Cuando la Corte Constitucional falló la tutela que le permitió al exministro Andrés Felipe Arias impugnar su condena, se encendieron las alarmas por el efecto dominó de un fallo incuantificable. Esta decisión le abrió la puerta a los aforados condenados después de 2014 en única instancia, y a todo aquel que hubiera sido encontrado culpable por primera vez en la justicia para que diera su último pataleo.
Desde un comienzo, la misma Corte Suprema de Justicia señaló que el impacto de esta decisión solo se podría conocer en la práctica, pues ni la rama judicial sabía cuántas personas serían las beneficiarias reales de la decisión. Faltando 20 días para que venza el plazo que estableció la Corte Suprema a fin de que los interesados interpongan recursos, SEMANA confirmó que medio centenar de personas han aprovechado la oportunidad de quemar su último cartucho.
Aunque probablemente la mayor avalancha llegará en las próximas semanas, en el listado aparecen por ahora 24 recursos que deberán resolver los tribunales superiores del país y 22 a cargo de la Corte Suprema. Además, un puñado de sentenciados después de 2018 también accedieron al derecho de impugnación que les había negado la Sala Penal de la Corte Suprema: el exfiscal Gustavo Moreno, los exsenadores Bernardo ‘el Ñoño’ Elías y Martín Morales Diz, y el exgobernador Alejandro Lyons, entre estos.
De los recursos que comenzará a revisar la Corte Suprema de Justicia, tiene el mayor impacto político el del exministro Andrés Felipe Arias, caso en el que las partes ya se pronunciaron. La defensa de Arias pidió absolverlo, la Procuraduría conceptuó en favor de una rebaja a la condena de 17 años y la Fiscalía reclamó que el proceso quede en firme. Con las cartas abiertas, el magistrado ponente, Gerson Chaverra, proyectará una decisión que resolverá una sala conformada por el magistrado Fabio Ospitia y la conjueza Whanda Fernández León.
Detrás del recurso de Arias viene una fila de inconformes, dispuestos a reabrir debates judiciales sobre procesos que estremecieron al país y parecían clausurados. Esta semana, el alto tribunal aceptó el recurso de dos de los protagonistas de la Yidispolítica. El exministro Diego Palacio y el excongresista Iván Díaz Mateus le pidieron echar para atrás la sentencia que ya terminaron de cumplir. SEMANA conoció que, en los próximos días, el exsecretario de Presidencia Alberto Velásquez y el exministro Sabas Pretelt de la Vega también pedirán revisar sus casos.
En el listado de recursos ante la Corte Suprema aparecen varios parapolíticos, que después de tocar las puertas de la justicia especial de paz decidieron jugarse su última carta en la ordinaria. Uno de ellos es el exsenador Álvaro ‘el Gordo’ García, quien envió su recurso de revisión a la Corte Suprema, pero lo rechazaron, pues su sentencia a 40 años por la masacre de Macayepo fue proferida antes de 2014, fecha límite establecida por la Corte Constitucional. El alto tribunal también estudia los casos de los exgobernadores Julio Acosta Bernal, de Arauca, y Julio Ibargüen Mosquera, de Chocó, condenados por parapolítica.
En la lista de inconformes también aparecen el general Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, y el exfiscal Rodrigo Aldana Larrazábal, condenado por recibirle un apartamento al exsenador Otto Bula a cambio de favorecerlo en procesos de extinción de dominio.
Asimismo, al lado de varios nombres reconocidos hay delincuentes de todas las estirpes, que quieren aprovechar el chance que dio la Corte Constitucional. Están, por ejemplo, Rubi Yiceth Ayala, condenada por lavarle plata al Loco Barrera; Juan Carlos Echeverry García, un narco que enviaba cocaína a África; Daniel Alexánder Mojica Rodríguez, hallado culpable de un homicidio en 2013; o Roger Stiven Jiménez Flórez, alias el Ruso, uno de los criminales más peligrosos de Bello, que se fugó de la cárcel y lo recapturaron.
Por ahora, la Corte Suprema solo ha resuelto la revisión que dejó intacta la condena a cuatro años contra el exfiscal Gustavo Moreno, próximo a regresar al país desde una cárcel en Estados Unidos. Un pronóstico similar les espera a muchos de los casos ya debatidos judicialmente en el pasado, cuyos condenados aspiran a una absolución en medio de un sistema judicial que parece no tener un punto final.