La Contraloría General puso al descubierto una situación alarmante en el departamento de Atlántico, identificando 15 proyectos activos registrados en el ’Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos’. Estos proyectos representan una inversión total de $87.548 millones.
De estos, 14 proyectos están clasificados como proyectos críticos, sumando un total de $82.480 millones, mientras que un proyecto es catalogado como ‘elefante blanco’, con un costo de $5.067 millones.
Según el diagnóstico, el sector más afectado por estas irregularidades en el Atlántico es el de agua potable y saneamiento básico, seguido de cerca por educación y cultura.
El Distrito de Barranquilla lidera la lista de municipios con mayor cantidad de proyectos y recursos comprometidos, con la identificación de cinco proyectos que suman un total de $ 37.533 millones.
Ante esta situación, la Contraloría inició acciones para el rescate de estos proyectos, abriendo espacios de diálogo institucional y social. En estos encuentros, contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores clave, celebran acuerdos de gestión con la ciudadanía con el objetivo de superar los obstáculos y finalizar las obras para el beneficio de la comunidad.
Hasta el momento, gracias a esta estrategia, se han logrado rescatar 41 instituciones educativas nuevas y mejorar la infraestructura de 20 proyectos financiados con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura (FFIE), así como 5 proyectos de infraestructura en el departamento de Atlántico. Estos 66 proyectos entregados ascienden a $ 1,2 billones, ahora disponibles para el servicio de los ciudadanos.
Actualmente, la Contraloría está involucrada en el seguimiento de varios proyectos estratégicos en el Atlántico, incluyendo la canalización de arroyos en Sabanalarga, la planta de tratamiento de aguas residuales en Piojó, la Escuela de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno en Barranquilla.
La Contraloría exhortó a las administraciones departamental y municipal a tomar acciones administrativas urgentes para resolver estos problemas, especialmente considerando el cambio de gobernadores y alcaldes programado para 2024.
Contraloría adelanta 74 procesos de responsabilidad fiscal en Atlántico
De otro lado, la Contraloría General lanzó una serie de procesos de responsabilidad fiscal en el departamento del Atlántico con el objetivo de examinar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos. Actualmente, se están llevando a cabo 74 procesos que suman una cuantía de $ 66.043 millones.
La Gerencia Departamental de la Contraloría en el Atlántico también está desplegando esfuerzos con 64 procesos de responsabilidad fiscal que ascienden a $ 18.268 millones. Entre estos, destaca un proceso relacionado con la construcción de centros de desarrollo en Soledad, Manatí y Santo Tomás, donde se ha identificado un daño de $ 5.016 millones.
Este proceso se inició a raíz de una denuncia ciudadana que señaló una inadecuada planeación del contrato. La Contraloría encontró deficiencias en los lotes designados, ausencia de servicios públicos, falta de aceptación comunitaria, y la omisión de convocar veedurías ciudadanas. Además, se detectó la existencia de una edificación no contemplada en el contrato original.
Las irregularidades también incluyen el incumplimiento de lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, falta de gestión anticipada de permisos ambientales y licencias de construcción, lo que llevó a reformulaciones financieras. Los presuntos responsables fiscales incluyen funcionarios de la Gobernación del Atlántico, la empresa contratista y compañías aseguradoras.
Adicionalmente, la Contraloría está investigando problemas fiscales en el Hospital Universitario CARI E.S.E. de Barranquilla, con un daño estimado de $ 2.404 millones, así como en el mejoramiento de la vía Ye de Piojó-Azucena-Autopista al mar, con un perjuicio de $ 1.563 millones debido a patologías y deficiencias en la carpeta de rodadura.
En el municipio de Luruaco se adelanta un proceso por irregularidades en la adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado, generando un daño de $ 1.258 millones debido a falta de mantenimiento y subutilización de la infraestructura.
La Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo está llevando a cabo ocho procesos más, incluyendo irregularidades en el proyecto de vivienda ‘La Arenosa’ en Santo Tomás y el proyecto de dotación de siete sedes del Sena en el Atlántico.