Después de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado mes de junio al departamento de La Guajira y tras decretar el 2 de julio la emergencia económica y social en ese departamento, se emitió un nuevo decreto –el número 1250– en el que se adoptan medidas en materia de agua potable y saneamiento básico.
Ese punto era uno de los principales objetivos del decreto inicial y una de las causas fundamentales de haber declarado la emergencia, pues en la zona no son beneficiados con el vital líquido, que para la actualidad es un derecho al que deberían acceder todos los colombianos en cualquier región del país.
“Se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la emergencia social, económica y ecológica que afecta a esa región, por causa de la grave crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en Sentencia T-302 del 8 de mayo de 2017, y que se estructura, fundamentalmente, en la falta de acceso a servicios básicos vitales, materializada en causas múltiples, tales como: la escasez de agua potable para el consumo humano”, se mencionó en ese momento.
Ahora, con el Decreto 1250, con el fin de que se adopten de inmediato las medidas para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio será el encargado de cumplir las funciones otorgadas al Instituto del Agua de La Guajira.
Por lo anterior, será el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio desde donde, de manera coordinada, concurrente, complementaria y subsidiaria con las respectivas entidades territoriales y pueblos indígenas y afrodescendientes, se ejercerá la competencia funcional necesaria para garantizar el acceso al agua y saneamiento básico mediante servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
“Para los efectos del presente decreto, se determina que el proyecto multipropósito del río Ranchería es un activo estratégico para garantizar el acceso al agua potable para el consumo humano. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la entidad que asuma tal función, garantizará la administración, operación y mantenimiento de los componentes del proyecto que permitan asegurar el acceso al agua potable”, se lee en la decisión.
Asimismo, señala que en aquellos sitios donde no se pueda asegurar el acceso al agua mediante la prestación del servicio público de acueducto, el ministerio –en concurrencia con las entidades del orden nacional competentes– podrá garantizar el acceso al agua de los habitantes mediante medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsables, entre otros.
“Los medios alternos de aprovisionamiento o abastecimiento serán coordinados por las entidades territoriales y étnicas, el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico (PDA) y/o el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con las personas prestadoras o las comunidades organizadas de su jurisdicción”, anota el decreto.
De acuerdo con lo establecido, también las autoridades ambientales del departamento de La Guajira deberán priorizar y dar trámite inmediato a las solicitudes de permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, cuando los proyectos así lo requieran.
“Para tal efecto, se reducirán a una tercera parte en lo que corresponde a la etapa del procedimiento administrativo cuyo trámite está a cargo de las autoridades ambientales competentes, garantizando los términos de ley de los principios de publicidad y contradicción de las actuaciones administrativas y en ningún caso se reducirán los estándares de control y manejo del recurso hídrico”, señalan desde el Gobierno nacional en el texto del decreto.