Después de una investigación y ante la contundencia probatoria aportada por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural en contra de las tres mujeres procesadas por comercializar droga en el centro de Barranquilla, pero además por ofrecer a los clientes jóvenes menores de edad para cometer actos sexuales con ellas y obligarlas a consumir estupefacientes.
La acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con la Sijín de la Policía Nacional y el grupo de Infancia y Adolescencia, logró la judicialización de tres mujeres que integrarían la estructura criminal denominada Los Clientes, y quienes fueron capturadas el pasado lunes 28 de noviembre.
“La investigación dirigida por un fiscal de la Seccional Atlántico, reveló que las mujeres, presuntamente, vendían sustancias ilegales y ofrecían a clientes niñas entre los 14 y 17 años para servicios sexuales”, indicó la Fiscalía.
Las víctimas de la red serían niñas entre los 14 y adolescentes de 17 años, y lo más alarmante del caso es que todo el accionar delincuencial de las mujeres se registraba a una cuadra de las instalaciones de la Fiscalía, más exactamente sobre sector de la calle 41 con carrera 41 y sus alrededores, donde se encuentran lugares de lenocinio, bares y hoteles, donde realizaban el tráfico de estupefacientes de manera concertada y el proxenetismo con menores de 18 años.
“Se estableció que serían al menos tres las víctimas. Los hechos se registraron desde noviembre del 2021, en el sector del centro de la capital del Atlántico”, mencionó el ente acusador.
Las tres mujeres fueron identificadas como Marilexis del Carmen Ortega Ortega, Mónica Patricia Polanco Martínez y Ana María Ortega Beltrán, “la Fiscalía imputó a las procesadas los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y proxenetismo con menor de edad”, dijeron desde la Fiscalía Genera de la Nación.
Sin embargo, las señaladas no se allanaron a los cargos, pero aun así fueron enviadas a un centro de reclusión.
Según información policial, las jóvenes menores de edad eran sometidas y negociadas para actividades de tipo sexual con clientes consumidores de estupefacientes y es por ello que también dentro de los moteles aledaños al centro de la ciudad, donde las ingresaban, eran obligadas a acompañarlos a consumir sustancias alucinógenas, como marihuana y cocaína que también eran comercializadas por las mujeres.
La mayoría de las víctimas eran menores de edad de nacionalidad venezolana que eran ofrecidas en 50 o 100 mil pesos. Cuatro de ellas quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que pudieran ser restablecidos sus derechos.
En el departamento de Antioquia también fue enviado a la cárcel un hombre luego de ser señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber abusado, supuestamente, a su pequeño hijo de cuatro años en el municipio de Bello. El caso está minando de prácticas aterradoras que vinculan a un amigo del presunto agresor.
Los hechos que están siendo investigados por las autoridades judiciales habrían ocurrido entre junio de 2021 y julio de este año. Entre las pruebas recopiladas aparece un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se evidencia que la víctima contrajo una enfermedad de transmisión sexual producto de los abusos.
Al parecer, los vejámenes se cometían en la casa de un allegado del padre que también se sobrepasaba con el menor. El Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual del ente de acusación le indicó a un juez de la república en medio de las audiencias de imputación de cargos que en el delito habría una sistematicidad estremecedora.