Un juez con función de Control de Garantías decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia (casa por cárcel) a cinco personas, presuntamente implicadas en el tráfico de cocaína.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los procesados conformaban una red señalada de ingresar cargamentos de estupefacientes a la Sociedad Portuaria de Barranquilla y ocultarlos en contenedores que llevan productos tipo exportación a países de Medio Oriente (en Asia) y Europa.

Los indiciados, al parecer, son trabajadores de empresas que brindan servicios de logística y seguridad privada en la terminal marítima. De acuerdo con los elementos de prueba, serían los encargados de permitir el acceso del personal que transportaba los alijos, facilitar el tránsito por áreas restringidas y garantizar que el estupefaciente fuera camuflado para salir a los destinos internacionales.

Los señalados fueron identificados como José Alejandro Estupiñán García, quien sería el responsable de permitir el ingreso del estupefaciente a la terminal marítima; Giovanni José Arroyo y Billy de Jesús Castro García, fungían como guardas de seguridad señalados de facilitar el acceso y salida de las personas externas que llevaban los cargamentos al puerto.

Los otros detenidos responden a los nombres de Milton Enrique Charris Bustamante, conductor de tractor de arrastre que, al parecer, recogía los narcóticos, los movía por diferentes áreas restringidas y los dejaba en la zona de contenedores.

Asimismo, Jair Enrique Martínez Fandiño, conductor de una máquina usada para manipular y ubicar contendores, quien presuntamente obstruía con su actividad laboral la visibilidad de las cámaras de seguridad mientras eran trasladados o camuflados los cargamentos de cocaína.

El ente acusador les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Los cargos, según la entidad, fueron aceptados por los procesados.

Otro caso en Barranquilla

Este sábado, 26 de noviembre, la Fiscalía también dio a conocer sobre la judicialización de cuatros mujeres, entre ellas dos hermanas, por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Al parecer, armaron un entramado criminal para dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.

Dicha empresa, según el ente, fue constituida en mayo de 2011 y tenía como principal actividad comercial la compra y venta de cartera en la modalidad de pagarés por libranza, “que supuestamente eran adquiridos directamente de entidades como cooperativas o empresas del sector real y, posteriormente, habrían sido vendidos a inversionistas con la promesa de entregarles flujos futuros del capital, más intereses”.

Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo, y las hermanas Olga Lucia y Vilma Pertuz García fueron capturadas por agentes del CTI adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF), en la capital del Atlántico. Luego, un juez de control de garantías avaló los cargos por lavado de activos y concierto para delinquir agravado, los cuales no fueron aceptados por las acusadas.

“De acuerdo con los elementos de prueba, Delvis Sujey Medina Herrera y su exesposo habrían diseñado un entramado ilegal que consistía en comprar bienes con los recursos captados por Elite Internacional y, posteriormente, entregarlos a terceros mediante la figura de dación en pago. Entre las personas señaladas de recibir los activos están las hoy procesadas”, detalló la Fiscalía.