Una vez fue puesto ante un juez de garantías tras ser capturado en La Pintada, Antioquia, al salir de una iglesia, James Arias Vásquez, más conocido como el ‘Zar de la chatarra’, aceptó cargos por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El lunes 21 de diciembre la Fiscalía logró que Arias fuera 'acusado en contumacia' (persona ausente), tras las reiteradas ausencias y la rebeldía de presentarse a las audiencias de imputación de cargos que le ha hecho la justicia. Según la Fiscalía, a través de su empresa C. I. Mundo Metal, ha movido más ingresos que todos sus competidores juntos. “Arias Vásquez concurrió objetiva y subjetivamente en la entrega de documentos que le servían a los empresarios con empresas de fachada, simular operaciones comerciales y luego reclamar el valor del IVA con la colaboración de empleados de la Dian que ya están procesados penalmente“, sostuvo el fiscal del caso. Esta presunta red de lavado de activos, que operaba en complicidad con decenas de particulares a través de empresas de fachada, simulaba exportaciones ficticias de chatarra a China, Panamá y Venezuela. Luego procedía a recobrar a la DIAN el IVA de estas transacciones comerciales. Dos de sus empresas, Metal Comercio y Mundo Metal, cayeron bajo el escrutinio de las autoridades. La investigación se derivó del sonado caso de corrupción en la DIAN protagonizado por Blanca Jazmín Becerra, que hace poco menos de tres años fue capturada como cerebro de una organización ilegal y condenada a 26 años de cárcel. Se calcula que tan solo en una de las empresas, identificada por las autoridades como C. I. Mundo Metal, compró en el 2007 cerca de 60.000 millones de pesos en chatarra sólo en Cúcuta, Norte de Santander, equivalentes a cinco millones de kilos de material, lo que no concuerda con la cantidad de población y número de industrias, que no generan tantos desechos de acuerdo con los estudios adelantados por la entidad. La Fiscalía emprendió una investigación para establecer quiénes serían los proveedores en varias zonas del país de las empresas utilizadas por James Francisco Arias.