La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante la continuidad de los hechos de violencia en Barranquilla y su área metropolitana, especialmente en los municipios de Soledad y Malambo.
“En seguimiento a la alerta 037 de 2020 emitida para Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, hemos constatado que la situación de derechos humanos en el área metropolitana de la capital de Atlántico se ha venido deteriorando, lo que se refleja en el aumento en los indicadores de violencia. Por ejemplo, el aumento de los homicidios del 25 % y de las extorsiones, con 128 %”, que recaen, entre otros, a conductores de buses y comerciantes, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Desde el 13 de agosto de 2020, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre lo que viene ocurriendo en la capital del Atlántico, algunos de estos hechos violentos utilizando estrategias para generar terror como homicidios, desplazamientos forzados de carácter individual y masivo, desapariciones forzadas, violencias en razón de género en contra de mujeres, niñas y población con orientación sexual e identidad de género diversas.
Además de las irresolubles extorsiones, restricciones a la movilidad, uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, entre otras conductas.
En el documento emitido por la Defensoría se estableció que en Barranquilla y otros municipios se identificaron estructuras criminales como Los Costeños, Los Nuevos Rastrojos, el Bloque Central Renacer, Los Papalopez, Los Vega y Las AGC o Clan del Golfo.
“Nos preocupa sobre todo la situación en Barranquilla, Malambo y Soledad, pues, aunque la alerta contiene una serie de recomendaciones para prevenir y mitigar el riesgo, en el seguimiento llevado a cabo, se pudo establecer la precaria e insuficiente acción institucional, lo que se refleja en la situación que hoy estamos viviendo: tres conductores asesinados en menos de 8 días, paro de transportadores, circulación de panfletos, entre otras”, dijo el defensor del Pueblo.
El defensor Camargo solicitó a las autoridades hacer frente a la situación y garantizar los derechos de las comunidades, así como adelantar acciones para proteger la vida e integridad de los habitantes del área metropolitana de Barranquilla y del Departamento del Atlántico.
“Hacemos un llamado para que las medidas que se adopten tengan en cuenta la integralidad y complejidad del problema, para que se tomen medidas de fondo, incluyendo la implementación de políticas sociales”, finalizó el defensor del Pueblo.
Soluciones a corto y largo plazo para la situación de inseguridad en Barranquilla
El alcalde Jaime Pumarejo, quien se ha puesto al frente de la situación acordando acciones conjuntas con las autoridades policiales y demás miembros de su gabinete, dijo que avanzan en el trabajo investigativo por los hechos registrados y que están buscando soluciones a largo plazo para que esto no se vuelva a repetir.
El monistro de Defensa, Diego Molano, quien ya estuvo en la ciudad, anunció otras medidas como las de caravanas de seguridad que estarán presentes en siete tramos de rutas, así como la identificación de 51 puntos críticos donde habrá mayor presencia de la fuerza pública.
Así mismo, el aumento de uniformados de la Policía y el Ejército en la ciudad y un seguro de vida a disposición de los conductores. También se reforzarán las capacidades operativas de la fuerza pública con la entrega de 200 motos para la Policía, cuatro camionetas para garantizar la movilidad del Ejército y la entrega de 100 chalecos antibalas que también podrían ser asignados a los empleados de las empresas de buses.
Las autoridades determinaron actualizar el cartel de los más buscados, por la presunta responsabilidad en los recientes homicidios de los transportadores, y aumentar la recompensa para quien suministre información que permita la identificación y captura, pasando de 25 millones de pesos a 100 millones de pesos.