La Defensoría del Pueblo presentó un documento de advertencia sobre la situación de desabastecimiento de agua potable en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta e hizo recomendaciones a las autoridades locales y nacionales.
Según el organismo, la quinta parte de los ciudadanos no cuenta con cobertura de acueducto y quienes lo tienen apenas cuentan con 14 horas diarias continuas en promedio del servicio.
“Son múltiples los anuncios y gestiones que han realizado las autoridades ante el desabastecimiento de agua en la ciudad. A la fecha, no se ha adoptado una solución definitiva que les permita a los habitantes de Santa Marta tener acceso al agua potable; esto, claramente, afecta el derecho a la vida digna”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, de visita en esa ciudad costera del norte del país.
El documento da cuenta de las afectaciones a los derechos humanos como resultado de esta problemática. Lo anterior, a partir del ejercicio de diagnóstico llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo, en el cual constató que la oferta actual de aguas superficiales y subterráneas no cubre la demanda estimada del distrito y la capacidad de los sistemas de tratamiento es insuficiente, al igual que los caudales concesionados.
A pesar de que durante dos décadas se han realizado múltiples estudios, según la Defensoría, a la fecha no se ha adoptado una solución definitiva que les permita a los samarios tener acceso al agua potable, una muestra de la afectación y vulneración al derecho humano al agua y a una vida digna.
El organismo garante de los derechos humanos, además, estableció que la capacidad de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) es inferior a los requerimientos, el índice de continuidad del servicio es ‘no es satisfactorio’.
“Seguimos llamando la atención de las autoridades por la crítica situación de desabastecimiento de agua potable que viven los habitantes en Santa Marta. La quinta parte de los ciudadanos no cuenta con cobertura de acueducto y quienes lo tienen apenas cuentan con 14 horas diarias continuas en promedio de servicio. Lo más crítico es que el pasado mes de abril el 85 % de la ciudad estuvo en riesgo de desabastecimiento y 56 estuvieron afectados”, agregó el Defensor del Pueblo.
Un equipo especializado de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, junto con funcionarios de la Regional Magdalena visitó en varias ocasiones las zonas más afectadas de la ciudad, donde recibió las quejas de la comunidad, la cual manifestó escasez de agua y afectaciones de sus labores domésticas y con la higiene; en general, hay insatisfacción sobre el suministro del agua.
En el documento de advertencia, el organismo exhortó a las autoridades tanto del nivel local como del nacional a adoptar medidas concertadas definitivas que pongan fin a la situación de desabastecimiento de agua en Santa Marta.
“También formulamos recomendaciones a cada una de las autoridades competentes para que sea afrontada la situación, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la operación del servicio de acueducto y de garantizar el goce efectivo del derecho humano al agua, sin dejar de atender los criterios de disponibilidad, accesibilidad y calidad. Lo anterior, sin perjuicio de la necesidad de proteger las fuentes hídricas y la sostenibilidad del recurso”, recalcó Camargo Assis.
“A los habitantes de Santa Marta les digo que desde la Defensoría del Pueblo seguiremos acompañándolos hasta que se les garantice su derecho al agua”, finalizó el Defensor del Pueblo.
La crisis que vive Santa Marta en materia de hambre, educación, vivienda y salud
Luego de una revisión minuciosa al ‘Plan de Desarrollo Distrital de Santa Marta, Corazón del Cambio 2020-2023′, la Defensoría del Pueblo encontró serias falencias en la implementación y desarrollo de políticas públicas que garanticen los derechos a la alimentación, educación y vivienda digna.
“Atendiendo a nuestras competencias constitucionales y sobre la base de la información suministrada por las entidades del orden distrital y el trabajo en terreno, hicimos un análisis juicioso sobre qué está haciendo la administración distrital para que esos tres derechos no sean vulnerados en la capital del Magdalena”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El organismo estableció que, si bien han sido dados pasos importantes en la formulación de la política pública alimentaria en la capital de los magdalenenses, su aplicación no se ve reflejada en un Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
“Hay ausencia en el conocimiento y articulación del tema alimentario entre las diferentes dependencias del Distrito, lo cual impide el cumplimiento de las políticas alimentarias formuladas”, explicó la Defensoría. Tampoco fue visibilizado el seguimiento, desde el nivel distrital, de la gestión y los resultados logrados, que permitiera medir los avances o retrocesos en el ejercicio de desarrollo de las acciones emprendidas para atender lo relacionado con el derecho a la alimentación.
Crisis educativa
Alrededor de 110.00 estudiantes fueron matriculados en el 2022, mientras que en el 2021, cerca de 115.000, lo que representa una tasa de deserción interanual del 3,74 %.
Un total de 22 establecimientos educativos requieren intervención en infraestructura debido al deterioro del cielo raso. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Distrito solamente alcanza una cobertura del 61,5 %. Además, hay déficit de 400 profesionales de la educación, entre coordinadores, docentes de aula y docentes orientadores en las instituciones educativas del Distrito.
Según información suministrada por la Secretaría de Educación Distrital, los integrantes de organizaciones sociales, líderes comunitarios, entre otros, se pudo establecer que persisten retos para lograr el pleno desarrollo del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Santa Marta.
Vulneración del derecho a la vivienda
El déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad, según la Alcaldía de Santa Marta, es del 13,4 %, significa que está por encima del promedio nacional (ubicado en el 12,37 %). La Defensoría, así mismo, evidenció la ausencia de una política pública habitacional que le apunte a disminuir el déficit tanto cuantitativo como cualitativo en la capital y el departamento.
No existe un censo poblacional actualizado para identificar el número de hogares que se encuentran en los dos déficits relacionados, lo cual no les facilita a las entidades competentes tomar decisiones sobre política pública habitacional.