En medio de una plenaria del Senado, la abogada, política y senadora de la República, Nadia Blel presentó un video donde se muestra a decenas de niños a altas horas de la noche en el Centro Histórico de la ciudad de Cartagena siendo instrumentalizados y exponiéndose a ser víctimas de delitos sexuales.
Según denunció la senadora cartagenera, el panorama en el país de este delito es desalentador y el número de casos viene en incremento, y en diferentes modalidades de explotación sexual comercial contra los niños, niñas y adolescentes, por lo que hizo un llamado al Gobierno nacional y otros actores de las autoridades, para ponerle la lupa al tema.
Al Gobierno nacional le pidió evaluar la efectividad de las medidas implementadas actualmente en los territorios, al mismo tiempo que anunció la radicación de una nueva iniciativa, una herramienta para luchar de manera contundente contra estos delitos.
El proyecto inició de nuevo su trámite en el Congreso de la República y, según dijo, busca no solo endurecer las penas de estos delitos como un mensaje categórico de rechazo y cero tolerancia, sino además superar los vacíos legales presentes en el código penal, haciéndole frente a las nuevas formas y prácticas de este crimen como el grooming u otros que utilicen las TICS como medio para perpetrar estos delitos.
“En las calles de nuestro país la explotación sexual es un secreto a voces, una realidad dolorosa: le están poniendo precio a nuestros niños, precio por su integridad sexual, por sus cuerpos, por su inocencia. Y mientras como país no protejamos a los niños, estaremos condenados al fracaso de nuestra sociedad”, indicó la Senadora.
En su denuncia entregó cifras importantes, según dijo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la explotación sexual, señaló que este último es el segundo delito más lucrativo en Colombia. Asimismo, organizaciones y mesas intersectoriales que luchan contra esta grave problemática, afirman que la dimensión que ha tomado la ESCNNA en ciudades turísticas como Cartagena y Medellín es alarmante.
“En La Heroica, solo en los primeros 10 meses de 2022 se registraron más de 200 casos de menores utilizados para explotación en la ciudad, mientras que, en la capital de Antioquia, en el mismo periodo de tiempo, se atendió un caso cada dos días”, mencionó.
Estas cifras concuerdan con los datos de la Fiscalía, quienes advierten que entre 2021 y 2022 ingresaron al sistema cerca de 8.131 procesos por ESCNNA. Solo en lo corrido del 2023, se han iniciado 2,257 procesos por delitos relacionados con explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
En el mismo sentido, un informe revelado el año pasado por el Departamento de Estado, de Estados Unidos, señala que en Colombia la legislación actual se caracteriza por su “amplitud” en términos de criterio e impide que se apliquen penas “suficientes” a quienes son capturados por pertenecer a redes de explotación sexual de menores.
La investigación destaca que existe una sanción “no proporcional a la gravedad del delito” cuando existe complicidad u omisión por parte de funcionarios públicos, lo cual se convierte en un “obstáculo en los esfuerzos para combatir” estos crímenes.
“Después del narcotráfico, y quiero que la plenaria lo escuche bien, después del narcotráfico esta actividad delictiva es la más lucrativa y lo que es más doloroso, es que la droga se vende una vez, pero un niño lo venden una, dos, tres y hasta cinco veces. Por eso, desde el Congreso hemos radicado un proyecto de ley con la firma de senadores y senadoras de diferentes bancadas, porque queremos que el país sepa, que la sociedad sepa, que nuestros niños no están en venta y que la explotación sexual es un delito, que no es un oficio, no es un servicio, no es un trabajo”, dijo la senadora.
Y añadió “quiero hacer un llamado a la Policía Nacional a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior, y a las autoridades locales, que se constituya un bloque permanente de lucha contra esas atrocidades. Que no dejemos descansar a esas personas que están atentando contra la vida de nuestros niños y que están convirtiendo a Colombia en un destino que atenta contra la vida y la integridad de nuestros niños”.