A pesar que la Corte Constitucional tumbó varios decretos ordenados durante el Estado de emergencia en la Guajira por el gobierno de Gustavo Petro, algunos líderes indígenas reconocen la gestión del jefe de estado para beneficiar a las comunidades de ese departamento.
“Lastimosamente no lo han dejado trabajar como queremos. Yo sé que él tiene una visión de una Guajira con unas vías de mejor acceso, mejor infraestructura de escuelas, energía porque no tenemos energía, no nos han dando la importancia que tenemos. Eso es el vivir sabroso, como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez, pero el vivir sabroso parece que solo es un eslogan porque nosotros no hemos empezado a vivir sabroso en el pueblo Wayúu”, dice María de los Ángeles Ávila, autoridad Wayúu.
Para la vocera de esa comunidad, en los últimos años, los gobiernos se han dedicado a impartir sentencias pero no hay avances. “Han sido pura reuniones, pero como tal no hay actuación”. Destacó que el presidente Petro despachó desde La Guajira durante una semana, pero exige contundencia para enfrentar los desafíos en materia de salud, seguridad alimentaria, vías, educación, entre otras.
“El presidente Petro es el único que ha volteado la vista hacia el pueblo indígena en general. Estamos prestos para poder avanzar en este proceso”, reiteró Ávila.
Para María de los Ángeles el Gobierno debe conversar directamente con las autoridades étnicas del departamento para establecer acciones más enfáticas que permitan resolver sus necesidades.
“Yo le digo al presidente Gustavo Petro que trabaje con todas aquellas personas que realmente quieren el bienestar del pueblo Wayúu. La idea es que el Gobierno trabaje directamente con las comunidades genuinas de los diferentes territorios”.
Una opinión similar comparte Guillermo Camargo, vocero de la comunidad Copoyomana, ubicada en Riohacha.
“No es que sea el presidente del momento, pero ha estado más presente, más vinculado con las comunidades indígenas. Lastimosamente los recursos han llegado pero son insuficientes para subsanar de todos los puntos que tienen que ver con salud, educación, vivienda vías, etc. El Gobierno ha estado en territorio pero falta más participación”, destacó Camargo.
Hallazgos de la Controlaría
María de los Ángeles y Guillermo se refirieron a los hallazgos denunciados por la Contraloría que reveló un incumplimiento del estado con la sentencia T-302.
En el año 2017, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-302 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el departamento de La Guajira.
Por consiguiente, el Alto Tribunal ordenó que las instituciones del Estado debían trabajar de manera articulada para atender a la población wayuu y garantizar sus derechos fundamentales en materia de salud, agua potable, alimentación y la seguridad alimentaria de los niños y niñas de los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y el Distrito de Riohacha.
Seis años después, la Contraloría General de la Nación alertó que dicho fallo no se ha cumplido.
“Nosotros iniciamos, como ordena la corte, un proceso de seguimiento para saber si las entidades realizaron o no unos planes específicos para atender de manera directa a la población. Encontramos que, pese a existir planes, la Contraloría advirtió que no existen presupuestos para atender esos planes”, dijo Carlos Mario Zuluaga Pardo, vicecontralor con funciones de contralor general.
En palabras más sencillas, la Contraloría alertó que las 42 entidades competentes no están acatando las instrucciones establecidas en el fallo. Cada una de las instituciones debía trabajar articuladamente pero, según el órgano de control, no fue así.
“La mayoría de entidades desconocen su participación dentro de la sentencia “, reiteró Paola Aguirre, contralora para la inclusión social.