El defensor del pueblo, Carlos Camargo, le puso la lupa nuevamente al tema de las extorsiones en Barranquilla, su Área Metropolitana y los municipios del departamento del Atlántico y realizó una visita al centro del departamento para constatar con el pueblo cómo se encuentra la situación.
Para él, como para el resto de las autoridades, no es un secreto el aumento exponencial de los casos de extorsión que se viene presentando como una nueva ola desde el pasado mes de diciembre y los recientes casos registrados en Barranquilla han generado nuevamente zozobra entre los habitantes.
“Se mantiene el escenario de riesgo para las comunidades descritas en la alerta temprana 029 de 2022 por cuenta de la situación de violencia y vulneraciones de derechos humanos en la zona centro del Atlántico. Asimismo, preocupa el aumento de extorsiones a comerciantes en Barranquilla y su área metropolitana”, dijo el defensor del pueblo.
En su visita al municipio de Sabanalarga y al área metropolitana de Barranquilla, le hizo seguimiento a la situación de derechos humanos en el marco de las alertas tempranas emitidas a finales del año pasado y aseguró que siguen vigentes para el departamento del Atlántico.
Las alertas tempranas dan cuenta del riesgo por la disputa entre grupos armados ilegales por el control de sus actividades ilícitas en los municipios de Sabanalarga, Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco y Repelón, así como en Barranquilla y su área metropolitana.
“Hicimos seguimiento detallado y pormenorizado a nuestra Alerta Temprana 037 de 2020 y sus posteriores oficios de consumación para el distrito de Barranquilla y el área metropolitana en cuanto a las situaciones de riesgo contra comerciantes, transportadores, empresas de servicios públicos y distintos sectores de la población que vienen siendo objeto de extorsiones, intimidaciones y amenazas por parte de grupos armados ilegales”, añadió el defensor.
Asimismo, reveló que para él estas amenazas se dan en el marco de las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo y las organizaciones de crimen organizado del orden local y regional como Los Rastrojos, Los Costeños, Los Papalópez, entre otros, por el manejo de rutas del narcotráfico y las actividades ilícitas asociadas.
La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenaza deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad y pobreza bajo un enfoque de seguridad integral y garantía de los derechos de las comunidades.
“En nuestras alertas tempranas vigentes para el área metropolitana de Barranquilla y sus municipios del centro del departamento del Atlántico, no solo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también le hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que tomen las medidas necesarias, con la debida diligencia, que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades”, señaló Carlos Camargo.
Dentro de las recomendaciones se destacan realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades; reforzar la presencia institucional de la Policía, la Fiscalía y las instituciones del estado encargadas de garantizar los derechos de la población civil de municipios como Sabanalarga, en donde se requiere la pronta asistencia y atención del Gobierno nacional, departamental y local, en el marco de la Alerta Temprana 029 del 2022 que también cobija a los municipios de Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón.
Con esta visita es la segunda vez que el Defensor del Pueblo hace presencia en el departamento por el mismo motivo, el pasado año en el mes de agosto en medio de la crisis y la racha de asesinatos a conductores de servicio público en Barranquilla, también atendió el llamado de las empresas.
El encuentro se desarrolló en la Nevada de buses de Transmecar, una de las empresas afectadas, ubicada en la carrera 8 n.° 18-40, en el barrio el Esfuerzo en el municipio de Soledad, vía a Malambo, frente al Batallón Vergara.
En la capital del Atlántico, el defensor del pueblo realizó un recorrido por lugares críticos identificados por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 037 de 2020, tales como el sector conocido como Barranquillita, el Mercado Público, centros comerciales y puestos estacionarios en el centro de la ciudad, para conversar con directivos de gremios y comerciantes.
“Nosotros como Defensoría con carácter permanente hemos venido haciendo acompañamiento a las familias de estas víctimas y le hemos solicitado a los organismos de investigación del Estado, adelante en las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos”, señaló el defensor al finalizar la reunión.
También participó en la Comisión Regional del Ministerio Público del Atlántico para la Justicia Transicional, allí hizo seguimiento a la Alerta Temprana que fue emitida y la implementación de acciones de prevención, protección y seguridad ciudadana por parte de las alcaldías de Barranquilla, y los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; asimismo como de la Gobernación del Atlántico, la Policía Metropolitana y Departamental, y la Fiscalía General de la Nación.
Pero aunque en los últimos meses se ha intensificado el trabajo en campo desde el 13 de agosto de 2020, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre lo que viene ocurriendo en la capital del Atlántico, algunos de estos hechos violentos utilizando estrategias para generar terror como homicidios, desplazamientos forzados de carácter individual y masivo, desapariciones forzadas, violencias en razón de género en contra de mujeres, niñas y población con orientación sexual e identidad de género diversas.
“En seguimiento a la alerta 037 de 2020 emitida para Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, hemos constatado que la situación de derechos humanos en el área metropolitana de la capital de Atlántico se ha venido deteriorando, lo que se refleja en el aumento en los indicadores de violencia. Por ejemplo, el aumento de los homicidios del 25 % y de las extorsiones, con 128 %”, que recaen, entre otros, a conductores de buses y comerciantes, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Además de las irresolubles extorsiones, restricciones a la movilidad, uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, entre otras conductas.