Richar Maok Riaño Botina fue condenado por utilizar, en el año 2022, sus redes sociales para lanzar acusaciones constantes y sistemáticas contra la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, quien para entonces era la encargada de resolver la solicitud de preclusión en el proceso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Tras un año de juicio, en el cual su presencia brilló por su ausencia, el juzgado 38 de conocimiento de Bogotá determinó que el hombre, que se presenta en sus redes sociales con el nombre de HackerFiscalía, injurió y calumnió a la funcionaria judicial tras calificarla de “corrupta” y “cercana al uribismo”. Durante el proceso penal se determinó que esos señalamientos no contaban con ningún tipo de base ni sustento.
Pese a que alegó, por medio de su defensa, que esas publicaciones las hizo amparado en el derecho a la libre expresión, en el sentido de fallo se manifestó que este no es “absoluto” como lo ha señalado la Corte Constitucional y “no es absoluto, porque no se permite que una persona lesione el derecho fundamental a la honra” de otra. Igualmente, se tuvo en cuenta que, pese a que fue citado varias veces, nunca se presentó a una conciliación o se retractó de lo dicho contra la jueza Ortiz, por lo que se entiende que seguía convencido de que sus afirmaciones eran ciertas.
La prueba clave para emitir la sentencia fue el video que publicó en su canal de YouTube, y el cual cuenta con 14 mil suscriptores, en el que hizo varios señalamientos contra la funcionaria judicial, advirtiendo que por su ideología política iba a terminar archivando el caso. La publicación tuvo una fuerte repercusión en otras redes sociales en las que se expandieron los ataques contra la jueza. Por esto, a los delitos de injuria y calumnia se le puso un agravante.
Tras conocer el sentido del fallo condenatorio, el delegado de la Fiscalía, la Procuraduría General y el representante de la jueza 28 de conocimiento pidieron que se emita una condena ejemplar, puesto que con sus señalamientos afectaron el buen nombre y honra de la funcionaria, advirtiendo que existe un agravante puesto que sus señalamientos se hicieron en contra de una jueza de la República.
En sus alegatos, el fiscal manifestó que con sus acusaciones quería presionar a la jueza de conocimiento y poner en tela de juicio la decisión que iba tomar, enfatizando en que los señalamientos se hicieron mientras la funcionaria escuchaba a todos los sujetos procesales para tomar una decisión de fondo.
Por esto, además de pedir que se fije una sentencia no menor a los diez años de prisión, también solicitó que se emita una orden de captura ante la Interpol puesto que, como se supo en el desarrollo del juicio, el ahora condenado se encuentra en Canadá desde hace varios años alegando persecución política. Además de fijar una medida para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. “La pena impuesta enviará un mensaje a la comunidad dentro del marco de prevención general”.
El próximo 17 de mayo, el despacho judicial dará a conocer el monto de la condena y fijará si avala o no las peticiones hechas por el fiscal, procurador y representante de víctimas.
La jueza 28 de conocimiento, el 28 de abril de 2022, rechazó la solicitud de la Fiscalía General para prescribir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación y presión a testigos, considerando que la Fiscalía había dejado varios vacíos en su solicitud de preclusión.
Después de cinco meses, y con un nuevo fiscal, se solicitó nuevamente archivar la investigación. La decisión definitiva se conocerá en el mes de mayo.