No es exagerado decir que nadie tiene más deudas en Colombia que Gustavo Petro. Por eso, el video en el que recibe fajos de billetes no es el lío más grande que enfrenta el senador. El excandidato presidencial podría salir del ejercicio político por cuenta de una serie de multas impagables, que ya suman más de un billón de pesos, originadas en polémicas decisiones que tomó como alcalde de Bogotá. La mayoría de esas multas también tienen una fuente controversial: el contralor distrital, Juan Carlos Granados. La continuidad en el cargo de ese funcionario está en juego tras haber sido imputado por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht, cuando era gobernador de Boyacá. En el despacho de Granados hay cinco procesos en contra de Petro –unos muy avanzados, otros incipientes– que podrían terminar en sanciones que sumadas pasan de un billón de pesos, todas por supuestas fallas en la gestión del líder de la Colombia Humana cuando era alcalde de Bogotá. Puede leer: Hija de Juan Carlos Montes asegura que Simón Vélez sí le entregó dinero a Petro El caso que ha llegado más lejos es el lío del precio de los pasajes de TransMilenio. Petro bajó las tarifas del sistema y el Distrito dejó de percibir 217.000 millones de pesos, que, en un fallo ratificado por el contralor Granados, tendría que pagar el exmandatario capitalino. Sin embargo, el exalcalde ya apeló la decisión y el caso pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También hay expedientes abiertos por el esquema de aseo impuesto por Petro, por la compra de camiones recolectores de basura que nunca trabajaron, y una multa que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a Bogotá. Estos van en etapas tan distantes como el estudio de la imputación y las condenas en primera instancia. No pocos de los contradictores de Petro consideran que a este hay que derrotarlo en las urnas, no en el escritorio de un contralor El más cuantioso de los casos es, a la vez, el más polémico. La Contraloría imputó a Petro porque en su mandato la ciudad recompró acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI) y, según la entidad, ese proceso habría causado un detrimento que ronda los 900.000 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía ya archivó una investigación por esos mismos hechos y Petro ha dicho que esa movida fue un negocio redondo para la ciudad. Le recomendamos: Las multas de Petro que ponen en jaque su futuro político El panorama se le enreda aún más a Petro a raíz de una decisión que ratificó la Corte Constitucional que indica que las sanciones administrativas pueden impedir que las personas elegidas por voto popular se posesionen en sus cargos. Aunque se trata de un fallo que en apariencia suena lógico, para el caso de Petro podría resultar absurdo. Sobre todo porque el país podría terminar viendo en la cárcel al contralor Granados (procesado en uno de los filones del escándalo Odebrecht), y a Petro imposibilitado para hacer política, pocos meses después de haber recibido 8 millones de votos en las elecciones presidenciales. Y además resulta paradójico que los procesos que Granados le adelantó a Petro no tienen que ver con corrupción, sino con decisiones que muchos han calificado de “barbaridades administrativas”. Rebajar el pasaje de TransMilenio o intentar quitarles a los privados la operación del sistema de aseo de la ciudad para entregárselo al Distrito no significa robarle la plata al erario. Podría decirse que Petro pecó por imponer, con algo de soberbia, desorden y hasta improvisación, una visión ideológica del Estado. Le sugerimos: ¿Quién investigaría las acusaciones a Petro? No pocos de sus contradictores consideran que al exalcalde de Bogotá hay que derrotarlo en las urnas y no en un escritorio, en parte, porque el segundo escenario lo beneficia de cara a sus seguidores. Tan descabellado suena sacar a Petro con sanciones de la contienda política, que hasta declarados detractores del exalcalde como Daniel Coronell, Humberto de la Calle y Rodrigo Lara salieron la semana pasada a defenderlo. Antes de que saliera el petrovideo, el senador había convocado a una movilización de masas y a una ‘vaca’ multitudinaria. Esta tenía como fin pagar la millonaria multa en el caso de resultar ganador en una próxima elección presidencial. Su causa podría convocar a miles por cuenta de lo que muchos consideran una injusticia, pero difícilmente lograría recoger un billón de pesos. Una suma inalcanzable, y por lo mismo absurda.