Hay un gran revuelo en el departamento del Atlántico por las sospechas de alumnos fantasma en el municipio de Soledad. Veedores, ciudadanos, concejales y organismos de control ponen la lupa sobre la presunta corrupción.
Esta localidad tiene pocos colegios y un gran número de alumnos, por lo que se ha visto en la necesidad de contratar cupos en instituciones privadas. Así lo viene haciendo de manera directa desde el año 2015.
Bajo esta posibilidad, la administración suscribió un contrato con el Instituto San Judas Tadeo por $2.511.054.000, cuyo propósito es la “prestación del servicio educativo formal a la población estudiantil asignada por la Secretaría de Educación”.
Es decir, cubrir 1.533 becas que distribuía la Alcaldía entre los menores de edad para que pudieran recibir una formación de alta calidad durante la vigencia del 2024 en cinco de sus sedes, pero no tendría la capacidad para hacerlo.
Caracol Radio visitó las direcciones registradas en los contratos y constató que en los perímetros establecidos no funcionarían colegios y en otros operarían instituciones muy pequeñas que no tendrían el espacio para atender a todos los niños.
Así lo interpretó el concejal Bryan Orozco: “Quiere decir que el municipio pagará por estos servicios sin que efectivamente sean prestados, conducta que en la legislación penal se encuentra como peculado”, escribió en sus redes sociales.
La Procuraduría también se sumó a los cuestionamientos y anunció una investigación contra dos altas funcionarias de la Alcaldía por las presuntas irregularidades en la celebración del cuestionado convenio con el Instituto San Judas Tadeo.
Deberán responder por las posibles inconsistencias la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez y la secretaria de Educación, Aida Ojeda Vega. Así lo anunció el Ministerio Público en un comunicado dirigido a la opinión pública:
“Se investiga si se estarían presentando inconsistencias en la asignación de cupos escolares en este municipio que no cuenta con la infraestructura educativa oficial suficiente para atender la demanda de la población”, se lee en el texto.
El objetivo del ente de control es determinar si parte de los recursos que por el Sistema General de Participación entrega el Gobierno en educación en Soledad estarían siendo desviados y no utilizados para tal finalidad.
De momento, la Procuraduría de Barranquilla decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la posible ocurrencia de conductos irregulares y determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, también identificar potenciales responsables.
Frente a esta polémica, la Alcaldía de Soledad informó que contratará una auditoría externar para aclarar lo que hay detrás de la contratación para los cupos escolares. Serán estudiadas las sedes y los alumnos que aparecen en el sistema:
“Llegué al Gobierno prácticamente a portas de iniciar el año escolar y el proceso de contratación con el sector educativo se debió realizar con el surtimiento legal del todo el proceso y bajo los parámetros que determinar el Ministerio de Educación”, aseguró la alcaldesa.