El 18 de enero de 1989, 15 funcionarios judiciales llegaron al corregimiento La Rochela, en Simacota (Santander), para investigar los misteriosos asesinatos y desapariciones que estaban sucediendo desde hacía meses en el sector. El grupo se encontraba en una zona de tensión y recibía testimonios de campesinos cuando de un momento a otro, aproximadamente 40 hombres con fusiles aparecieron en la zona identificándose como guerrilleros. Según testimonios, los hombres les dijeron a los funcionarios que se acercaba una guerra con el ejército y les ordenaron abordar unos carros para salir del lugar. Después de recorrer un corto trayecto, los carros se detuvieron. De inmediato el grupo judicial vio como 15 hombres comenzaron a disparar. La intención era clara, lograr que los delitos cometidos por los paramilitares en la zona quedaran en la impunidad. Solo tres personas sobrevivieron, simulando estar muertos. Mucho de lo que actualmente se conoce es por la labor del Grupo de Memoria Histórica. Ellos descubrieron reuniones donde estuvieron presentes militares, mafiosos y políticos que habían sentenciado la muerte de los funcionarios judiciales desde antes que llegaran. Todos los asistentes a las reuniones clandestinas argumentaban que lo mejor era matarlos. El grupo de Memoria indicó que por ejemplo, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar temían que la visita del grupo judicial descubriera los cultivos de coca que  tenían en el municipio de Puerto Parra. La masacre fue solo el comienzo de un duro periodo para la rama judicial. La labor fue intensa, pero en menos de un mes se capturaron a casi todos los autores materiales y en agosto de 1989 cayó alias ‘Vladimir’, el líder del grupo asesino. Luego de las capturas se dispararon las amenazas y los asesinatos. Después de trasladar el proceso a Pasto y de tener el gran problema de que en ese entonces las autodefensas eran amparadas por la ley y promovidas por el Estado, el proceso quedó dormido hasta 1996 cuando la Fiscalía lo retomó. Desde ese año hasta el 2009 cada juez ha clasificado los delitos de diferente forma haciendo que el proceso se acerque a la prescripción. Todo un huracán de obstrucciones e impunidad ha tenido que soportar el caso de La Rochela a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó al país por este hecho. Muchos de los  implicados en la masacre ya han muerto y según el portal VerdadAbierta hoy es imposible reconstruir mucho de lo ocurrido. Además cita un informe del Grupo de Memoria Histórica que indica que  entre 1979 y 2009 se cometieron 1.487 hechos de violencia contra la rama judicial. “Centenas de funcionarios se inmolaron cumpliendo con su deber. Y en medio de la impunidad, por primera vez la memoria les hace justicia”, dice el portal.