Una inusual respuesta dio el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, a la solicitud que hizo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para que revise las actuaciones del procurador delegado para el medio ambiente, Gustavo Guerrero, frente a la suspensión que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le dio a la operatividad del muelle 13, en Buenaventura.
Sobre esa petición, Eljach respondió: “Me corresponde notificarme y actuar conforme a los reglamentos, no por medio ni redes ni alaridos que nadie pegue. Yo actúo conforme el reglamento, me lo ordena y no he tenido la oportunidad de escuchar ese clamor de la señora ministra y quisiera saberlo oficialmente”.
El procurador Guerrero ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que en la suspensión de la Anla al funcionamiento del muelle 13, no hubo claridad ni certeza suficiente de la medida administrativa que afectó la operación, y hasta esa actuación podría terminar en investigaciones disciplinarias.
Guerrero ha manifestado: “El expediente no está conformado, no se tiene certeza sobre la totalidad de los documentos que conforman el expediente de las actuaciones administrativas de EPA Buenaventura. No tenemos certidumbre sobre qué medidas requirió EPA Buenaventura al titular del instrumento ambiental y, pese a ello, se toma la medida de suspensión”.
Frente a esos conceptos del procurador medioambiental, la ministra Muhamad le pidió a Eljach que revisara la actuación de Guerrero para que cumpliera su rol frente a los derechos humanos que se estarían afectando en este caso, y hasta advirtió que el funcionario estaría haciendo un uso excesivo de su cargo dentro de ese proceso.
El actual procurador general ahora espera que esa solicitud llegue formalmente a su despacho para revisar las diferencias que tendría el Gobierno con el procurador Gustavo Guerrero, quien ha adelantado inspecciones en el muelle 13 y ha sido uno de los contradictores más visibles de la suspensión que le dio la Anla a la terminal portuaria.
El Grupo Portuario, a cargo de la operación del muelle 13, en Buenaventura, ha rechazado en diferentes oportunidades la suspensión de las operaciones y hasta calificó como “desproporcionada” la exigencia que le está haciendo la Anla para volver a entrar en funcionamiento.
“Resulta arbitraria la interrupción inmediata de la operación, sin un aviso previo, considerando que se trata de un servicio público esencial, con grandes repercusiones sociales, económicas y laborales”, indicó la entidad.