La Procuraduría General pidió fallo absolutorio a favor del exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas en el proceso penal que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de la Yidispolítica.
En los alegatos de conclusión, el delegado del Ministerio Público sostuvo que por “duda razonable” se debe absolver al exfuncionario del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este sentido consideró que no existe certeza que Moreno hubiese participado en los hechos materia de investigación.
El exsecretario general de la Presidencia fue enjuiciado por el delito de tráfico de influencias por supuestamente haber ejercido presiones para que se nombraran en diferentes cargos a personas cercanas a la entonces representante a la Cámara, Yidis Medina.
Esto como contraprestación por el voto de la congresista que fue clave para que el proyecto que buscaba crear la figura de la reelección presidencial inmediata pasara en la Cámara de Representantes.
Según reposa información en los archivos de la Corte Suprema, Moreno “influenció indebidamente a diversos servidores públicos con el objetivo de que éstos nombraran o contrataran en las respectivas entidades a personas allegadas a Yidis Medina Padilla, todo con el propósito de cumplir con las promesas y ofrecimientos que algunos miembros del Gobierno nacional le hicieron a la entonces congresista en retribución por su voto favorable al proyecto de Acto Legislativo 267 de 2004, mediante el cual, modificando el artículo 197 de la Constitución Política, se permitía la reelección presidencial”.
Moreno no es el único nombre involucrado en el escándalo. En 2021, los exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt de la Vega, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Alberto Velásquez Echeverri, interpusieron un recurso de apelación para tumbar las condenas en su contra por ofrecimientos que hicieron en medio de la llamada Yidispolítica. La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia mantener esas condenas.
Los tres altos funcionarios fueron condenados a 80 meses de prisión en el caso de los exministros y 60 para el exdirector del Dapre. La Corte Suprema de Justicia los halló responsable de hacer ofrecimientos y entregar a través de nombramientos, retribuciones por el voto de la entonces congresistas Yidis Mediana y la ausencia de Teodolindo Avendaño en la votación en la aprobación de acto legislativo que permitiría la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
En abril de 2015, el exsecretario general de la Presidencia fue condenado a ocho años de prisión por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el escándalo de las chuzadas.
El alto tribunal determinó que Moreno Villegas conocía y tenía acceso de primera mano a la información privilegiada recolectada por los agentes el organismo de seguridad por orden de la entonces directora, María del Pilar Hurtado Afanador para crear una campaña de desprestigio en contra de este grupo preseleccionado de personas, entre estas magistrados de la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos, periodistas y congresistas de la oposición del Gobierno de Álvaro Uribe.
Bernardo Moreno Villegas fue condenado como autor del delito de concierto para delinquir, determinador de varios delitos de violación ilícita de comunicaciones y autor de un delito de abuso de función pública y autor de varios delitos de abuso de autoridad por actos arbitrarios e injustos. Para la Corte Suprema existen pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de Moreno Villegas en la solicitud y obtención de información de inteligencia frente a los seguimientos adelantados a un grupo de magistrados en un viaje a la ciudad de Neiva, por parte del empresario Ascencio Reyes, señalado de tener vínculos con el narcotráfico.