El gremio de comerciantes en la capital del Atlántico volvió a hacer un llamado a las autoridades por los casos de extorsión que se siguen registrando en la ciudad, pese a las capturas de la Policía Metropolitana y los operativos de control que realizan demás autoridades frente al tema.
Los comerciantes no desconocen los esfuerzos de las autoridades distritales por erradicar el fenómeno que ha causado gran problemática en Barranquilla, sin embargo, aseguran que la problemática ha escalado tanto hasta llegar a ser un tipo de “desplazamiento urbano”, en donde los negocios deben trasladarse constantemente de ubicación para evitar ser amenazados.
Lo anterior también ha llevado a que muchos locales cierren sus puertas y que hasta ahora no hayan podido retomar sus labores, tras hechos violentos, ataques con arma de fuego a las fachadas, hallazgo de explosivos y hasta el caso de un local incinerado.
Uno de los sectores más afectados en las últimas semanas han sido las peluquerías y barberías y algunos han dicho que han migrado a prestar servicios a domicilio y escondidos para evitar ser presa fácil de la delincuencia.
“Los cierres se están dando de manera impresionante, eso nos tiene preocupados. Hay colegas en situaciones de salud bastante complicadas, a los que se les sube la presión o el azúcar por las intimidaciones”, manifestó Alfredo Escalante, miembro del gremio.
En allanamientos simultáneos realizados en ocho centros de reclusión del país, las autoridades pudieron identificar que estos serían los posibles lugares desde donde se ordenarían los cobros ilegales e intimidarían a las víctimas por medio de teléfonos.
Los hallazgos se dieron en las cárceles ubicadas en Bogotá, Cartagena, Popayán, Barranquilla e Ibagué. También en municipios de Antioquia, Valle del Cauca y Santander.
En esos sitios se encuentran privados de la libertad supuestos integrantes de bandas delincuenciales que se sostienen con el pago de las extorsiones que provienen del departamento del Atlántico.
Funcionarios del Gaula de la Policía Nacional, el Inpec y la Fiscalía inspeccionaron las celdas de Negro Ober, Niño Buitre, Caín, Happy, Tommy Masacre, Cachetes, Fabianis, JJ, Oton, 07, Hormiga, Bindi y Andi.
Allí encontraron 28 teléfonos con su respectiva tarjeta SIM. Además, ocho agendas que contenían el listado de números celulares de las posibles víctimas de la extorsión. Entre los apuntes, quedaron al descubierto las cuentas bancarias donde era consignado el dinero.
“Los celulares incautados, así como las agendas, son analizados en busca de elementos materiales probatorios que permitan imputar nuevos delitos a los principales actores criminales que los tenían en su poder”, reportó la Policía Nacional.
Frente a este panorama, la institución reiteró la importancia de abstenerse de pagar las exigencias económicas, dado que robustecen el accionar de las organizaciones delincuenciales. Por el contrario, se recomienda instaurar la denuncia ante el Gaula.
Los uniformados advirtieron que continuarán desplegando todas sus capacidades operativas para contrarrestar este delito y brindar acompañamiento permanente a la comunidad que recibe constantemente las intimidaciones.
En el Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional figura que, entre enero y junio de este año, cerca de 373 personas encendieron las alarmas por la exigencia de extorsiones en Barranquilla. El modus operandi más usado por los delincuentes es la carta extorsiva, la llamada telefónica o por redes sociales.
Este resultado se suma a las recientes capturas realizadas por el Gaula, la Seccional y de Investigación Judicial en coordinación con la Seccional de Inteligencia y la Fiscalía, “representando así un contundente golpe a los grupos delincuenciales, debilitando su estructura y sus finanzas”, señalaron las autoridades.
En esas detenciones, fueron cinco presuntos miembros de la banda delincuencial ‘Los Costeños’, dedicados a la extorsión y quienes serían los responsables de una oleada de extorsión y atentados al comercio de la ciudad.
Gracias a información de la comunidad, la denuncia oportuna de las víctimas y un complejo proceso de recolección de información y elementos materiales probatorios, la investigación de las autoridades determinó que se trata de una subestructura de ‘Los Costeños’, al mando de alias ‘JJ’ y ‘Cachetes’.
La subestructura, de acuerdo con un informe de la Policía Metropolitana de Barranquilla, era la que estaba afectando a los comerciantes del suroriente y centro de Barranquilla, principalmente estaciones de servicio (gasolineras), tenderos, mayoristas de frutas, transportadores, establecimientos de comercio de licor, entre otros.