En el Caribe colombiano puede ocurrir un estallido social sin precedentes si no hay una solución de fondo con el tema de los cobros excesivos en los costos de la energía eléctrica por parte de la empresa Air-e, que hoy tienen que afrontar los usuarios.
Por ejemplo, en Barranquilla, están cansados de los recibos que son impagables en los estratos 1 y 2 e incluso en el 3, pues las comunidades aseguran que lo que logran pagar no se refleja en el servicio que reciben.
La inconformidad estaba entre los usuarios y con el anuncio de los períodos de continuidad por parte de la compañía Air-e, se desató el caos en varios puntos del Atlántico incluyendo su capital.
Dichos cortes de energía los realizaron durante varios días con una duración 6 horas que lo que buscaba era bajar el consumo de las zonas que no estaban cancelando el servicio por diferentes razones.
Los bloqueos y las protestas amenazaban con salirse del control de la Policía Nacional, por lo que los alcaldes de los municipios afectados se reunieron con los directivos de la compañía comercializadora, pero todo terminó en un tremendo agarrón en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, donde no hubo acuerdos.
Incluso, durante la noche del viernes 26 de julio, hubo bloqueos por parte de las comunidades en el suroccidente de Barranquilla, pese a que ya había un acuerdo entre la empresa Air-e y el gobierno.
Los mandatarios terminaron alegando que sus municipios no tenían los recursos para asumir las altas deudas de sus comunidades.
Fabian Bonett, alcalde de Galapa, un municipio situado en el área metropolitana señaló que la decisión de la empresa no fue la mejor porque se ha desatado el caos de las comunidades.
“Las finanzas de los municipios no nos permiten asumir esas deudas. En el caso de Galapa, son $50 mil millones y en el momento no tenemos condiciones para pagarlos. Les pedimos que sean empáticos y se coloquen en los zapatos de las comunidades. No hemos llegado a ningún acuerdo, porque se van a mantener las suspensiones y racionamientos hasta que no haya una conciliación de pago”, agregó.
SEMANA se comunicó con la empresa Air-e con el fin de poder conocer cuáles eran los últimos acuerdos a los que llegaron en medio de las reuniones que tuvieron en la ciudad de Bogotá con las autoridades y Jussi Zelaya, Director General de Control de Energía, sostuvo que avanzan en diferentes estrategias para poder solucionar esta situación.
“Se llegaron a ocho acuerdo en medio de una reunión que hubo en la ciudad de Bogotá. El ministerio de Minas y Energía está empujando la resolución en la Creg que permite defractar el precio de generación que se inflaron con el IPP artificial que hubo en los años 2021 y 2022, esto es bueno porque podría ayudar a bajar el precio de la energía a estos barrios subnormales”, precisó.
De igual manera, el funcionario aseguró que le dieron un periodo de 10 días a las poblaciones que tienen estas millonarias deudas para poder lograr el tope de un recaudo para no volver a interrumpir el suministro.
“La empresa Air-e le ha tocado asumir el costo de cerca de 76 mil millones de pesos por mes por los barrios subnormales que no están cancelando el servicio de energía como debería ser, cuando los alcaldes deberían asumir estos costos, pero no estaban aportando nada. Se les está dando la oportunidad a ellos haciendo una senda de mejora que lo que busca es que con el transcurso de varias semanas se le ponen metas graduales y puedan llegar a sus índices de recaudo meta que hacen que los periodos de continuidad no se vuelvan a realizar“, explicó.
En caso de que las comunidades no lleguen a la meta de recaudo desde Air-e aseguraron que le darán la opción a los alcaldes para que abonen a esa deuda, mientras los usuarios se normalizan con los pagos.
Desde la empresa Air-e aseguraron que en estos sectores el derroche de energía es bastante alto porque no están cancelando el servicio por lo que también trabajan en una estrategia que lo que busca es un ahorro por parte de los usuarios.
Ahora, en el Caribe la situación no es la mejor y lo que aseguran muchos lideres es que más que la voluntad de los alcaldes y de la empresa Air-e debe haber una voluntad política desde el gobierno del presidente Gustavo Petro.