El Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo y Los Pachencas siguen disputándose el control de la minería ilegal en varios departamentos del Caribe Colombiano, pues desde estas prácticas se lucran para poder seguir delinquiendo y más en este tiempo donde se han envalentonado por la poca acción de la fuerza pública en su contra.
SEMANA tuvo acceso al expediente que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación y habló con un investigador judicial que les sigue el rastro a los ilegales que no se detienen para seguir generando jugosas sumas de dinero para finalmente financiar su absurda guerra.
El investigador judicial sostuvo que la minería ilegal se divide en dos: la extracción de oro y otros minerales que tienen un alto valor en el mercado, pero también los grupos ilegales que extraen materiales de construcción que blanquean con mucha más facilidad en el mercado, pues muchas personas lo subestiman, pero las ganancias son altas.
En el sur de Bolívar, según la Fiscalía, se encuentra el frente José Luis Solano Sepúlveda, subestructura del ELN, quienes puntualmente se dedican a la extracción de oro para luego ingresarlo al mercado mediante personas naturales a las que obligan a realizar estas actividades ilícitas.
“Cuando realizamos estas investigaciones pudimos determinar que los guerrilleros del ELN no discriminan a las personas que utilizan para poder generar altos ingresos para la guerra como, por ejemplo, los menores de edad que son casi que obligados a trabajar para ellos porque o si no, asesinan a sus familias y estas personas no tienen otra opción que hacer lo que les dicen”, detalló.
De igual manera, señaló que en la zona realizan la explotación ilegal afectando en gran parte las fuentes hídricas que abastecen a la misma comunidad que queda entre la espada y la pared porque si denuncian, no tienen el sustento diario y corren el riesgo de que los asesinen.
“Las operaciones en el sur de Bolívar no las estamos realizando como lo realizábamos en otros gobiernos porque el orden público está peor que nunca y no hay garantías para ingresar a la zona teniendo en cuenta que no solo ingresa la Fiscalía, sino que también la Armada, la Fuerza Aérea, entre otras instituciones que nos apoyan en las operaciones. En una de las operaciones e investigaciones que hicimos pudimos determinar que estos grupos ilegales ganan como mínimo doscientos mil millones de pesos por año solo con el tema del oro”, reveló.
SEMANA conoció que una de las reglas dentro del ELN en esa zona y es que se paga con la vida alguna traición (informar a las autoridades las actividades ilícitas) lo que también ha complicado las operaciones de la fuerza pública.
De igual manera, este medio pudo establecer que en los eslabones de este grupo armado ilegal para la comercialización del oro y otros minerales se encuentran servidores públicos que están en la mira de las autoridades.
“En el sur de Bolívar delinque principalmente el ELN, pero han querido entrar otros grupos ilegales como el Clan del Golfo para apoderarse de esta actividad y es por eso que se desatan los grandes combates, donde la comunidad queda en medio del fuego cruzado y genera gran pánico”, reveló.
Al mismo tiempo, hay varias empresas que están en la mira de las autoridades, pues son las encargadas de blanquear tanto el oro como los materiales de construcción que salen de otras zonas del Caribe colombiano.
“En Córdoba, el Clan del Golfo es muy fuerte y tiene el mismo patrón delictivo del ELN, en el sur de Bolívar, así como también Los Pachencas, en el Magdalena. Aquí hay una guerra sin precedentes que está acabando con nuestro medioambiente y está dándole economías para seguir traqueteando”, señaló.
De igual manera, agregó: “En La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Córdoba y Sucre extraen el material de construcción como gravas, gravillas, recebos, arenas chinas, calizas y derivados que finalmente son comercializados con apariencia de legalidad en empresas legalmente constituidas”, señaló.
Mientras la Fiscalía con apoyo de las Fuerzas Militares dan la pelea con estos grupos ilegales solo esperan un respaldo por parte del Gobierno nacional para poder colocarle freno a esta ola violenta en el Caribe colombiano.