El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que en la capital del Atlántico se registró la masacre número 155 contra un líder social en lo que va de este año.
Se trata de Jhonny Agudelo, quien, al parecer, se desempeñaba como mediador en los procesos de invasión de tierras. De acuerdo con las primeras versiones, el homicidio se registró en la noche del domingo, 30 de octubre, en el sur de la ciudad, barrio Las Cayenas.
Las hipótesis dan cuenta que la víctima se encontraba en medio de una reunión social con líderes y miembros de la comunidad, cuando fue impactado con arma de fuego. Un extraño habría llegado hasta el lugar, preguntó por Agudelo y le propinó un balazo.
Testigos aseguran que el homicida se encontraba acompañado de otro hombre, con quien se dio a la huida en una motocicleta. Jhonny Agudelo fue trasladado al Camino Ciudadela 20 de Julio, donde los galenos confirmaron su muerte.
De acuerdo con Indepaz, Agudelo era mediador en la invasión de los lotes de la finca Alpes de Sevilla en Galapa.
Precisamente este lunes, 31 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 029 de 2022, donde se advierte sobre el alto riesgo de vulneración en el que se encuentran los habitantes de cinco municipios atlanticenses: Baranoa, Polo Nuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón.
Aunque Barranquilla o Galapa no se encuentran en ese listado, el panorama criminal no dista de la realidad cercana. La Defensoría, Policía y los expertos han sido reiterativos en que el escenario de riesgo se configura por dos factores: a partir de enfrentamientos y ajustes de cuentas entre estructuras delincuenciales, cuyo propósito es controlar las economías ilegales; y, segundo, disputas al interior de aquellas organizaciones por el ascenso en las jerarquías.
“Los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión y las amenazas están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), quienes también son víctimas de violencia por prejuicio”, señaló la Defensoría del Pueblo.
Indepaz precisó en que al menos cuatro estructuras criminales hacen presencia en el departamento: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Rastrojos Costeños, Los Pachengas, posibles grupos mexicanos y otras organizaciones de carácter local. La Defensoría también advirtió sobre la escalada de violencia por el dominio del departamento.
“El riesgo se presenta por la presencia y por las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) - Clan del Golfo con los grupos locales y regionales de criminalidad organizada, quienes buscan el control territorial y social de estos cinco municipios, que conforman una zona geoestratégica para el manejo de economías ilegales dentro y fuera del país, en particular del narcotráfico”, indicó la entidad.