Ni el presidente Juan Manuel Santos ni Humberto de la Calle ni Iván Márquez se refirieron específicamente a cómo será refrendado el nuevo acuerdo de paz. Ese elocuente silencio significa que refrendación e implementación serán un mismo proceso. El Congreso será el escenario natural en el que se aprobará el nuevo texto, bien sea por consenso, si los partidos y líderes del No lo respaldan (cosa improbable) o por mayorías, sí los del No, y en particular el Centro Democrático, lo rechazan. Ese trámite por el Congreso puede considerarse una refrendación jurídicamente válida ya que en una democracia representativa este es un escenario que reúne la voz popular. Seguramente eso ocurrirá pronto, pues en cuestión de días debe entrar a debate la ley de amnistía que resolvería el limbo en el que se encuentran los combatientes de las FARC y les daría vía libre a la concentración en las zonas veredales para su desarme. Ahora, una vez el Congreso apruebe el nuevo texto, enfrentará un obstáculo mayor: el tiempo para sacar las leyes que desarrollan el acuerdo y que son más de 50. Se necesita sí o sí el fast track. El artículo quinto del acto legislativo dice que la vigencia de este método exprés de aprobar leyes será luego de una refrendación popular. Existen dos posibilidades para resolver ese nudo: una que la Corte tumbe ese artículo ya que paradójicamente el Centro Democrático lo había demandado. Eso puede ocurrir de aquí a febrero. El otro camino sería el de usar otro mecanismos participativo: los cabildos abiertos. Estos se pueden hacer en cuestión de pocos meses, si los convoca un cinco por mil del censo electoral de cada municipio y en la mayoría de concejos se aprueba el nuevo texto. Con esta refrendación el fast track se libera y el Congreso podría a partir del año entrante tramitar rápidamente las leyes de la implementación.El problema es que respecto al acuerdo de paz con las FARC el problema de fondo nunca ha sido el camino jurídico para refrendar e implementar, sino la falta de consenso político que ha rodeado todo el proceso, y ese no se resuelve ni con el Congreso ni seguramente totalmente con los cabildos. La implementación es la fase más importante de cualquier proceso de paz, y este acuerdo tendrá que hacerse realidad con muchas mareas en contra. El reto será por tanto que en 2017, durante los primeros meses de la implementación se siga trabajando arduamente por ampliar la base de respaldo para el acuerdo de paz, especialmente en la base regional. Es decir que la implementación no podrá ya ser solo un asunto técnico, sino, sobre todo, un amplio escenario de diálogo político que incluya a diversos sectores de la sociedad civil, como empresarios, iglesias, comunidades y líderes independientes de cada región. Ello en medio de una campaña electoral muy polarizada que sin duda convertirá el acuerdo en un caballo de batalla. El año próximo será posiblemente uno en que veremos más gente en la calle, a favor o en contra de uno u otro aspecto del acuerdo.Así las cosas, se desvanece la idea de un nuevo plebiscito. Pero algo queda claro: la verdadera refrendación de este acuerdo de paz son las elecciones presidenciales del 2018. De quién gane en esta contienda, quiénes respaldan o quiénes rechazan el acuerdo, dependerá la calidad de la implementación, y la sostenibilidad de un proceso de paz que necesitará tres lustros para estabilizarse.*Consejera editorial Revista SEMANA