite para las víctimas en un auditorio en Colombia). El solo montaje de la operación toma tiempo y habrá que ver si hay plata para que los fiscales hagan tantos viajes teniendo en cuenta que la Fiscalía se ha visto a gatas para operaciones aparentemente menos sofisticadas, como transmitir una audiencia de Medellín a Caucasia.Más allá de los líos de procedimiento, los paramilitares no van a tener herramientas para confesar. Según varios abogados consultados por SEMANA, los comandantes no tienen el detalle de los crímenes cometidos por sus estructuras y lo que han hecho hasta ahora es reunirse con su gente en las cárceles para acopiar la información. Eso está descartado.Las condiciones de reclusión en Estados Unidos también son un obstáculo casi insalvable. En estas cárceles de alta seguridad, especialmente diseñadas para presos de extrema peligrosidad, los reos tienen sólo una hora a la semana con sus abogados. Sería toda una sorpresa que les dediquen ese tiempo a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia, en vez de discutir la estrategia de defensa por los delitos de narcotráfico ante los tribunales gringos. El peso de la verdad recaería entonces sobre los lugartenientes que siguen en el proceso en Colombia. En principio, estarían dispuestos a revelarla porque al parecer no han recibido instrucciones contrarias de sus mandos desde Estados Unidos. "Seguiremos dentro del proceso de Justicia y Paz, y actuando en la legalidad, como lo hemos hecho hasta ahora", dice Antonio López, vocero de 'Berna'. La Fiscalía confía en que el cruce de la confesión de mandos medios, de datos que aportan las víctimas y lo que recogen los fiscales en las zonas donde los paras tuvieron dominio, la verdad se seguirá destapando.Son dos tipos de verdad los que están revelando. Una es la de los crímenes comunes, que permite desenterrar fosas, construir memoria histórica y aliviar a las víctimas; y la otra es la de los nexos con políticos, empresarios, militares y demás organismos del Estado, que se podría llamar para-política.En el primer caso, el de la verdad de los crímenes, el panorama no es alentador. A pesar de la batalla titánica de la Fiscalía, tres años después de ser aprobada la Ley de Justicia y Paz los datos hablan por sí solos: mientras las víctimas han denunciado 123.787 delitos de los paramilitares, estos apenas han reconocido 5.831. Y de estos, el 41 por ciento fueron confesados por los 15 jefes extraditados. Es decir, hasta ahora, los comandantes tienen un peso específico en la confesión.Un problema adicional es que el número de paramilitares que estaban dispuestos a revelar verdades se ha desinflado. De los 33.000 desmovilizados, sólo 3.250 están postulados a Justicia y Paz, porque como cabecillas y mandos medios tienen que responder por crímenes atroces. Pero aún no se sabe cuántos de esos 3.250 terminarán confesando. A manera de ejemplo, el Bloque Norte postuló 540 a la Ley de Justicia y Paz; luego, 340 se arrepintieron y no darán versión libre. Otros 90 no aparecen, 10 más han muerto y otros 10 no eran de este bloque. Es decir que el grupo inicial quedó reducido a sólo 90. Y de esos, sólo 16 han rendido versión.En lo referente a la verdad de la para-política, fuentes de la Corte Suprema consideran que ya muchos de ellos habían dicho lo que sabían. 'Berna' fue el único peso pesado extraditado que no alcanzó a hablar de sus nexos con la clase política y lo último que dijo fue que estaba dispuesto a colaborar. De resto, de unos meses para acá, los testimonios de los extraditados tenían visos de estar contaminados. "Se estaba volviendo una verdad selectiva", dice una fuente de la Corte. Mancuso, quien al comienzo reveló el documento del pacto de Ralito y habló de sus vínculos con congresistas como Eleonora Pineda, Zulema Jattin y Miguel de la Espriella, entre otros, ahora estaba en plan de corregir o precisar la información que había entregado. La Corte no descarta que pueda escucharlos de nuevo a todos, cuando los necesite, si se concreta la colaboración judicial que quedó plasmada en el decreto de extradición y que ratificó el gobierno de Estados Unidos. El próximo 29 de mayo será la prueba de fuego: está programada la declaración de Salvatore Mancuso en el proceso que se le sigue al ex senador liberal Juan Manuel López.Y no se descarta que el resentimiento de estos jefes paramilitares por haber sido extraditados se traduzca en que terminen revelando más hechos que no hubieran confesado en Colombia. Justicia: ¿las masacres tendrán que esperar?Si se aplica la matemática simple, habría que decir que si los paramilitares extraditados pagan 20 ó 30 años de cárcel en Estados Unidos, estarían satisficiendo la sed de justicia de quienes querían verlos tras las rejas. Pero, en términos morales, se está privilegiando la condena por un delito como el tráfico de drogas y se deja en segundo plano el castigo por sus crímenes atroces. Pero, en la práctica, lo más seguro es que van a pagar más años de cárcel en Estados Unidos que en Colombia. Es decir, en términos absolutos, va a haber más castigo y, por lo tanto, más justicia.¿Cuánto tiempo tendrán que pagar en prisión en Estados Unidos? Cada caso es muy diferente. Puede ser distinto el trato para un hombre como Hernán Giraldo, culpable del asesinato de dos agentes de la DEA, al de Salvatore Mancuso, que se había mostrado dispuesto a negociar con la justicia de Estados Unidos. Y también es distinta la negociación en cada estado. El Distrito Sur de Nueva York (donde llevaron a 'Berna') es considerado el más duro y tiene fama de imponer las penas más severas.Lo cierto es que ninguno había avanzado significativamente en la negociación y les tocará empezar de cero. Aspiran, algunos de ellos, a conseguir condenas de 15 años. Mientras tanto, les tocará padecer condiciones de reclusión diseñadas para terroristas, pues las AUC son consideradas como tales: los tienen bajo observación 24 horas, no tienen visitas conyugales, están aislados de otros presos y sólo les permiten un radio pequeño que les venden en la cárcel. "Lo que buscan es destruirles el espíritu", dicen algunos de los defensores.La pregunta que se hacen muchos es qué va a pasar una vez los jefes paramilitares terminen de pagar sus condenas en Estados Unidos. Aunque muchos saldrán en sus 60 ó 70 años, no queda resuelta su situación jurídica, pues les quedará pendiente el castigo por sus crímenes de lesa humanidad, delitos que no prescriben. Por eso, su situación jurídica ante Colombia y ante la Corte Penal Internacional (CPI) dependerá de si los extraditados siguen en la Ley de Justicia y Paz o quedan por fuera de ella.En teoría, si incumplieron la Ley y por ello los extraditaron, deberían ser expulsados de Justicia y Paz, como lo pidió Naciones Unidas. Sin embargo, en la práctica, no hay manera de sacarlos. Por lo menos por ahora. La Ley sólo les da esa autoridad a los magistrados de Justicia y Paz, pero no al Presidente.Es muy temprano para hablar de la CPI, pero no es descabellado pensar que, si bien Estados Unidos no es parte de ella, al cabo de 15 ó 20 años no se descarta que esté dispuesto a entregar a criminales de guerra a este tribunal.Reparación: ¿del ahogado el sombrero?En el capítulo de la reparación, los bienes juegan un papel clave para indemnizar a las víctimas. Al revisar lo que está disponible en el Fondo de Reparación es fácil darle la razón al gobierno, que argumentó, para extraditar a los paramilitares, incumplimiento en la entrega de bienes. Tan solo hay 15 fincas, cuatro inmuebles urbanos, siete vehículos, 4.567 cabezas de ganado, dos aeronaves y 739.000 millones de pesos, que no resisten comparación con las fortunas que amasaron. También aparecen cuatro motores, un televisor, cientos de prendas y abarrotes, que dan la sensación de que estaban entregando las sobras de sus riquezas.Tras la extradición de 'Macaco' se incautaron bienes por más de 20 millones de dólares y tras la de los jefes paras allanaron a testaferros de Mancuso que escondían lujosas haciendas y locales. Se podría decir que si en sólo una semana se logró incautar tal fortuna, la extradición pareciera ser el camino. No obstante, esta lectura oculta muchos matices.El primero es que la Ley de Justicia y Paz no especifica cuál es el momento en que se deben entregar los bienes. Y por eso los abogados de los extraditados dicen que todavía no había llegado el turno. Pero por supuesto que de existir un compromiso real con el tema, la entrega de bienes no se daría a cuentagotas como se vino dando.El segundo es que las instituciones encargadas se han visto desbordadas: hay 171 inmuebles, nueve vehículos y 540 millones de pesos pendientes de ser recibidos. Varios de estos bienes son robados, no tienen un origen claro o tienen hipotecas. Aclarar todo esto toma mucho tiempo y el Fondo sólo acepta bienes totalmente saneados.El tercer matiz es que incautar bienes no es la gran solución. Debe recorrer una ruta jurídica que en el mejor de los casos tarda tres años y que mientras tanto queda en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), una entidad que pese a los esfuerzos por enderezarla, aún dista mucho de ser una buena administradora. La solución más clara, no necesariamente la mejor para efectos de la reconciliación, parece ser la que expuso el propio presidente Uribe, que el Estado asumirá el costo de siete billones de pesos en los próximos 10 años para indemnizar a las víctimas por vía administrativa.Se ha dicho que Estados Unidos aceptó que las riquezas entregadas allá, por acuerdo con jueces, sean destinadas a la reparación de las víctimas. Si el camino es el mismo que en su momento recorrieron jueces argentinos y chilenos, que tuvieron que recurrir a farragosas cartas rogatorias ante las autoridades estadounidenses, el resultado podría ser nulo. Y eso, pensando con el deseo de que los paramilitares de verdad estén decididos a devolver todo lo que usurparon a familias campesinas o ganaron por medio del delito. No han dado prueba de ello.La Ley de Justicia y Paz, que es la expresión tangible de un proceso de negociación inédito en el país, sin duda quedó en cuidados intensivos tras la audaz decisión del presidente Uribe de extraditar a 15 capos paramilitares.La promesa de verdad, tal vez el desafío más titánico para la Fiscalía y para el país, en el cual se había avanzado con mucho esfuerzo, tendrá muchas dificultades de seguir su camino en Estados Unidos. La reparación, que hasta ahora es vista como un estruendoso fracaso en Colombia, seguirá siéndolo mientras los paramilitares no muestren una verdadera voluntad de entregar los bienes: desde allá o desde acá da lo mismo. Y la justicia es tal vez el punto con el que muchos colombianos se sienten complacidos ahora.