Luis Carlos Vélez: ¿Cuál es su objetivo en este periodo como presidente de la JEP?
Eduardo Cifuentes: La JEP es una jurisdicción que tiene diferentes órganos judiciales. Por consiguiente, la actuación de la JEP se expresa a través de estos órganos y bajo la forma de resoluciones de conclusiones, autos y sentencias. Vamos a impulsar de una manera decidida la expedición de las primeras resoluciones de conclusiones relativas a los primeros macrocasos seleccionados, las que a su turno van a alimentar las sentencias del tribunal. Los máximos responsables comenzarán a rendir cuentas ante la sociedad colombiana.
L.C.V.: ¿En qué casos se prevé estas resoluciones?
E.C.: Se prevé inicialmente en el caso de secuestros y en el de ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, la jurisdicción tendrá que abrir nuevos macrocasos para atender otras situaciones graves que se han presentado en el conflicto.
L.C.V.: ¿Las Farc han entregado toda la información necesaria para proceder en estos casos?
E.C.: Los exmiembros de las Farc están obligados a aportar verdad exhaustiva. En los escritos de determinación de hechos y conclusiones son y serán llamados a rendir versiones con el objeto de que aporten y reconozcan verdad, además de que acepten responsabilidad. Si no lo hacen, lo mismo se aplica a los demás comparecientes, se exponen a un juicio adversarial con penas de prisión hasta de 20 años. Si no entregan toda la verdad, se hace para ellos, como para todos los comparecientes que no cumplan, un régimen adversarial.
L.C.V.: ¿Eso significa que eventualmente vamos a ver a algunos exmiembros de las Farc cumpliendo penas de prisión?
E.C.: Todo compareciente ante la JEP, trátese de exmiembros de las Farc, miembros de la fuerza pública o terceros comprometidos con delitos que investiga y sanciona la JEP, tienen en primer término el deber de aportar verdad, que será objeto de contrastación por la JEP, inicialmente en un trámite no adversarial. Si incumplen este deber, mienten, ocultan hechos, son reticentes, se les puede abrir un juicio adversarial con penas privativas de la libertad.
L.C.V.: ¿La JEP es un tribunal de absoluciones para los miembros de las Farc como dicen sus más duros críticos?
E.C.: Los críticos deben leer la Constitución y el marco normativo de la JEP. La JEP es una jurisdicción para poner fin a la larga impunidad del conflicto armado colombiano. Por el contrario, la JEP impone sanciones que son restaurativas y también son retributivas. Se trata de investigar, acusar y sancionar a los máximos responsables con las penas establecidas en el marco normativo de la JEP, las que pueden ser las sanciones propias de carácter restaurativo y que en todo caso restringen la libertad, o en el marco adversarial, penas de prisión hasta de 20 años.
L.C.V.: Hablemos del caso Santrich. ¿Por qué argumentan que la Fiscalía no envió toda la evidencia necesaria para decidir este caso?
E.C.: No la envió. La sección de revisión solicitó todas las pruebas; audios y videos en poder de la Fiscalía. Sin embargo, lo que la sección recibió fue una entrega informal de una memoria USB, carente de número serial para identificación que contenía audios obtenidos en una investigación realizada no a Santrich, sino a Marlon Marín. Por otro lado, esa evidencia no contaba con informe de analistas de línea, órdenes de interceptación de comunicaciones, cadenas de custodia, ni actas de control posterior o de control previo. Ante esta ausencia de colaboración que fue manifiesta, se solicitó asistencia judicial de Estados Unidos. La carta rogatoria que se le entregó al Ministerio de Justicia este la extravió. Por lo tanto no hubo colaboración ni de la Fiscalía para los efectos de pruebas, ni tampoco de parte del Gobierno de los Estados Unidos. Lo anterior pese a que el exfiscal había señalado públicamente que existía abundante material probatorio; audios y videos. Ahora se sabe que seguramente debido a la colaboración de entonces entre la Fiscalía y la DEA existen 24.000 audios, de los cuales solamente 12 fueron enviados a la sección de revisión. Esos 12 audios no servían para fundamentar una decisión, por eso en el fallo de la JEP se estableció la ausencia de pruebas.
L.C.V.: En retrospectiva, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor acierto y el peor error de la JEP?
E.C.: El mayor acierto ha sido el de la consolidación de la JEP, gracias a la actuación brillante de nuestra primera presidenta Patricia Linares. Esto ha permitido en un tiempo récord abrir y sustanciar siete macrocasos. Esta es una determinación que no tiene antecedentes en la justicia colombiana. Son más de 300.000 víctimas. Estos macrocasos muy pronto van a ofrecer al país y a las víctimas la imagen viva de la justicia transicional y el inicio de la rendición de cuentas de los máximos responsables por los crímenes del conflicto.
L.C.V.: ¿Y el mayor desacierto?
E.C.: Yo creo que la JEP, más que desaciertos, ha recibido sin cesar ataques injustos y se ha enfrentado a obstáculos de todo orden. Por ejemplo, la tardanza de una ley estatutaria luego de que se frenó el proceso a raíz de las objeciones presidenciales. Eso significó naturalmente una pérdida de tiempo muy grande para la jurisdicción, que tenía que contar con una ley estatutaria para que las actuaciones y procedimientos pudieran ponerse en marcha. Los debates de los sectores que desde un principio se opusieron a la JEP, en algún sector de la opinión pública han generado un clima adverso y plagado de falsos prejuicios. En el futuro, cuando se dicten las sentencias, tendremos el juicio de la historia. Creo que el veredicto del país va a ser muy positivo, pero tiene que darse más adelante. Pese a los ataques y las embestidas de unos sectores a los cuales en todo caso pretendemos también convencer, la institución se ha consolidado y los magistrados y magistradas están trabajando arduamente para cumplirle al país.
L.C.V.: Pero, ¿nada que haya que reevaluar?
E.C.: Pero es que este es un marco normativo nuevo, seguramente perfectible, pero hay que darle la oportunidad de ser probado. Cuando dictemos las resoluciones de conclusiones y las respectivas sentencias, ahí sí habrá material y podrá someterse a crítica constructiva. Trabajamos arduamente y con plena conciencia, con el objeto de que sean las víctimas las que al final sean las beneficiarias de esta actividad de buscar verdad, exigir responsabilidad y reparación a la tragedia humanitaria que es y sigue siendo el conflicto colombiano.
L.C.V.: Vamos a casos concretos. ¿Están casados con la teoría de que las Farc sí cometieron el crimen contra Álvaro Gómez?
E.C.: Nosotros no podemos en este momento anticiparnos al agotamiento de un trámite de procedimientos internos. Apenas se está examinando esa situación por parte de la sala de reconocimiento. Lo que podemos asegurar es que se va a actuar de una manera certera en el sentido de aplicar las normas, buscar las pruebas e imponer las sanciones correspondientes. En este momento, la familia de Gómez ha interpuesto un recurso. Hay que resolver ese recurso para que la actuación pueda continuar. Pero no puedo anticiparme a los resultados de esa investigación.
L.C.V.: En el caso de Dabeiba, ¿para la JEP está absolutamente claro que los cuerpos encontrados corresponden a falsos positivos y que hubo una negligencia del Gobierno de entonces?
E.C.: En este momento solo se trata de una medida cautelar. No es el momento para establecer responsabilidades. Son medidas cautelares que fueron solicitadas y están en ejecución. No podemos, en este momento, tomar una decisión de fondo.
L.C.V.: ¿Cómo están las relaciones con el fiscal Francisco Barbosa?
E.C.: Las relaciones con la Fiscalía son respetuosas y de colaboración recíproca en este momento.
L.C.V.: ¿Cómo están las relaciones con el presidente Duque?
E.C.: Nosotros respetamos el Estado de derecho. El presidente es consciente de los deberes que se derivan para él de la constitución y, particularmente, del acuerdo de paz.
L.C.V.: ¿Este Gobierno debería poder apoyar más el proceso de paz?
E.C.: Creo que no me corresponde a mí en este momento dar una respuesta sobre eso. Yo respondo por la JEP.
L.C.V.: Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada dijeron que no van a asistir a la Fiscalía en el caso de Álvaro Gómez. Como usted sabe, la Fiscalía aún tiene competencia. ¿Usted les pediría que asistan como declarantes?
E.C.: No es competencia nuestra la de hacer sugerencias. Nosotros asumimos nuestra propia competencia con los comparecientes forzosos de forma directa.