En Colombia hay 104.000 personas registradas como desaparecidas, según el reporte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD). Uno de los rostros de esta inmensa cifra es el de Sixto Sánchez Padilla, un campesino desaparecido en Tierralta, Córdoba, en el año 2002. Desde entonces, su familia no ha detenido la búsqueda.
Yina Sánchez, su hija, tenía 12 años de edad cuando su papá desapareció. Después de cumplir la mayoría de edad decidió lidera la búsqueda de Sixto. Ella y su familia mantienen la esperanza encontrarlo con vida.
En el Día Internacional de los Desaparecidos, que se conmemora cada 30 de agosto, Yina recuerda que se enteró de la desaparición de su papá “cuando su hermana les llamó e informó que en la finca habían ingresado grupos armados y se lo habían llevado”.
Sixto Sánchez es una de las 3.863 personas registradas como desaparecidas en el departamento Córdoba, según el universo de búsqueda de la UBPD. “La UBPD abre una ventana de esperanza para resarcir el dolor y emerger a una nueva etapa de mi vida”, aseguró Yina Sánchez, quien estuvo en la toma de muestras para avanzar en la búsqueda de su papá.
Luz Janeth Forero, directora de la UBDP, explicó que este año adelantan la estrategia ‘La búsqueda reapara’ “como un acto de redignificación de las víctimas y sus familias”.
Para este año, una de las actividades que se desarrollará este miércoles 30 de agosto será una muestra fotográfica liderada por las familias buscadoras.
“Es un esfuerzo que hacemos para mostrarle al país la complejidad que significa buscar a los miles de desaparecidos que dejó el conflicto armado. Es importante que recorramos cada una de las fotografías, veamos el dolor pero también la alegría de encontrar a las personas que fueron reportadas como desaparecidas”, explicó Forero.
General Arias Cabrales, condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue expulsado definitivamente de la JEP
El general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional durante la toma del M-19 al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, quedó expulsado definitivamente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este lunes, la Sección de Apelación ratificó su salida al considerar que no entregó información novedosa e incumplió con el compromiso para aportar a la verdad frente al caso de los desaparecidos.
En la drástica decisión, la Sala determinó que en sus sesiones el general en retiro negó la existencia de las desapariciones forzadas y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas. Esto pese a la evidencia que demuestra salió herido, pero con vida, del Palacio de Justicia, en la tarde del 7 de noviembre bajo la custodia de agentes de la Fuerza Pública. Sin embargo, su cuerpo apareció en el primer piso del Palacio.
En el extenso fallo, la JEP considera que el oficial en retiro violó sus deberes con el sistema y su obligación de reconocer la verdad sobre la materialidad de las conductas, pretendiendo afirmar -sin ningún tipo de evidencia y soporte- que el M-19 fue el autor directo de la muerte del magistrado Urán Rojas.
La Sala le reprochó el hecho que el excomandante de la Brigada XIII, quien, según todos los documentos, tenía la responsabilidad de comandar el operativo de recuperación, no explicó cómo es que al magistrado Urán se la vio salir con vida bajo custodia militar y por qué estuvo en una instalación militar y regresó sin vida al Palacio de Justicia. La explicación aportada por el compareciente niega esa realidad, afecta los derechos de las víctimas y constituye una flagrante violación de los deberes que adquirió al someterse a esta Jurisdicción.
Entre otras cosas, negó la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas, quien, conforme al registro fílmico de la época, salió herido, pero con vida, del Palacio de Justicia, bajo custodia de la Fuerza Pública. Posteriormente su cuerpo aparece entre las víctimas del Palacio de Justicia. Así mismo, violó sus deberes con el sistema y su obligación de reconocer la verdad sobre la materialidad de las conductas, pretende afirmar que el M19 fue el autor del asesinato del magistrado Urán Rojas.
Sin embargo, el general (r) Arias Cabrales no explica cómo es que a la víctima se la vio salir con vida bajo custodia militar y por qué estuvo en una instalación militar y regresó sin vida al Palacio de Justicia. La explicación aportada por el compareciente niega esa realidad, afecta los derechos de las víctimas y constituye una flagrante violación de los deberes que adquirió al someterse a esta Jurisdicción.