Una denuncia por tráfico de migrantes en el departamento del Cesar dejó en evidencia a una red de corrupción dentro de la Registraduría Nacional, en la que estaban involucrados varios funcionarios públicos, entre ellos el registrador del municipio de La Paz, Oswald Morales López, y su secretaria Liliana Amaury. En esta zona del Caribe fueron siete personas las capturadas y una más en Cartagena, Bolívar.
SEMANA habló con un investigador judicial que participó en esta operación que fue liderada por Migración Colombia, el Ejército Nacional y la Fiscalía General tras varios años de seguimientos, recepción de denuncias y hasta interceptaciones de llamadas entre los integrantes de esta red criminal que solo es la punta del iceberg de una red transnacional a la que las autoridades le están siguiendo el rastro.
“Ellos hacían, principalmente, cédulas de ciudadanía o documentación falsa. Incluso manejaban algunos pasaportes para poder movilizar a estos migrantes por diferentes países. Les daban documentos con nombres e identidades falsas. Entre ellos hay unos funcionarios de la Registraduría. En resumen, lo que hacían era emitir el documento para que ese migrante quedara con documentación netamente colombiana”, dijo la fuente que habló en exclusiva para SEMANA.
La información que manejan las autoridades en Colombia es que inicialmente serían personas de nacionalidad venezolana a las que les vendían una especie de combo que incluía la nacionalidad colombiana y con ello les entregaban la cédula más el pasaporte, con el fin de poder coger otros rumbos y no solo quedarse en Colombia.
En medio de las labores de investigación que demoraron por los menos tres años, los investigadores judiciales pudieron determinar que utilizaban esta zona del departamento del Cesar porque era un municipio en el que podían esconder su entramado criminal sin ser descubiertos por parte de las autoridades,
“Esto es una zona de paso por lo que tiene la parte muy cercana a La Guajira y límites de frontera con el vecino país. Es una zona estratégica para eso. Pueden utilizar estos municipios como La Paz, que es relativamente pequeño. Entonces digamos que piensan que tiene menos control y abordan a estos funcionarios de los diferentes entes para recibir los documentos falsos”, detalló.
Un sujeto conocido como alias Dominicano, según las autoridades, era el que orquestaba todo el trámite ilegal dentro de la misma Registraduría Nacional desde el Cesar.
“La mayor parte operativa se realizó en el departamento del Cesar y se pudo evidenciar cómo estas personas llegaban y se reunían con este sujeto conocido como Dominicano y cuadraban los pagos que oscilaban entre los 30 y 40 millones de pesos que, finalmente, estas personas terminaban pagando muchas veces a cuotas”, precisó.
Este sujeto, dicen las autoridades judiciales, fue clave en toda esta investigación porque determinaron que “ellos (los migrantes) llegaban a Colombia y se contactaban con alias Dominicano. Él era el que trabajaba con los migrantes y el encargado del enlace con los funcionarios de la Registraduría involucrados para poder adquirir esos documentos”.
De alias Dominicano las autoridades se encuentran verificando la nacionalidad colombiana y venezolana porque creen que la habría obtenido de manera irregular.
“Hay muchos migrantes que de pronto están pasando necesidades, están llevando o necesitan pasar a otros países y están utilizando este país como trampolín. Y si nosotros o las instituciones nos prestamos para eso, para emitir estos documentos, pues lo que vamos a hacer es quedar mal como país en otras regiones porque van con cédulas colombianas, van con documentación colombiana”, explicó.
SEMANA pudo establecer que hay funcionarios de la Gobernación del Cesar y de la Oficina de Pasaportes involucrados en estos hechos de corrupción y a los que los investigadores les están realizando labores de inteligencia.
Los agentes de inteligencia también se encuentran realizando la trazabilidad de varios documentos con autoridades en el exterior con el fin de poder establecer su legalidad, pues creen que no solo hay migrantes venezolanos, sino de otras nacionalidades.
En medio de todo este escándalo, que una vez más permea a los funcionarios públicos del país, la Registraduría dio a conocer que en lo que va de 2024 han cancelado 1.038 cédulas de ciudadanía por casos de falsa identidad. La mayoría de los documentos fraudulentos serían de ciudadanos dominicanos, venezolanos y ecuatorianos.