Una familia se encuentra en un proceso jurídico para reclamar la potestad de un terreno que, según ellos, les pertenece. Lo más llamativo de la situación son dos aspectos. Primero, la disputa de tierras lleva más de 15 años y hasta el momento no hay soluciones. Y segundo, las hectáreas que están en conflicto abarcan un perímetro que involucra la zona donde se está desarrollando el ambicioso proyecto del ecoparque Mallorquín.

Mallorquín es una laguna costera que está ubicada en el extremo norte de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena. De cara a convertirse en la primera biodiverciudad de Colombia, la administración distrital ha impulsado diferentes proyectos con inversiones importantes que permitirían alcanzar ese propósito. En ese sentido, el ecoparque tendrá senderos, ciclorrutas, zonas para hacer avistamiento de aves y cuatro locales comerciales. Pero las intervenciones ¿se estarían haciendo en predio ajeno?

Una denuncia conocida por SEMANA data que el lío de tierras tiene sus orígenes en 1905. Para ese entonces, Barranquilla ―con una población aproximada de 40 mil habitantes― apenas se adentraba en el auge económico, industrial, demográfico y social marcado por los asentamientos que poco a poco fueron constituyendo la entidad territorial. Evidentemente, el distrito se encontraba en precariedad urbanística.

Para esa fecha, un hombre identificado como Blas García Escalante protocolizó unas diligencias ante el juez único municipal de Barranquilla, que lo acreditaban como poseedor de un terreno denominado La Piña.

En un principio, las medidas de la tierra fueron inscritas en millas que, en teoría, equivaldrían, aproximadamente, a más de 1.900 hectáreas que se extienden desde el sector conocido como Las Flores. Posteriormente, en 1931 la tierra fue registrada bajo la escritura pública No. 530 otorgada el 14 de abril de ese mismo año.

Incluso, así lo certificó en 1978 Mario Alcalá Sanjuan, el entonces registrador de la oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, pero en circunstancias que aún la familia no se explica, hoy en día esa escritura no aparece en instrumentos públicos.

El Lío

Cuando el señor Blas García fallece en 1945, su descendencia adquiere la propiedad del terreno en cabeza de su esposa Gracielina Torres de García. Sin embargo, los conflictos con la tierra empiezan a relucir cuando un sujeto identificado como Rodrigo Robles Osorio comienza a apoderarse de La Piña, según la denuncia conocida por SEMANA.

En ese sentido, la familia inicia un proceso reivindicatorio que finalmente los favorece en 1983. No obstante, a pesar de haber ganado la pelea jurídica, la familia García no recibe el inmueble.

Según conoció SEMANA, a partir de esa fecha inician nuevas disputas que se extenderían en los próximos años porque, al parecer, Rodrigo Robles Osorio vendió parte del terreno a empresas privadas como Casa Inglesa y Country Club.

Desde 1983 hasta el 2016, La Piña se movió en medio de una trifulca en términos de interposición de recursos, sentencias reivindicatorias, tutelas, resoluciones, entre otras medidas donde cada interesado buscaba defender una misma propiedad.

Entre tantos episodios, por ejemplo, la familia García Escalante ganó una sentencia reivindicatoria y en 1996 inscribió catastralmente el terreno. Pero ese mismo año, el registro se pierde por una acción de tutela.

La dinámica se vuelve recurrente con el pasar del tiempo. Pero entre resoluciones y nuevas resoluciones La Piña fue perdiendo hectáreas, quizás por desconocimientos de las nuevas generaciones, hasta el punto de reducirse a solo tres hectáreas.

El folio de matrícula 040 - 76664 describe en sus cabildas y linderos lo siguiente:

“Un terreno anegadizo que en sus principios tuvo las siguientes medidas y colindancias: por el norte tres millas poco más o menos con caño llamado de manteca de San Nicolás, por el sur igual medida caño de La Piña, en medio con terrenos de las flores; por el este dos y medias millas más o menos con boca del caño de la piña y por el oeste igual medida más o menos caño de la playa en medio con Ciénaga grande. Este terreno rural, que por motivos de las fuertes averiadas del río Magdalena ha quedado reducido a 3 hectáreas, está situado en jurisdicción de la playa corregimiento de Puerto Colombia”.

Los llamados a la Alcaldía

En el año 2020, dos abogados, que previamente estaban estudiando la situación jurídica del inmueble, advirtieron sobre una publicidad de la alcaldía de Barranquilla sobre la construcción de un nuevo proyecto: Ecoparque Mallorquín.

Los representantes enviaron una queja a la administración distrital solicitando explicaciones del porqué no habían socializado el proyecto con la familia García Escalante, toda vez que en esa zona, supuestamente, está ubicado su predio.

La Alcaldía contestó que no estaban interviniendo el terreno.

De inmediato se prendieron las alarmas. Los abogados comenzaron a investigar a profundidad y encontraron varias irregularidades.

Una de ellas tiene que ver con la inscripción catastral. En el año 2016 el terreno tenía ese registro, pero una resolución lo eliminó.

Ante esto, los representantes emitieron un recurso de nulidad porque varias resoluciones , que en años anteriores afectaron a la familia García Escalante, no tienen firmas que lo validen.

Además, la escritura pública No. 530 otorgada el 14 de abril de 1931, la cual ratifica la potestad del inmueble, no aparece en la oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.

Y por si fuera poco, SEMANA consultó con el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, quien aseguró que el terreno donde se está construyendo el ecoparque es de uso público. Y evidentemente así aparece. Para la oficina de Instrumentos Públicos, las tres hectáreas de La Piña no tienen dueño.

Frente a ese panorama, SEMANA también conoció que se emitió una solicitud de levantamiento de la nota de uso público porque, según los denunciantes, no existe una resolución que deje por sentado esa situación jurídica.

Además, los abogados consultaron con la Agencia Nacional de Tierras y la respuesta sigue generando dudas.

“Dijo que ellos no tenían la competencia para decir que era baldío o no porque la competencia le correspondía a la Alcaldía de Puerto Colombia. La Alcaldía de Puerto Colombia dijo que tampoco ellos eran competentes y lo remitieron a la Alcaldía de Barranquilla por pertenecer al Distrito y estamos a la espera de la respuesta”, le explicó a SEMANA una fuente cercana al tema.

Lo cierto es que mientras las obras en la Ciénaga de Mallorquín avanzan, una familia sigue peleando el terreno. Ellos aseguraron que sus intenciones no son suspender el proyecto, sino que buscan un reconocimiento al afirmar que son dueños del mismo.