Desde que asumió como ministro de Justicia, Néstor Ozuna ha sido reiterativo en su propuesta de implementar una especie de justicia restaurativa para crear mecanismos complementarios a las leyes existentes del país.
“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y, si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio, pues debe darse”, explicó Osuna en declaraciones emitidas a principios de agosto.
La iniciativa permitiría, entre otras cosas, descongestionar el sistema de judicial y reducir la conflictividad entre ciudadanos.
En ese sentido, la idea puede entenderse como una alternativa para que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo y pueda existir una rebaja de pena por el delito cometido.
Así las cosas, la alcaldía de Barranquilla propone el primer Centro de Justicia Restaurativa y Mediación Penal en el país, donde los ciudadanos contarán con un equipo especializado de abogados y psicólogos que se encargarán del estudio de los casos que sean susceptibles de ser resueltos a través de este mecanismo, articular con fiscales para la resolución de los casos y hacer visitas a las partes implicadas como parte del seguimiento y verificación de los compromisos adquiridos en el acuerdo.
Según lo explicado por la subdirectora de Política Criminal de la Fiscalía General de la Nación, Paula Guerrero Salazar, “la mediación es una figura novedosa en nuestro sistema, así que es un esfuerzo que queremos celebrar. La Fiscalía y la Alcaldía de Barranquilla están uniendo esfuerzos importantes para sacar adelante la mediación penal en Colombia como un método de justicia restaurativa. Esto es muy importante, la Alcaldía tiene un programa muy novedoso, ambicioso, que va a ayudar a descongestionar los despachos de los fiscales y en general a la justicia”.
La propuesta se planteó en medio de una reunión con el equipo de prevención de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Las entidades se comprometieron a generar un convenio para la puesta en marcha de esta iniciativa. Posteriormente, se conformará un comité técnico de estudio de los casos que pueden aplicar para la resolución por esta vía alternativa.
El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón Pérez, explicó que “desde la Administración distrital hemos decidido apostarle a la implementación de la justicia restaurativa en adolescentes, entendiendo que estos jóvenes son víctimas de contextos conflictivos y que merecen nuevas oportunidades, reparando a las personas o la comunidad que haya sido afectada con sus actos y reeducando sus comportamientos para buscar la no repetición de esos hechos”.
El artículo 250 de la Constitución Política de Colombia consagra la justicia restaurativa como una alternativa de tratamiento del conflicto que se centra en la reparación del daño causado y las relaciones afectadas por el delito, no solo entre las partes involucradas, sino también las afectaciones causadas a la comunidad.
Dentro de esta figura jurídica se contempla la mediación como uno de los mecanismos alternativos que tiene efectos sobre el proceso penal. Dicha mediación debe ser de manera voluntaria entre las partes y cuando la víctima sea individual.
Además, solo es aplicable a conductas leves, es decir, solo a ciertos delitos que cumplan con algunos requisitos estipulados por la ley y únicamente se acaba el proceso penal en los delitos cuya pena superior no exceda los 5 años, en los demás casos solo aplican beneficios procesales