En un operativo realizado por la empresa Air-e en el departamento del Magdalena con el acompañamiento de las autoridades, fueron detectadas 7 fincas dedicadas al cultivo y comercialización de banano que operaban con energía instalada de manera ilegal.
De acuerdo con un informe entregado por la compañía que se encarga del suministro de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, los siete predios están ubicados en Zona Bananera, específicamente en Aracataca, Riofrío y Sevillano. Tenían transformadores que fueron instalados sin autorización de la compañía. Varios de estos predios no aparecían registrados en el sistema comercial, no solo evadiendo el pago de la energía también el impuesto de alumbrado público y la contribución.
De acuerdo con los estimativos de los técnicos, las pérdidas son del orden de los 75.000 KWh/mes, es decir, 84 millones de pesos mensuales.
Para el caso de Aracataca, se detectó que la finca Omayra tenía el servicio directo. La finca bananera Por La Mar, tenía un transformador ilegal de 75 kVA y no aparecía registrada en el sistema comercial de la compañía. Asimismo, la finca bananera Las Margaritas tampoco estaba registrada en el sistema comercial de la compañía y tenía un transformador ilegal de 45 kVA.
En Riofrío se encontró la finca bananera Santa Helena con un transformador ilegal de 45 kVA; y la finca La Ilusión con un transformador ilegal de 45 kVA.
Por su parte, en Sevillano, corregimiento de Ciénaga, se encontró la finca Bello Jardín con un transformador ilegal de 75 kVA y sin facturación; y la finca El Molino con un transformador ilegal de 75 kVA sin facturación.
“Esta problemática no solo afecta a la empresa, sino a la calidad del servicio, ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas y afecta a los electrodomésticos. Lamentablemente, roban energía estas fincas que derivan sus ingresos del cultivo de banano, que es un producto de exportación”, indicó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín de la Hoz.
Frente a la conducta de los clientes, las mismas están tipificadas en el delito de Defraudación de Fluidos consagrado en el Código Penal, el cual tiene una pena máxima de seis (6) años y una multa hasta de 150 salarios mínimos.
Ante este panorama, para la empresa son fundamentales las denuncias que están siendo realizadas por los usuarios que responsablemente pagan el consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de manera contundente en contra de los delincuentes que, en perjuicio del resto de usuarios, siguen intentando cometer este delito. A través de los operativos realizados diariamente se ha logrado una mejora considerable en la disminución de las pérdidas de la región en los últimos meses.
A la fecha, la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos, de las cuales se destacan tres casos de concierto para delinquir, puesto que las autoridades han podido establecer la existencia de una empresa criminal para cometer sistemáticamente este tipo y las personas que la integran.
En desarrollo de estos procesos hay 183 personas capturadas, 26 imputados y 9 allanamientos de cargos, lo que significa que en poco tiempo se tendrá ese mismo número de sentencias condenatorias, que revelarán en detalle los hechos, las personas y los inmuebles involucrados.
El robo millonario de un conjunto en Barranquilla
Un total de 29 casos de robo de energía fueron detectados por personal especializado de la empresa Air-e en el norte de la ciudad de Barranquilla.
Un informe del caso, emitido por la empresa y conocido por SEMANA, señaló que el procedimiento se llevó a cabo en el conjunto de razón social Rivera Alta, ubicado en la carrera 73 con la calle 75, en el barrio La Concepción, en el norte de Barranquilla. Durante el procedimiento se encontraron 24 medidores manipulados, 4 líneas directas y un puente externo en medidor con el fin de evadir el pago del consumo real del servicio de energía.
De acuerdo con los estimativos de los técnicos, las pérdidas son del orden de los 20.639 KWh/mes, es decir, unos 20 millones de pesos y anualmente un perjuicio del orden de los 240 millones de pesos.