Este martes, 7 de febrero, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, dio a conocer que se abrió una indagación preliminar para determinar si existió un presunto detrimento patrimonial en la venta de las acciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, que realizó la Sociedad de Activos Especiales (SAE) al Distrito en el año 2021.
Cabe recordar que, para esa fecha, la SAE vendió la totalidad de su participación accionaria en Triple A al Distrito de Barranquilla por un valor de 565.000 millones de pesos. En el cambio de gobierno, el actual director de la Sociedad de Activos Especiales manifestó tener reparos en la valoración de la empresa, alegando que fue vendida a un precio muy bajo.
“No es la Contraloría la que le debe indicar al gobierno si cumple o incumple una obligación que ya se contrajo. Si la SAE considera que se ha cometido algún tipo de irregularidad desde el punto de vista disciplinario, debe ponerlo en conocimiento de la Procuraduría. Si considera que se ha realizado alguna actitud dolosa, deberá ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Pero no es Contraloría la que tenga la facultad de decirles que incumpla con un contrato que ya se encuentra firmado y en ejecución”, explicó el contralor Carlos Hernán Rodríguez.
“Por lo tanto, la Contraloría lo que tendrá que hacer es determinar si existió o no detrimento patrimonial e iniciar la acción fiscal respectiva pendiente a recuperar el patrimonio público”, añadió el funcionario.
Por su parte, el alcalde Jaime Pumarejo Heins afirmó que la Sociedad de Activos Especiales está incumpliendo, de manera arbitraria, el contrato de compraventa con la empresa de economía mixta K-yena, en la cual el Distrito de Barranquilla tiene participación mayoritaria.
“A pesar de haber sido advertida en diversas instancias por la Contraloría y la Procuraduría, de que no podía desconocer un contrato vigente, ha tomado la decisión de cambiar todos los miembros de junta directiva, desconociendo de tajo su obligación contractual y, además, generando una inestabilidad en la empresa y en la prestación de los servicios públicos del departamento del Atlántico”, aseguró.
Agregó que, además, la SAE no ha hecho la transferencia de las acciones a favor de la empresa vinculada al Distrito, como era su obligación antes del 30 de diciembre. “Se iniciarán las acciones legales correspondientes para denunciar estos actos y, además, hacer valer los derechos contractuales del Distrito y sus empresas, empezando por el cumplimiento del contrato y el pago de la cláusula penal por 59.000 millones de pesos”, anunció el mandatario barranquillero.
Triple A es una de las empresas más importantes a nivel nacional en la prestación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Presta servicios a Barranquilla y 15 municipios del Atlántico.
Una demanda a Colombia
Por una supuesta violación de Colombia al acuerdo con España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, tras la venta de acciones de la empresa Triple A, fue demandada la Nación, según confirmó la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANJDE).
Según la ANJDE, el proceso se realiza con el fin de defender los intereses litigiosos del Estado en este caso, “en coordinación con las medidas adoptadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y demás entidades públicas involucradas en el objeto de la controversia”.
Varias fueron las acciones cuestionadas frente a la venta del 82,16 % de las acciones de la empresa, avaluadas en 565 mil millones de pesos, cuando pasó a ser nuevamente en mayor porcentaje del distrito, en el mes de diciembre del año 2021, mientras aún fungía como presidente Iván Duque.
Entre los señalamientos está incluso la acción popular de la Procuraduría General de la Nación por presuntos pagos fraudulentos conforme al Contrato de Asistencia Técnica.
Además, mencionaron las presuntas irregularidades en la modificación del código de extinción de dominio y la legalización de que un tercero privado se involucrara en la negociación.
Sobre los señalamientos por este tema, que inicialmente había hecho el secretario de Transparencia del actual Gobierno Nacional, la alcaldía distrital de Barranquilla respondió revelando algunos detalles del proceso y asegurando que todo se había realizado acorde con la ley.
Por medio de un comunicado conocido por SEMANA, manifestaron que fue el distrito el que solicitó la transferencia, a título gratuito, de esas acciones, que bajo secuestro judicial tenía la SAE, en el contrato de concesión Triple A y que en su momento le habían sido despojadas a la ciudad.
“El Gobierno nacional manifestó, entonces, que la única salida para la recuperación del paquete accionario era una operación de compra-venta”, dijeron desde la Alcaldía, al tiempo que señalaron que fue la misma SAE la que contrató a la firma Deloitte Asesores Ltda. para hacer la valoración de esas acciones.
“La SAE contrató, entonces, a la firma Deloitte Asesores Ltda. para hacer la valoración de esas acciones, y el Distrito de Barranquilla, a la compañía Bonus Banca de Inversión, a partir de lo cual la propia SAE pidió una tercera opinión independiente, que estuvo a cargo de la firma Growth and Performance S.A.S.”, revelaron las autoridades locales.
Luego de ese proceso, según se lee en el comunicado, los comités internos de la entidad que se encargan de establecer los valores de venta de los activos especiales administrados fijaron la valoración de las acciones del contrato de concesión vigente hasta 2023 y los términos de la negociación. Luego, procedieron a suscribir el contrato, al que APBAQ ha venido dándole cabal cumplimiento.
“Todo este proceso ha estado enmarcado en lineamientos legales, como quedará demostrado en las mesas de trabajo que ha convocado la Contraloría General de la República, después de que el alcalde Jaime Pumarejo le solicitara formalmente, el pasado 27 de diciembre, el inicio de una actuación preventiva sobre la adquisición”, manifestaron desde la alcaldía Distrital.