Emilio Tapia, quien se hizo famoso en el país por ser protagonista de uno de los escándalos de corrupción más grandes de país, el Carrusel de la Contratación en Bogotá, es de nuevo pieza clave en el entramado ilegal de la licitación que fue entregada a la Unión Temporal Centros Poblados, por más de un billón de pesos, de los cuales ya se esfumaron 70 mil millones del primer anticipo que dio el gobierno, para este proyecto que buscaba llevar internet a las zonas más lejanas.

En los últimos días, Tapia, quien se encuentra detenido por estos hechos en la cárcel La Picota de Bogotá, buscó de manera afanosa que la Fiscalía lo escuchara. Según él para contar todo lo que sabe sobre este caso y cómo se armó el esquema corrupto. Fue así como el ente acusador aceptó escucharlo en diligencia de interrogatorio en compañía de su abogado.

La primera sesión del largo interrogatorio se inició a finales de la semana pasada y duró cerca de nueve horas. La segunda se cumplió el miércoles pasado y también fue extensa, en esta ocasión Tapia estuvo dando su versión y explicaciones durante otras siete horas.

El contratista corrupto ha dicho “yo sí sé todo lo que sucedió en Centro Poblados”, y aseguró que su intención es entregar a la justicia, paso a paso, todo lo ocurrido. Eso sí, a cambio de beneficios judiciales como un eventual principio de oportunidad que hoy no parece fácil de ser otorgado, pues ya lo había obtenido cuando fue condenado en el Carrusel de la Contratación de Bogotá. Justamente, por eso tenía casa por cárcel, pero había burlado esta medida viajando por todo el país, haciendo negocios, en especial en Medellín, donde buscaba una lujosa casa y tenía reuniones para establecer los lineamientos del contrato de Centros Poblados.

Tapia contó cómo se inició este proceso y la manera en que se fue contactando con cada uno de los protagonistas de esta historia, que para la justicia son sus cómplices y hoy están detenidos. De forma detallada contó los lugares en los que se reunían para crear la Unión Temporal, quiénes hacían parte de los encuentros, cuál era el rol de cada uno de los socios, a qué se comprometían y, finalmente, qué papel terminaron jugando en esta trama corrupta.

Hay que recordar que alrededor de este escándalo se han venido ventilando extraños cambios en los objetos sociales de las empresas que forman parte de la Unión Temporal a pocos días de la firma del contrato, el incremento patrimonial en 25 mil millones en una empresa que hasta entonces parecía de papel, un contrato de tecnología a compañías que solo se habían dedicado a la construcción y polémicas relaciones con otros protagonistas de escándalos de corrupción eran temas que giraban en torno a Centros Poblados.

No se trataba de un negocio de poca monta, era de más de un billón de pesos, pero además el compromiso del presidente Iván Duque de llevar internet a zonas apartadas del país, que ahora quedó en manos de la Unión Temporal ETB NET. Al parecer, en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) omitieron o no se percataron de las tozudas dudas que rodeaban a las firmas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados.

La Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic); Intec de la Costa; ICM Ingenieros, y Omega Buildings son las cuatro empresas que forman parte de la Unión Temporal Centros Poblados.

El contratista ha prometido contar la verdad porque asegura que lo que se ha conocido hasta ahora, en los medios de comunicación, es una verdad a medias, pero que la realidad es solo una y contra esta nadie puede ir. Asegura ser el dueño de esa verdad.

Afirmó que la millonaria licitación, en la que participaron empresas incluso con más experiencia y trayectoria internacional, se ganó en franca lid. Aunque resulte difícil de creer por el prontuario de Tapia, señaló que contrataron a experimentados consultores que seguían en detalle los pliegos licitatorios y requisitos que debían cumplir para ganar el contrato.

Durante los interrogatorios, hubo un episodio que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Emilio Tapia aseguró que lo engañaron con lo de las pólizas que resultaron ser falsas. Nunca supo que eran chimbas, afirmó.

Se trató de un requisito fundamental para ganar esta licitación que no habían logrado conseguir, y para poder participar habrían acudido a Juan José Laverde, representante de Seguros Rave, quien tramitó supuestamente de forma irregular esta garantía, que finalmente resultó chimba.

Pero tampoco fue verificada, según contó a la Fiscalía, Libardo Polanco, representante de SES Colombia, la firma que contrató el MinTICpor más de 400 millones de pesos como consultora y analista de riesgo. Su trabajo era verificar, contrastar y confirmar la autenticidad de las garantías que presentó Centros Poblados, pero, pese al millonario pago, no advirtió las irregularidades.

Tapia, en los largos interrogatorios, aseguró que no tuvo ninguna relación con la entonces ministra TIC, Karen Abudinen, y dejó entrever que no hubo funcionarios de esta cartera involucrados o que hubieran intentado favorecerlos en la licitación.

Ha dejado claro que está buscando un principio de oportunidad, en el que se acumulen todos los cargos y delitos en su contra y poder llegar a una negociación. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso aseguran que en el caso Centros Poblados no se hará una feria de beneficios para los involucrados. Se examinará minuciosamente la información entregada, que tendrá que ser valorada a profundidad antes de extender algún beneficio. Es decir, Tapia no la tendrá fácil. Se trata de un delincuente reincidente, que ya fue favorecido por delator, y si busca este camino tendrá que hablar.

En sus acercamientos con la Fiscalía, Tapia, como ya es su costumbre, sería el delator de personas que hasta el momento no han salido a la palestra pública en este caso. También ha prometido entregar documentos, más allá de su declaración, como evidencias que sirvan para sustentar sus afirmación y avanzar con certeza en el proceso. Pero, hasta el momento, en casi 16 horas de interrogatorio, no lo ha hecho.

Como resulta costumbre con los delincuentes, su prioridad es cambiar las condiciones de reclusión. Se ampara en que siente temor por su vida, tal como lo hizo en el pasado, en marzo de 2016, cuando, estando recluido también en La Picota aseguró que lo pretendía envenenar y fue traslado a la Base Naval de Cartagena. Ahora pide que lo manden a la cárcel El Bosque en Barranquilla.

Tapia no es el único que ha levantado la mano con la finalidad de negociar con la justicia a cambio de prender el ventilador. Lo propio ha hecho Juan José Laverde, representante legal de Seguros Rave, quien ya se acercó a la Fiscalía también en la búsqueda de un principio de oportunidad, ha dicho que Tapia era el verdadero cerebro detrás de Centros Poblados. Otros de los protagonistas de esta trama corrupta están por tomar el mismo camino y ya le han hecho guiños, incluso, están dispuestos a hacerlo algunos que están en libertad pero ya ven que la justicia les sigue los pasos de cerca.

La próxima semana Tapia es nuevamente esperado para dar declaración en la Fiscalía, seguramente serán varias las sesiones en las que el empresario corrupto tenga que sentarse a contar su versión.