Luego de conocerse el comunicado de prensa del Ejército, en el que se asegura que presuntos uniformados de la institución habrían sido los responsables de increpar a varios habitantes de la vereda El Manso, zona rural de Tierralta, sur de Córdoba, el gobernador de ese departamento se pronunció en sus redes sociales.

El mandatario departamental, Orlando Benítez, cuestionó a la fuerza pública y formuló una serie de preguntas, exigiendo claridad con lo sucedido.

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, cuestionó al Ejército. | Foto: api

“El comunicado del ejército sobre los hechos ocurridos en Tierralta, Córdoba, el 11 de septiembre, aceptando la posibilidad que sean miembros del Ejército los que violentaron y amedrentaron a la población, generan más dudas que respuestas: ¿por qué lo hicieron? ¿Quién dio la orden? ¿Con qué fin? ¿Quiénes son realmente?”, escribió Benítez en su cuenta de X, antiguo Twitter.

Y añadió: “Enorme daño a la imagen de la fuerza pública, a la institucionalidad y a los anhelos de paz territorial”.

Sobre las 9:00 a. m. de este miércoles 13 de septiembre, se tiene prevista la realización de un consejo de seguridad en Montería, donde se determinarán acciones frente a lo sucedido.

¿Qué fue lo que pasó?

Hasta la vereda El Manso, ubicada en el municipio de Tierralta, llegó un grupo de uniformados, que en un acto irracional intimidó a campesinos, mujeres con bebés en brazos; incluso, niños presenciaron el hecho.

Los afectados captaron en video el hecho, que ha causado indignación y rechazo entre los habitantes de Córdoba y las autoridades. Este ataque, según denunciaron, habría sido perpetrado por hombres del Ejército.

Militares disfrazados de guerrilleros intimidaron a una población civil en Tierralta, Córdoba. | Foto: Semana

En la grabación se observa cómo uniformados maltratan verbalmente a los habitantes de la vereda El Manso e incluso a varios de ellos los amenazan con dispararles, poniéndoles las armas en la cabeza. Ante esta situación, algunas mujeres decidieron enfrentarlos y exigirles respeto.

“En estos momentos no me siento libre, ustedes nos apuntan con esas armas a la cara y nosotros no estamos haciendo nada. Ustedes saben que si nos vamos a la Constitución eso no se puede hacer, eso es violación de derechos humanos”, se escucha decir a uno los lugareños.

Enseguida, una mujer, evidentemente molesta, les exige a los sujetos que digan a qué grupo armado pertenecen y les pregunta: “¿Por qué nos atropella?”. Ante los reclamos, uno de los hombres carga su arma y camina apuntando hacia la mujer.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros que no tenemos cómo defendernos”, dijo la mujer, mientras al fondo se escucha el llanto de varios menores de edad, quienes están atemorizados.

En la grabación, cuya duración es de 4 minutos y 14 segundos, se muestra a la comunidad acorralada en un quiosco, mientras los uniformados les apuntan con sus fusiles e intimidan.

Tras conocerse esta situación, Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, afirmó inicialmente que los presuntos responsables de este hecho serían integrantes del quinto frente de las disidencias de las Farc y por ello le exigió “al Gobierno nacional plenas garantías para nuestro territorio en el marco de la estrategia de la ‘paz total’”.

Mujer se enfrenta a hombres armados en Tierralta, Córdoba. | Foto: Captura de video.

“Siempre he defendido la posición que se debe propender por la paz, pero con total acompañamiento de la institucionalidad por la seguridad, libertad, orden y convivencia. La ‘paz total’ no puede construirse sin garantías de protección para nuestra gente”, sostuvo en ese momento el gobernador Benítez.

Sin embargo, luego se conoció que no fueron disidencias, sino hombres del Ejército.

Así mismo, les hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre “las acciones necesarias para proteger las vidas de los ciudadanos intimidados, la tranquilidad de la región y blindar el proceso electoral para que se garantice el derecho a elegir”.