En un documento de 92 páginas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la libertad condicional de la excongresista Zulema Jattin Corrales. En el minucioso estudio se concluyó que la otrora presidenta de la Cámara de Representantes ha cumplido con sus compromisos para aportar a la verdad sobre los nexos entre la clase política (léase congresistas, gobernadores, alcaldes), empresarios y funcionarios públicos con los grupos paramilitares en el norte de Colombia, principalmente en el departamento de Córdoba.
En la decisión, emitida el pasado 18 de agosto, se ponen de presente los temas principales en los cuales Jattin entregará información minuciosa y detallada, así como sustento probatorio. Igualmente, y por primera vez de forma directa, la exrepresentante a la Cámara reconoció haber firmado un pacto político con los grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso Gómez en 2003.
Sin embargo, admitió que no fue la única, puesto que en el llamado Pacto de Sindicato se sumaron Julio Manzur –senador conservador– y el contratista Juan Carlos Aldana. “Hubo un pacto no escrito, pero tácito, con las Autodefensas para entregarles las secretarías si ganaba el candidato del llamado Sindicato”. Con esto, dejó en claro la forma como se negoció el apoyo de Aldana a la Gobernación de Córdoba.
Jattin entregó nombres completos de las “cuotas” de los paramilitares en los cargos en la Gobernación, señalando que muchos de ellos no han sido investigados hasta la fecha por estos nexos con las AUC. Por ejemplo, William Saleme Martínez, quien fue secretario de Hacienda, ha ocupado otros cargos públicos, entre estos juez y funcionario de la Defensoría del Pueblo.
El hecho de que no exista un expediente contra Saleme Martínez fue catalogado por la excongresista como “increíble”, y manifestó que entregará las evidencias. “Es uno de los nombres que yo quiero presentarle como aporte a la jurisdicción, porque es increíble que no solo no haya sido procesado por un vínculo directo, reconocido por todos los autores en ese momento, sino que también ocupe cargos en la jurisdicción ordinaria”.
Reunión con Uribe en 2022
En el segundo acápite de colaboración, llamada “Aportes novedosos ofrecidos por la compareciente”, se cita el capítulo ‘Reunión con el candidato Álvaro Uribe en el 2002″. En esta se señala, como contexto, que el 13 de septiembre de 2021 se reunió con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso para planear la estrategia política de cara a las elecciones que se iban a celebrar en 2022.
En ese encuentro estuvo presente el director del Meridiano de Córdoba, William Salleg. “Nos reunimos allí en un quiosco que lo llamamos nosotros en esa finca y me notificó que no podía volver a hacer proselitismo político en los municipios de Tierralta y Valencia porque esa zona estaba orientada por él a la votación de Eleonora Pineda, que aspiraba la Cámara de Representantes, y de Miguel de la Espriella, que aspiraba el Senado para las elecciones del año 2002. Tuvimos una discusión muy fuerte porque a mí no me gustó que me cerraran dos municipios en los que yo había hecho alguna presencia política desde el 98 a esa fecha”.
Eso generó una fuerte discusión con el jefe paramilitar por la restricción que estaba fijando de realizar actividades políticas. Por esto, manifestó que iba a celebrar una rueda de prensa en Bogotá para “contar lo que está pasando en Córdoba”.
En enero de 2022, citó Jattin, “a razón de la reunión con Mancuso, la compareciente se refirió a la reunión que sostuvo ella y otro candidato del departamento de Sucre, con el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez”.
Según reseña un resumen de la Sala, “esta reunión tampoco había sido conocida por la justicia penal ordinaria. En dicho encuentro, la señora Jattin le explicó al señor Uribe las dificultades que tenía en su campaña para las elecciones legislativas, por la injerencia que tenían los paramilitares en el departamento. En esa reunión, Uribe le dijo que si no tenía pruebas escritas de estas restricciones, era mejor que no lo denunciara”.
Esta es la declaración textual de Zulema Jattin frente a esos hechos
“Por eso le llamé al entonces candidato a la Presidencia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba en esos días en la finca de Montería, en jurisdicción de Montería, y le pedí que me recibiera (…) Acudí a esa reunión en compañía del doctor Luis Felipe Villegas Ángel, que era congresista por Sucre y que también está presentando su nombre a las elecciones de la Cámara de Representantes del año 2002, pero por el departamento de Sucre, y que tenía digamos allá unos problemas similares a los míos (…) Entre los dos fuimos al Ubérrimo en enero de ese año, le contamos al candidato, en ese momento candidato presidencial por lo que estaba pasando en Córdoba y en Sucre, con nombres propios (…) y él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no solo fuera mi testimonio de la prohibición, de la prohibición de ser proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara esa prohibición.(…) Pero eso era imposible la verdad en ese momento, que existiera un documento con un llamado de cualquier jefe paramilitar, pues estaba claro que no podíamos ir a donde ellos no querían que fuéramos, y me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, pues él creía que lo mejor fuera que no, que no pusiera esa denuncia y que, y que tratará de hacer campaña en el resto del departamento”.
Frente a esta misma declaración, los magistrados le cuestionaron por las razones que tuvo el entonces candidato, a lo que la excongresista respondió que “se trataba probablemente de intereses políticos del candidato”.
En enero de 2002, Álvaro Uribe Vélez era candidato presidencial y ya había, de acuerdo con las encuestas de esa fecha, digamos tenía una opción realmente importante de ser elegido presidente de la República, quienes lo acompañaban a él en ese momento, ya era, ya era un nutrido grupo de congresista o de aspirantes al Congreso en todo Colombia. A diferencia de cuando yo decidí acompañarlo, que fue alrededor del año 99 que éramos muy poquitos en el Congreso quienes creíamos que Uribe tenía alguna opción real (…) Yo le hablé a él específicamente de la doctora Eleonora Pineda y del doctor Miguel de la Espriella, porque, Salvatore Mancuso me había dicho que ellos eran sus candidatos (…) Creo que a él le interesaba que ellos lo acompañaran, le interesaba que todo ese andamiaje político, ya que lo estaba acompañando en Córdoba, se mantuviera y si yo me ponía a hacer ruido o a denunciarlo o a hacer público que estaba, digamos público a nivel nacional, porque en Córdoba era de público conocimiento que no podíamos ir a esa región ninguno de los otros aspirantes, pero a nivel nacional eso no era conocido. Pues ese ruido iba a afectar la campaña presidencial, porque ellos eran candidatos y congresistas que estaban apoyando la candidatura de Álvaro Uribe; así lo entendí en ese momento y pues yo quería que él ganase también las elecciones y entendí que políticamente no era oportuno o políticamente correcto que yo hiciese ese tipo de pronunciamientos a nivel nacional, y que si bien estaba en riesgo la credencial mía, pues había una un objetivo mayor que era que él ganara la Presidencia y preferí dejar de ir a los municipios y quedarme callada y redoblar el trabajo donde podía moverme con mayor tranquilidad, que eran los municipios más grandes de Córdoba, que eran Montería, Sahagún y Lorica, más grandes en población y en potencial electoral.
En la sesión, celebrada el 20 de diciembre pasado, Jattin calificó a Uribe como un hombre “muy prudente en sus expresiones” y “opiniones personales” por lo que no hablaron más sobre lo ocurrido, así como del consejo para que no denunciara. “Básicamente porque los dos candidatos que estaban respaldados por los paramilitares estaban apoyándolo a él y pensé que él podía tener alguna incidencia en ellos para que no se diera esa limitación y esa restricción de movimientos, y porque, era también de público conocimiento que tanto militares como Policía en ese momento tenían una relación muy cercana con la honorable magistrada, con las llamadas autodefensas”.
La reunión con Salvatore Mancuso llevó a que Jattin desistiera de hacer cualquier acto político en los municipios que le habían vetado, ordenando quitar cualquier tipo de publicidad a su campaña y no realizar recorridos por esas zonas.