La Contraloría General de la Nación le puso lupa al proceso que se está adelantando para construir un sistema de acueducto en Santa Marta que permita solventar una de las mayores necesidades que tiene la capital de Magdalena: la falta de agua.
Con el objetivo de mejorar la cobertura de agua potable, la Alcaldía de Santa Marta inició el proceso licitatorio con un presupuesto oficial que se acerca a los $1.68 billones. Se busca producir un caudal de 2.400 l/s de agua tratada para satisfacer las necesidades proyectadas de la ciudad hasta el año 2048. Sin embargo, en medio de las revisiones adelantadas por el órgano de control, se identificaron importantes “debilidades” en el proceso licitatorio.
“La advertencia se concreta en un tema muy específico, que es la estructuración del proyecto que tiene como propósito y objetivo asegurar que el contratista seleccionado tenga la capacidad y el músculo financiero para desarrollar la obra (...) Cuando uno revisa los términos establecidos en esta contratación, la capacidad de endeudamiento solicitada es mucho menor de lo que debería ser. No es consecuente ni coherente para que el contratista demuestre que tiene la capacidad y el músculo financiero necesario para llevar a cabo la obra”, explicó el vicecontralor con funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga.
Incluso, el funcionario aseguró que si las obras inician de esta manera, podría quedar como un futuro elefante blanco porque no habría recursos para financiarla.
En ese sentido, la administración distrital de Santa Marta emitió un comunicado. o en el que asegura que aún no han recibido, por parte de la Contraloría, ningún documento con observaciones respecto a la licitación.
“Respecto a la idea de la Contraloría de que el contratista incurra en “parálisis o abandono de los trabajos por falta de liquidez para atender el flujo de caja de inversión en la etapa de construcción”, precisamente, las empresas interesadas deben demostrar la solidez financiera para la ejecución del proyecto en un tiempo de 3 años y medio, con una inversión de 1.6 billones de pesos, tal como se estipula en los pliegos de condiciones que están colgados en el Secop II para consulta de todos los interesados, garantizando la publicidad y transparencia del proceso. De no contar con este ítem, tal como lo estipula la ley, no podrán participar en el proceso licitatorio”, informó la Alcaldía.
Y agregaron: “el Distrito enfatiza lo siguiente: el recaudo tributario para obtener los 1.6 billones de pesos está proyectado a un plazo de 30 años, teniendo en cuenta el crecimiento de los pagos de los impuestos de los contribuyentes durante la última década, gracias a la gestión y modelo de administración pública de los Gobiernos del Cambio, que iniciaron en 2012 con la inversión de dichos recursos en programas sociales y de inclusión”.
Además, la Contraloría señaló la posibilidad de inobservancia a las disposiciones legales vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente en lo que respecta a vigencias futuras excepcionales. La Ley 1483 de 2011 estipula que el plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.
Sobre esto, la Alcaldía respondió lo siguiente: “se informa que la alcaldesa Distrital de Santa Marta cuenta con autorización para el compromiso de Vigencias Futuras Excepcionales mediante Acuerdo No. 022 de 30 de diciembre de 2022, con el fin de ´atender la financiación de los componentes de inversión que permita ejecutar la solución definitiva al desabastecimiento de agua en Santa Marta (…)´ y con fundamento en ello, se respalda la forma de pago del futuro contrato”.
Desde la Administración distrital lanzaron un llamado a no caer en desinformación, ya que dicho procedimiento, según ellos, se lleva a cabo con transparencia.