Tres semanas estuvo sin respuesta la carta que las EPS más grandes del país le mandaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Se trataba de un documento explosivo en el que anunciaban que estaban reventados y que, si las cosas siguen como vienen y no les pagan lo que les deben, no irían más. Por primera vez, Compensar, Sanitas y Sura, que reúnen 13 millones de usuarios y 34.000 empleados, ponían una fecha para este temido adiós: el mes de septiembre. Y se armó la de Troya.
La publicación de la carta, casi un mes después, produjo un remezón enorme. “Eso no es cierto”, les contestó el presidente Petro, que las acusó de manejar la plata de manera “irregular” y aseguró no deberles nada. La Contraloría y la Procuraduría pidieron de inmediato más detalles y lanzaron alertas. Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se mostraron muy preocupados. El déjà vu de la reforma a la salud de Carolina Corcho volvió a estar latente. Había pasado algo peor a lo pronosticado: las EPS se están acabando, por simple inanición, sin necesidad de que la ley la apruebe el Congreso.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, citó a las tres EPS a una reunión. La cita fue cordial, pero tensa. El alto funcionario habló duro y los directivos también, pero al final algo bueno se concretó: el comienzo de un diálogo que continuará en unas mesas técnicas.
Sin embargo, al otro día el ministro convocó a una rueda de prensa. Llegó con los taches puestos. “Que una EPS se quebró… Aquí estamos listos”, dijo enérgico. El alto funcionario aseguró que esas compañías están “faltando a la verdad” y las acusó de ser “instrumentos políticos” en contra del Gobierno Petro.
Llamó la atención que el ministro aseguró que el problema no es de plata, pero no habló de solventar esas deudas. “Que en septiembre se van unas porque ya no pueden más, pues nos corresponde hacer un plan de contingencia. Todas las clínicas que quieran trabajar van a atender sus necesidades y nosotros les vamos a pagar directamente desde el Adres. Este Gobierno no va a permitir que nadie quede por fuera de la atención. Tenemos los recursos”, dijo enfático.
Las EPS habían sacado sus números rojos resaltados: “Sura, Sanitas y Compensar no cumplirían con los indicadores financieros al finalizar el año, pues han agotado un capital cercano a los 400.000 millones de pesos, en el caso de Sura; 415.500 millones, en el caso de Sanitas, y 278.700 para Compensar, los cuales fueron construidos durante los 30 años y 23 años de su existencia”. Dos razones expusieron para haber llegado a este punto: el pago de la UPC y los presupuestos máximos.
El ministro Jaramillo no le dio crédito a ninguna de sus explicaciones. Aseguró, por ejemplo, que no se podía hablar de crisis económica del sistema, pese a que la Superintendencia de Salud reconoció que, con corte a junio pasado, las EPS tuvieron una pérdida de 227.469 millones de pesos y el 61 por ciento de estas entidades hoy opera con números rojos.
La primera gran preocupación de las EPS es la UPC. Se trata del giro que hace el Gobierno por cada paciente. “Los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema”, sostienen los tres directivos. Hoy este valor está en 1.121.396,40 pesos al año. Es decir, menos de 100.000 pesos mensuales.
Ana María Vesga, líder de Acemi, enfatiza que la UPC “no es suficiente para cubrir el gasto en salud. En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por pago de la UPC, estas gastaron 102,5 pesos. Esto se explica en parte porque el cálculo de la UPC se hace con valores atrasados al menos dos años”. Los estudios que citan aseguran que debía subir un 8 por ciento por encima para 2022 y para este 2023, un 5,7 por ciento adicional. La alta inflación y la disparada del dólar explican en parte este hueco.
Jaramillo aseguró que la UPC subió “lo suficiente”. La cifra del aumento fue del 16,3 por ciento, 4 puntos más del 12 por ciento que, según él, calculó el Dane. “No es algo que nos inventamos y no calculamos”, sostuvo.
El ministro asegura que el Gobierno no debe nada. “Nadie puede decir que se le va a acabar la plata. Cada mes les pagamos lo que les corresponde y por anticipado”. Jaramillo tiene razón en lo que dice, pero la realidad es que las EPS no están pidiendo solamente que paguen, sino que paguen lo que les está costando el servicio. Y en eso no tienen un punto de encuentro. El Gobierno no reconoce como deudas eso que se gastan de más.
Sobre la UPC, las EPS proponen ajustar un pago de acuerdo con el estado de salud del paciente. Aseguran que, al no hacerlo, “varias EPS presentan problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de enfermedad”. Explican que esto no significa que se aumenten los recursos totales, sino solo que se redistribuya mejor la plata entre las EPS existentes. Hoy las tres grandes EPS que lanzaron la alerta concentran los pacientes más enfermos y con mayor gasto.
El segundo punto de la pelea son los presupuestos máximos. Se trata de recursos destinados a la financiación de tratamientos y atención de enfermedades no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud. Acemi sostiene que “el año pasado, Minsalud dejó de ejecutar 313.000 millones y para 2023 los recursos se agotaron a mitad de año. No se siguió el principio de anualidad, planeación e integralidad. A la fecha no se han girado los presupuestos máximos de julio y agosto de 2023 ni los ajustes de 2022”.
En este frente están los pacientes hoy más preocupados. “En esas tres EPS tenemos más del 40 por ciento de nuestra población. Son 32.000 que no pueden suspender tratamientos ni por un solo día. Sus vidas están en juego”, se lamenta Diego Fernando Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Huérfanas. El miedo a que haya un apague y vámonos, y el represamiento de la pandemia, ha hecho que muchos se vuelquen a pedir procedimientos.
Según Gestarsalud, entre 2019 y 2022, los pacientes atendidos por enfermedades crónicas aumentaron 34 por ciento; el número de atenciones, 52 por ciento; el costo de los procedimientos, 85 por ciento, y los costos totales podrían aumentar 40 por ciento en los próximos 10 años.
En las clínicas ya se siente la crisis. Las citas se están prolongando y los medicamentos agotando. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca, por ejemplo, lo dice sin filtros: “Actualmente se tiene una desfinanciación de los hospitales, estamos viviendo de la cartera, tenemos unos presupuestos que se terminan entre septiembre y octubre”. Una encuesta de Cifras y Conceptos realizada en junio pasado advierte que el 25 por ciento de los usuarios ha acudido a los servicios de salud ante el miedo de que se acabe el sistema.
La cara más visible y triste de lo que ya está pasando son los servicios de pediatría. Colombia debería tener unas 30.000 camas, pero solo hay 9.604. “Se han cerrado servicios pediátricos y obstétricos en Cali, en Medellín y Cartagena”, denuncia Mauricio Guerrero, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Los más recientes han sido en la Clínica Farallones de Cali y en el Hospital Infantil Concejo de Medellín. “En los últimos meses, se han cerrado siete servicios de pediatría y seis de gineco-obstetricia. El tema está estudiado: estos servicios no son rentables”, denuncia Diocel Lancheros Delgadillo, del Sindicato Nacional de Pediatras.
El ministro asegura que si las EPS colapsan, los pacientes podrán ir a un hospital cualquiera y deberán atenderlos, pero ahí los expertos recordaron viejos tiempos. “En los 90, el Seguro Social también dijo ‘atiéndanme los pacientes y yo les pago’. Rápidamente, la plata se agotó. Muchas instituciones clínicas y de laboratorios se quebraron. Y otras apelaron a prácticas non sanctas para tratar de oponer el pago de esas deudas”, explica el exministro Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud.
Los más pesimistas muestran un panorama catastrófico, en el que millones de pacientes sufrirán una desatención masiva. Aunque este escenario es negado por los directivos de estas entidades y por el Gobierno, es una posibilidad. Más de 13 millones de personas en el limbo “es un apocalipsis. El Gobierno no lo quiere reconocer porque han sido dogmáticos en su visión, pero se está acumulando una olla a presión”, concluye el exministro Fernando Ruiz.
Habla el presidente de Sanitas: las cifras rojas que lo tienen en jaque y lo que puede pasar con sus millones de pacientes. “Se nos acaba el oxígeno”
El presidente de Sanitas EPS, Juan Pablo Rueda, cuenta la crisis financiera que viven. Revela lo que podría pasar con pacientes en tratamiento y el personal de salud.
SEMANA: tras leer la carta, a muchos les quedó la pregunta: ¿EPS Sanitas cerraría en septiembre?
JUAN PABLO RUEDA (J. P. R.): de manera responsable, lo que estamos tratando de advertir es que la situación ha llegado a un momento muy crítico. De no resolverse, empezaremos a tener dificultades. Lo que anunciamos no es un cierre de la operación nuestra, ni que no vamos a atender más, sino que estamos llegando a un punto en que va a empezar a ser muy difícil responder por las obligaciones que tenemos. Lo que hicimos con el Gobierno fue pedirle un espacio para plantearle soluciones.
SEMANA: ¿cómo se llegó a este punto?
J. P. R.: en el último año y medio, los ingresos que recibimos para atender nuestras obligaciones han sido insuficientes. Las EPS tenemos dos tipos de reservas, dos tanques de oxígeno. Uno es el patrimonio. Entre 2022 y 2023 este disminuyó en más de 400.000 millones de pesos. Hemos agotado nuestros recursos en pagar atenciones de servicios que no se cubren con la financiación del Gobierno.
SEMANA: ¿cuál es el segundo tanque?
J. P. R.: las reservas técnicas. Son recursos para las atenciones en salud que se han prestado, pero que aún no se han pagado. Esa reserva se puede agotar pronto. Si eso pasa, y realmente no queremos llegar a allá, no podremos pagar oportunamente a nuestros prestadores. Si eso llega a ocurrir, ya existiría un riesgo real de que alguno de ellos no pueda atender a nuestra población.
SEMANA: ¿cuántos dependen de estos tanques?
J. P. R.: tenemos alrededor de 5.700.000 colombianos bajo nuestra responsabilidad y operamos en más de 500 municipios. Tenemos contratadas más de 3.000 instituciones entre clínicas, laboratorios y proveedores de medicamentos. Al año, gestionamos 90 millones de atenciones.
SEMANA: y si se agota, ¿qué pasa?
J. P. R.: cuando se agoten las reservas técnicas, que es lo último que nos queda, van a empezar a presentarse demoras en los pagos. No queremos que ocurra, pero entendemos que los prestadores continuarán atendiendo hasta que para ellos también sea imposible. Y en ese momento, que no puedo decir si es en uno, dos, tres o cinco meses, pueden verse afectados los usuarios. Esto no es señal de que va a haber un momento en que haya atención cero. Eso no va a ocurrir. Pero a partir de septiembre este flujo económico hacia los prestadores no va a ser el que es ahora.
SEMANA: ustedes sostienen que la UPC no es suficiente. El ministro Jaramillo asegura que sí y que les han pagado por adelantado.
J. P. R.: nosotros estimamos que el incremento de la UPC para 2023 debió ser de 24 por ciento. Entonces, aunque el incremento de la UPC del 16 por ciento es alto históricamente, no alcanza a cubrir no solo la inflación, sino la mayor frecuencia de servicios de salud que vivimos. Los recursos de la UPC sí se giran y se giran de manera anticipada, pero son insuficientes.
SEMANA: ¿de cuánta plata es ese faltante?
J. P. R.: para Sanitas, unos 400.000 millones de pesos al año. En el sector se habla de unos 3 billones de pesos.
SEMANA: el Gobierno no reconoce esa plata como una deuda, pero ustedes sí. ¿Por qué?
J. P. R.: porque mi responsabilidad como EPS es atender las necesidades de salud de nuestros usuarios. La responsabilidad del Gobierno es que la UPC sea suficiente. Ese desfase entre un mayor costo en atención y el ingreso que percibimos lo entendemos como una deuda. ¿Por qué? El Gobierno es responsable de que la financiación del sistema sea suficiente y sea sostenible. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación, pero el Estado no.
SEMANA: ¿qué más les deben?
J. P. R.: el covid dejó unas insuficiencias. También hay deudas explícitas en lo que no está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud y que viene por la vía del Mipres. El médico la diligencia, y como EPS debo garantizar el servicio. El proveedor le factura a la EPS. Entonces ahí tenemos unas obligaciones económicas que luego reclamamos al Gobierno. El ingreso que recibimos ahí tampoco es suficiente. En el caso de Sanitas, la cifra económica es muy relevante: más de 300.000 millones de pesos. Allí hay una cartera con los prestadores y el riesgo de que suspendan los servicios. Son medicamentos de enfermedades huérfanas, cáncer y enfermedades neurológicas complejas, entre otros.
SEMANA: entre los pacientes hay mucha preocupación. ¿Qué le dice a quien está en medio de una quimioterapia, está embarazada o tiene una cirugía pendiente?
J. P. R.: nosotros tenemos mucha fe y mucha confianza en que el Gobierno ha entendido la gravedad de la situación y que va a trabajar activamente en corregirla. Nuestros afiliados pueden seguir esperando de nosotros lo que han recibido en estos últimos 28 años: una intención y una determinación por cuidar de ellos. Quisiera que esa persona que está en medio de una quimioterapia, esa mujer en gestación o el paciente que tiene su cirugía pendiente sepa que todo lo que estamos haciendo es justamente para que no ocurra ninguna falta en su atención. Les diría que tenemos una devoción muy grande hacia nuestros afiliados. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance hasta el último momento, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos decisiones del Gobierno.
SEMANA: usted hoy es el presidente de esta gran EPS, pero también fue paciente. ¿Qué tanto ha pesado esa experiencia?
J. P. R.: esa es mi motivación y es mi vocación. Tuve un cáncer cuando estudiaba Medicina. Me enseñó muchas cosas. Una de ellas es que la energía de las personas debe estar en su recuperación y no en coordinarlo todo para su atención. También me enseñó lo complejo que es para una familia soportar la carga económica de una enfermedad catastrófica. Valoro más este sistema de salud. Nadie tiene que quedar en la pobreza, vender el carro o la casa, sacrificar la universidad de sus hijos. Si mi familia no hubiese tenido la posibilidad económica y el cariño para acompañarme en toda esa complejidad de servicios, tal vez no estaría aquí. Yo sí tuve que ver cómo muchas personas no lo lograron. Entonces, ciertamente me motiva que demos lo mejor de nosotros.
SEMANA: ¿qué vivió usted que hoy no suceda?
J. P. R.: no existían las EPS en ese entonces. El médico me formulaba la quimioterapia y teníamos que buscar en qué droguería estaban los medicamentos. Esperábamos semanas, a veces meses. La cirugía no se podía hacer si no se compraba la prótesis, se dejaba un depósito y había con qué pagarlo. El sistema ha garantizado muchas cosas. Tenemos que protegerlo.
SEMANA: ¿qué va a pasar con los médicos que trabajan en Sanitas si se acaba el tanque?
J. P. R.: si eventualmente llegamos a un problema financiero muy grande, probablemente no podríamos continuar con la vinculación de muchos de estos profesionales, no solo los que trabajan directamente, sino los de las redes aliadas. Yo creo que trabajo para los médicos siempre habrá, lo que pasa es que, el día que lleguemos a un momento en que la ausencia de las EPS genere un sistema que no es tan sostenible, cambiarán las condiciones de remuneración. Nosotros en Sanitas estamos seguros de que tenemos una remuneración justa y una forma de contratación honesta. Yo confío en que encontremos soluciones. No hay una inminencia de que pierdan su puesto de trabajo.
SEMANA: el Gobierno Petro ha sido muy duro con las EPS. Los han llamado ladrones y acusado de la muerte de niños guajiros. ¿Cómo se sienten ustedes?
J. P. R.: no nos sentimos bien. Hay un esfuerzo empresarial muy grande, un esfuerzo de muchos trabajadores. Si hay robo y fraude, hay que señalarlo y corregirlo. Los señalamientos de La Guajira son muy complejos. Nos duele mucho como país que haya mortalidad infantil en La Guajira, en el Chocó, incluso en las ciudades. Pero esos problemas no tienen que ver solamente con el sector salud.
SEMANA: la ministra Corcho tenía una relación muy tensa con ustedes. ¿Se han sentido mejor con el ministro Jaramillo?
J. P. R.: son dos personas muy diferentes. Yo creo que las instituciones deben trascender a las personas que están allí. No fue fácil con la doctora Carolina Corcho. No ha sido fácil con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. No ha sido fácil la comunicación, y si no hay comunicación, difícilmente podemos avanzar en el trabajo conjunto.
SEMANA: la carta produjo este diálogo que pedían. ¿Cómo ha sido?
J. P. R.: nosotros radicamos esa carta a finales del mes de julio. La semana pasada se concretó una cita para el miércoles. En esa reunión se abrieron unos caminos. No fue una discusión fácil. Pero creo que hubo una confluencia y por eso se abrieron unas mesas de trabajo. Hasta este momento aún no hay solución, pero ya hay un espacio.