El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, advirtió que al menos cinco comercializadoras de energía se encuentran en riesgo por las condiciones financieras que atraviesan.
“La mayoría son electrificadoras públicas. Hay algunas en situación complicada porque en la pandemia se dictaron normas como la Opción Tarifaria, donde el incremento no se transmitía al usuario y el resto quedaba diferido”, explicó el funcionario.
La situación está de la siguiente manera. Resulta que el Gobierno nacional se encarga de subsidiar un porcentaje de la tarifa de energía en los estratos 1, 2 y 3 para aliviar el pago de facturas en los hogares más vulnerables.
Ese dinero se obtiene del presupuesto anual, que para este 2023 quedaría en 422,56 billones de pesos. De esa cifra, 1,16 billones de pesos estarían destinados para cubrir dichos subsidios. No obstante, desde la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) alertaron que ese monto presupuestal no alcanzaría para suplir el déficit financiero.
“Para 2023 incluyeron recursos en el presupuesto para aliviar pago de las facturas a usuarios más vulnerables (estratos 1,2 y 3), pero este aún es deficitario para el sector eléctrico. El déficit es de $ 2.3 billones para 12 millones de usuarios que atienden las empresas de Asocodis”, explicaron desde el gremio.
Cabe recordar que la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica agrupa a 21 empresas distribuidoras de energía en todo el país.
“Se requiere que en proyecto de adición presupuestal se cubra el déficit de $ 2.3 billones, pero solo adicionan para energía 1.16 billones (aproximadamente 950.000 millones para 12 millones de usuarios que atienden empresas Asocodis) y ello afectaría bolsillo de usuarios más vulnerables”, agregaron.
El panorama es de tal magnitud que todo parece indicar que los recursos financieros, otorgados por el Gobierno, solo alcanzarían hasta el mes de julio. Por lo que solicitan más adición presupuestal o el valor a pagar, que aparece en los recibos de energía, podría incrementar.
“Lo incluido en el proyecto solo alcanzaría hasta el mes de julio. El nuevo proyecto, en vez de incrementar recursos, disminuyen. Y dados los problemas de liquidez de las comercializadoras, algunas lamentablemente no podrían continuar financiando subsidios, que es responsabilidad del Estado”, sostuvo el gremio de electrificadoras.
Asimismo, añadieron: “en caso de no disponerse de recursos de subsidios, se podría incrementar significativamente la factura promedio, más no la tarifa, para los usuarios de estratos 1 y 2, y podría ser mucho más por el fenómeno del niño y por alza en los precios en la bolsa de energía”.
Desde Asocodis reiteraron que “sin recursos, los subsidios actuales de 60 % y 50 % para estratos 1 y 2 no podría otorgarse. Los mayores impactos se presentarían en la región Caribe, donde el 45 % del déficit de subsidios está en esa zona del país y donde el 85 % de los usuarios son de estratos 1, 2 y 3″.
Y concluyeron: “urge que el Gobierno nacional y el Congreso de la República adicionen mayores recursos y eviten estos impactos a los usuarios más vulnerables de Colombia”.
Cabe añadir que, además de dicha situación, el fenómeno de El Niño también amenaza con disparar las tarifas energéticas toda vez que se reduce el nivel del agua en los embalses y, por ende, la energía se compraría en bolsa o se debe acudir a las termoeléctricas que funcionan con gas o carbón.
El superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, también expresó su preocupación por las quejas constantes de los ciudadanos con respecto a las tarifas y la calidad de los servicios públicos. Ante esto, mencionó la posibilidad de una reforma en la ley de servicios públicos para abordar estas preocupaciones, aunque no brindó detalles específicos al respecto.
Quiroga indicó que la necesidad de una reforma en el sector de servicios públicos ha sido planteada recientemente por el presidente Gustavo Petro, quien busca impulsar una transición energética y mejorar la calidad de los servicios. En respuesta, el presidente de Andesco señaló la disposición de las empresas para entablar un diálogo constructivo. Para el superintendente, es fundamental replantear la ley cuanto antes y señaló que tienen preparado un articulado que debería ser revisado.